El Gobierno impulsará una reforma constitucional para que aquellos parlamentarios que incurran en algún tipo de ilegalidad pierdan su escaño en el Congreso, dijo ayer el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde.

Actualmente no existen causales legales que permitan la destitución de senadores ni diputados.

"Esto que los representantes de los ciudadanos electos democráticamente que no cumplan con la normativa pierdan su cargo como una forma de establecer una sanción que sea drástica respecto de este tipo de conductas para evitar que se vuelvan a repetir en el futuro", dijo Elizalde citado por la agencia EFE.

El vocero de La Moneda informó también que antes de un mes se enviará una reforma al Congreso que fortalezca las atribuciones del Servicio Electoral. "De aquí al 15 de abril se va a presentar el proyecto de ley que fortalece al Servicio Electoral, sus facultades fiscalizadoras, las herramientas que tiene no solo para fiscalizar las elecciones, sino que también a los partidos políticos", afirmó el secretario de Estado.

El titular de la Segegob recordó que ya se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley que hace más restrictivas las normas de financiamiento de las campañas.

También se hará más estricta la regulación respecto de la declaración de intereses y patrimonios, sostuvo el ministro. "Nuestra democracia requiere de un marco regulatorio muy estricto para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse", afirmó Elizalde.

contra la colusión

Junto con la ofensiva en el campo político, La Moneda insistirá en la agenda "contra los abusos", pues mañana la Presidenta Bachelet presentará un proyecto de ley para endurecer la legislación de libre competencia para enfrentar casos que tengan relación con el precio de los productos.

El proyecto de ley busca reponer las penas de cárcel para los casos de colusión y establecería entre cinco y 10 años de prisión para los culpables de este delito.

"Hemos sabido de casos graves que ya no podemos seguir tolerando. Creo que hay una buena disposición para cambiar nuestra legislación en ese sentido", explicó el diputado (DC) Fuad Chahín a radio ADN.

Algunos de los episodios más polémicos en este tipo de prácticas se han conocido en la colusión de las farmacias, el aumento de precio en buses interurbanos y la colusión en productores de pollo.

La Moneda reactivó una agenda de este tipo luego de varios escándalos como el caso Penta o el caso Caval, que han salpicado también al Gobierno al conocerse el millonario negocio inmobiliario en que participó el hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, junto a su esposa. Los casos Penta y Caval no solo remecieron la política, sino que también llevaron al Gobierno a crear un Consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción.

Sin riesgo de inhibiciones de ningún tipo. Ese será uno de los fundamentos del trabajo del Consejo asesor contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción, según relató ayer su presidente, el economista Eduardo Engel.

Al participar en el programa Estadio Nacional (TVN), Engel se refirió de esa manera a la posibilidad de los comisionados deban lidiar con temas como el conflicto de interés o las implicancias del caso Caval, que afecta al hijo y la nuera de la Presidenta Bachelet.

El académico explicó que "uno de los tres grandes temas que nos plantea la Presidenta en su mandato es el tema del conflicto de interés y eso traspasa el sector privado, el público e interacciones entre los dos sectores".

propuestas

Engel agregó en su participación en el programa que "el consejo puede hacer propuestas impopulares". Como ejemplo, subrayó que "para terminar con que los políticos se arrimen a los empresarios es indispensable que el Estado financie la política".

En su análisis, agregó que en la actualidad los partidos "no reciben un peso del Estado, todo es privado y eso no es bueno para el país. La corrupción, el populismo, que solo los ricos financien a la política es mucho más caro".

Contra la entrega de esos recursos de parte del Estado, agregó, se debe exigir "transparencia" en el funcionamiento de los partidos políticos y la exigencia de que esos recursos se gasten donde es debido.

También planteó que para una adecuada fiscalización de estas y otras materias, se hace necesario "un Servel nuevo, muy distinto, con muchos más recursos, profesional, con autonomía. Es todo un desafío, pero eso es clave, sino lo hacemos vamos a tener una escándalo aún mayor en tres o cuatro años más".

Al ser requerido sobre si existe riesgo de que el panel decida inhibirse en alguna materia, debido a que el conflicto de interés golpeó directo a la Presidenta, a través de la polémica que afecta a su hijo y su nuera por una millonaria compra de terrenos en Machalí, Engel lo descartó de plano.

"No hay ningún riesgo de inhibirnos de nada, la Presidenta fue muy clara que nosotros ponemos todos los temas que queramos tomar. Ahora lo habitual en todo el mundo es que este tipo de situaciones de las cuales nace esta reforma son luego de una gran crisis, cuál es la crisis, varía de un país a otro, este tipo de reformas no sucede cuando no hay crisis", sostuvo el presidente del consejo.

Para Chile, añadió Engel, el tema es qué va a suceder en las próximas semanas y meses sobre si aprendemos las lecciones que tenemos que aprender, si legislamos, si regulamos para que esto no vuelva a suceder o si nos quedamos en nada".

El titular de la comisión nombrada por la Presidenta Bachelet afirmó que existe un diagnóstico "muy claro de por qué pasó esto que el Servicio Electoral nunca tuvo las atribuciones y los recursos para fiscalizar. Lo que está sucediendo, los problemas y los escándalos en términos de financiamiento a la política, no son una sorpresa. El Servel no es capaz de fiscalizar, nos hemos enterado de estos escándalos no por Servel, sino porque SII hizo su labor", afirmó.

Después de que el sábado la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones ratificara la prisión preventiva para los controladores de Penta Carlos Délano y Carlos Lavín, el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y el ex fiscalizador del SII Iván Álvarez, familiares y amigos llegaron ayer de visita hasta el Anexo Capitán Yáber. Los familiares de los imputados evitaron hacer declaraciones. Gonzalo Montes, amigo de Délano y Lavín, dijo a radio Cooperativa que la prisión preventiva "le parece injusta".

Mauricio Mondaca