Los desastres naturales que se han sucedido en distintos puntos del país han provocado la pérdida de vidas humanas, daños a la propiedad y deterioro de la biodiversidad. Los incendios, aluviones y erupciones volcánicas nos han demostrado el poder destructor de la naturaleza y nos obligan hoy a repensar la estrategia a seguir frente a nuevos episodios de alta probabilidad futura. ¿Se seguirá actuando de manera reparatoria, hablando de reconstrucción; de restauración; de medidas paliativas y de responsabilidades por omisión de las autoridades? Me parece que no es el camino, o por lo menos no el único, porque aquí lo fundamental es accionar de forma anticipativa a los hechos. Esta manera de actuar a priori debe ser preferida con mucho a aquella que se aplica ex-post, y este país tiene hoy la gran oportunidad de ponerlo en práctica.
Está muy bien que tengamos una institucionalidad ambiental, una ley de bases que norma estas materias, y tribunales con jueces especializados, sin embargo nada de eso tiene mucho sentido si es que las autoridades no comprenden que paralelamente y con urgencia debe iniciarse un trabajo concienzudo y de alto nivel profesional, que aborde la territorialización de los riesgos naturales. Es fundamental comprender que no existe normativa ni política ambiental en el mundo que no tenga una finalidad preventiva.
Se trata de una tarea difícil, pues implica adquirir un conocimiento pormenorizado de nuestras características topográficas e hidrográficas -únicas en el mundo- utilizando todo el rigor científico para la identificación y clasificación de zonas sometidas a riesgos, transfiriendo luego esta información a planes, programas y normas que permitan un actuar oportuno, previa socialización de los resultados con la ciudadanía. En el ámbito jurídico es un principio conocido aquel que señala que pierde validez el derecho que no es reflejo de la realidad fáctica. Pues bien, con seguridad tendremos una normativa legal deficiente si esta hace oídos sordos a lo que acontece a nuestro alrededor.
La labor será ardua, pues requiere de profesionales calificados con asiento permanente en regiones, de la organización y coordinación de autoridades a nivel central, regional y provincial. Además, se deberá dotar a instituciones como la Onemi de atribuciones y recursos suficientes, con una estructura de trabajo planificada. Todo esto exige altos niveles de inversión y de voluntad política. Estamos hablando de una prioridad nacional. La consigna debe ser entonces menos improvisación y más Prevención, con mayúscula.
Pablo Saint-Jean