Aportes reservados a la política "en la mira"
La explosión del caso Penta abrió la polémica en torno a los aportes reservados de empresas hacia las candidaturas e incluso en la Cámara de Diputados se han presentado algunas indicaciones a la norma para eliminarlos de la legislación.
El tema de los aportes privados en las campañas electorales no es nuevo y un gran avance logrado es que esas cantidades sean transparentadas, con el objetivo de reducir la posibilidad de desvíos de dinero irregulares o provenientes de actividades ilícitas. La ley Nº 19.884, que regula el proceso, establece un mecanismo que busca asegurar la privacidad de la entrega de dinero, a través de la realización de un depósito en BancoEstado en la cuenta del Servicio Electoral, que a su vez hace llegar los aportes a candidatos o partidos. Si bien éstos reciben las cantidades, los favorecidos ignoran -en teoría- quiénes han hecho los aportes.
No hay que perder de vista que lo que se juzga por estos días en los tribunales es el presunto fraude fiscal perpetrado por Penta y no los aportes reservados a la política, que no son un delito, sino que están regulados por la mencionada ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. El fundamento detrás del mantenimiento del anonimato en estos aportes es que está teóricamente destinado a evitar la "compra" de favores políticos a cambio de fondos para campaña electorales.
El año pasado se informó que los aportes reservados totalizaron 520 millones de pesos, entregados a las candidaturas con el compromiso, de acuerdo a la ley electoral, que la identidad de la organización o persona contribuyente se mantenga en reserva.
Los cuestionamientos a los aportes reservados provienen del terreno ético. Esta falta de transparencia es cuestionada, puesto que se presume que los candidatos en realidad sí saben de dónde provienen los fondos, mientras que la ciudadanía lo ignora. Asimismo, el tema de fondo es que se pone en tela de juicio el hecho de que sea el dinero el recurso más importante para dirimir una contienda electoral, al punto de que se incurre en delito, como emitir boletas falsas, a cambio de obtener este tipo de fondos.