Con la sanción de una ley, el Estado argentino recuperó el miércoles la administración del sistema de ferrocarriles de carga y pasajeros privatizado en la década del 90.

El Senado aprobó con 53 votos a favor y dos en contra la iniciativa impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández, la que ya contaba con el respaldo de parte de la Cámara de Diputados.

En los hechos, el Estado ya había recuperado el control de la mayoría de los tramos ferroviarios del país a causa del incumplimiento en la prestación del servicio de las empresas que los controlaban.

La nueva ley declara de "interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria e incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a su modernización". Con ese fin se crea la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.

La norma habilita para "desafectar bienes, rescatar, reconvenir o renegociar contratos de concesión suscriptos".

Si bien la mayor parte de la oposición votó a favor de la iniciativa, el líder del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, recordó que el Gobierno se ocupó del servicio de trenes tras un trágico accidente en 2012, en el que perdieron la vida 52 personas cuando un convoy chocó.

mgonzalezt@mediosregionales.cl

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), uno de los entes fiscalizadores de Brasil, declaró que el Gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff cometió un "delito de responsabilidad" fiscal al usar recursos de bancos públicos para inflar sus resultados y mejorar las cuentas del Estado.

"No hay duda. Hay un incumplimiento de la ley. Un banco público no puede prestar dinero al Gobierno", afirmó el relator del proceso en el TCU, Jose Múcio, a los medios locales.

De acuerdo con el tribunal, entre 2013 y 2014 el Gobierno de Rousseff atrasó "sistemáticamente" el envío de recursos a las entidades públicas Caixa Económica Federal, Banco do Brasil y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), unas cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales.

En la práctica, esas instituciones realizaron préstamos al Estado, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, según explicó el TCU, que calcula que más de 40 mil millones de reales (US$ 12.120 millones) fueron "sacados" por el Gobierno de las cuentas de los bancos públicos. "No creo en la mala fe (por parte del Gobierno). En realidad, faltó dinero y se necesitaban pagar las cuentas", comentó Múcio.

El TCU determinó que el Tesoro brasileño pague los recursos debidos a los bancos públicos y aprobó una audiencia con los supuestos implicados en el caso conocido como "pedaleadas fiscales". Los 17 gestores citados tendrán 30 días para justificar las prácticas identificadas por el tribunal, consideradas ilegales.

Entre las personas que deberán ofrecer explicaciones se encuentra el presidente del Banco Central, Alexandre Tombini; el ex ministro de Hacienda, Guido Mantega, y los titulares de Planificación, Nelson Barbosa, y de Trabajo, Manoel Dias, entre otros.

El fiscal general del Banco Central, Isaac Ferreira, minimizó la decisión de la corte de escuchar a representantes de la entidad: "No hay ninguna investigación deflagrada, hay un mero pedido de esclarecimiento. Eso es usual".

El posicionamiento del TCU fortalece a la oposición, que, según medios locales, podría usar este episodio como argumento para abrir un proceso de destitución contra Rousseff.

La declaración del tribunal ocurrió el miércoles, mismo día en que el tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, fue detenido por su vínculo con el caso Petrobras. Ambas noticias castigan aún más a un Gobierno debilitado por una creciente crisis política.