Es cierto; a esta hora, hoy y también mañana, el accionar público y político está y estará en la lupa ciudadana; y en la agenda noticiosa, en las redes sociales, en el humor, en el sarcasmo, en la crítica, en la protesta pero también en la propuesta.
Y es que el control social, ese que surge desde la voz de la gente, de la investigación de la prensa, del legítimo derecho a participar, a opinar con información, al levantar la mano y la voz, permite y garantiza el fortalecimiento de nuestra democracia y a la vez, que todos los sectores asuman hoy como desafío-país la transparencia y la probidad del Estado y también de los negocios.
Por ello hablamos de propuesta. Porque lo que condenamos, lo que aún está en los cálculos mezquinos de algunos, se transforma en una oportunidad para avanzar, construir, hacer historia. Y lo asumió la Presidenta Bachelet, liderando un proceso para que en Chile tengamos un marco regulatorio que separe el dinero de la política, y para que situaciones como las que hemos visto en los últimos meses no vuelvan a repetirse.
Pero lupa ciudadana y el control social no puede significar vivir eternamente bajo sospecha. Se trata de avanzar ahora y no mañana en una tarea en que cada ciudadano y ciudadana sea corresponsable.
El Gobierno ya inició avances. La semana pasada creó el consejo asesor presidencial que ya en 40 días generará un informe de propuestas que posteriormente irán a discusión al Parlamento. Por otro lado, ya está en el Congreso el proyecto de ley que aumenta los estándares de transparencia respecto de la forma en la que se financia la actividad política; mientras que antes del 15 de abril será presentada una iniciativa que fortalece el Servicio Electoral.
Al mismo tiempo, la Presidenta ha comprometido impulsar una reforma constitucional para que los mandatarios, los representantes de los ciudadanos electos democráticamente, que no cumplan con la ley, pierdan su cargo. También ha señalado que se va a modificar y a hacer más estricta toda la regulación respecto de la declaración de intereses y patrimonio.
Y en el ámbito de los negocios, sólo esta semana el Gobierno presentó a tramitación parlamentaria el proyecto de ley que establece un marco institucional muy estricto para fortalecer la libre competencia y evitar las prácticas de colusión que tanto han dañado a las familias chilenas.
Francisco Reyes Castro