Éste ha sido denominado el año de la Educación Pública, porque se deben establecer bases sólidas para que el sistema retome un camino que jamás debió perder al ser privatizado.
La reforma tiene dos grandes ejes que generarán los cambios necesarios para ello: una política docente que efectivamente dé garantías para un trabajo de calidad y la desmunicipalización: y en ambos temas los profesores tenemos bastante que decir pues nos afectarán directamente y por mucho tiempo.
Nuestra urgente preocupación es el Plan Nacional Docente, que contempla la Nueva Carrera Profesional y que debe ser consensuada con el Colegio de la orden. Hasta ahora ya se han efectuado catorce reuniones con el Ministerio de Educación y no se logra acuerdo en varios aspectos que son intransables para el gremio:
El ingreso a ella y la universalidad de la carrera.
La política de remuneraciones (no se transparentan cifras ni se definen mecanismos para la finalización de la etapa activa).
El sistema de evaluación y progresión dentro de la misma. Se solicita la suspensión inmediata del actual instrumento hasta consensuar un nuevo modelo, que entregue reales oportunidades formativas y de desarrollo para los docentes. La propuesta estatal mantiene la calidad punitiva hacia los maestros.
La derogación absoluta e inmediata de la Ley 20.501 , generada en la desconfianza y cuya lógica respalda el concepto de empresa privada junto con el Art. 46-G .
Es necesario dejar instituidas las condiciones laborales tendientes a terminar definitivamente con el agobio. Esto tiene directa relación con el número de alumnos por curso y los tiempos para preparación de la enseñanza y perfeccionamiento dentro de la jornada de trabajo.
Los profesores deben expresarse, analizar, reflexionar, construir las propuestas y exigir que sean consideradas. No habrá educación pública de calidad sin docentes con un desarrollo y ejercicio profesional en plenitud y bienestar. Estamos alertas, y para dar cuenta de ello nos movilizaremos el día 9 de abril por una Carrera Profesional Docente universal y garantizada por el Estado.
Elba Vargas Fuentes