Un monto de hasta 21 millones 500 mil pesos podrán recibir 208 profesores de la provincia de Osorno, luego de la aprobación de un proyecto que forma parte de la agenda corta acordada por el Gobierno con el Colegio de Profesores.

Se trata de un beneficio que a escala nacional beneficiará a 10.331 docentes que hayan cumplido 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el caso de los hombres, que pertenezcan a una dotación del sector municipal o del Sistema de Administración Delegada (SAD) y que presenten este año su renuncia voluntaria e irrevocable al sector.

El monto que recibirá cada profesor depende de las horas de contrato y los años de servicio, por lo cual el monto máximo en efectivo al momento de finalizar la etapa laboral es de $21.500.000, y corresponde a quienes poseen entre 37 y 44 horas semanales en su contrato. De ahí para abajo el bono irá disminuyendo.

La iniciativa fue calificada como "un triunfo" por el Colegio de Profesores, por tratarse de una sentida demanda.

Según los cálculos del gobierno, si los 10 mil profesores considerados para este incentivo optaran al beneficio se traduciría en un gasto de $183 mil millones, montos que serán financiados en un 65% con dineros estatales directos y el 35% restante por los sostenedores.

Si bien la medida ha sido tomada positivamente por los sectores beneficiados, también ha generado una fuerte crítica por parte de quienes trabajan en el sector particular subvencionado, ya que estos profesores no son considerados en el beneficio.

La principal queja es que la medida se extendió este año a los colegios del sistema SAD -que en el fondo son privados- y no al sector subvencionado, con lo cual se estaría discriminando a unos 2.500 docentes del país, sin una razón jurídica de peso.

Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, planteó que "el Estado no entrega beneficios de retiro para los millones de trabajadores (del sistema privado) en Chile y por tanto este no podría ser el caso".

El reclamo e interrogante del sector excluido tiene lógica: si acaso su labor no reviste la misma importancia que la realizada por quienes se desempeñan en el sector municipalizado.

La naturaleza y su impredecible comportamiento sobre el territorio nos recuerdan que tenemos una deuda pendiente con nuestro país, al no exigir adecuadas políticas públicas integrales para enfrentar las catástrofes que nos golpean. En el terremoto de Chillán en el año 1939, se demostró que al tener una catástrofe de tal magnitud se presentó una oportunidad de modernizar, organizar y preparar nuestras instituciones a través de la creación de nuevas Leyes y Reglamentos de construcción más exigentes. En ese momento, las autoridades de la época crearon las Corporaciones de Reconstrucción y Auxilio junto a la Corfo. Así es como se originaron en el país Planes reguladores, Oficina de Emergencia (Onemi) y las Normas Chilenas de Construcciones Sísmicas.

Los terremotos posteriores, han sido oportunidad para probar estas Leyes. Por ello, después del 27 de febrero, somos uno de los países que cuenta Normativa sísmica de excelencia. Pero a la vez, se evidenció una falta de Normativas de uso de suelos en zonas de riesgos costeras; azotadas por tsunamis. Por este motivo se realizaron obras paliativas para evitar que estas sean urbanizadas.

Hoy, con la gran destrucción de las ciudades en el norte nos encontramos con resultados negativos que nos muestran la falta prevención de otros riesgos en el territorio. Por ello es necesario mejorar los protocolos y regular las construcciones en zonas de riegos y realizar obras de mitigación para los desbordes de ríos y aluviones.

El país necesita políticas públicas que ayuden a gestionar los riesgos territoriales. Es el momento de generar grandes cambios con una nueva institucionalidad, mejorando protocolos y haciendo modificaciones en la normativa nacional urbana que regulen las zonas de riesgos como tsunami, erupciones, aluviones, desborde ríos, incendios forestales, terremotos a los que está expuesto nuestro país.

El estado es responsable de su territorio y los riesgos que existen. Por ello, estos fenómenos son una oportunidad para coordinar y actuar frente a las catástrofes que nos abaten. El crecimiento acelerado de las áreas urbanizadas nos ha superado y el desarrollo planificado lo hemos abandonado como país con acciones cortoplacistas derivadas de las urgencias y las imprevisiones.

Por ello, para enfrentar el cambio climático y las posibles catástrofes que podría provocar, necesitamos políticas públicas que ayuden a mejorar la planificación de las ciudades.

Carolina Báez Curuchet