La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) confirmó ayer que el Gobierno hará "consultas formales" a Ecuador a través de una nota en la que solicita antecedentes que fundamenten la aplicación de una sobretasa arancelaria que ha sido muy criticada por el agro y el sector exportador.

La Direcon dijo ayer que inició un catastro de los productos y sectores que serían afectados por la fijación unilateral arancelaria que entra en vigencia hoy. De acuerdo a esa dirección, se trata de 646 productos que podrían verse afectados de un total de 1.161 que se exportaron en 2014 a ese país, lo que representa el 60,2% de las exportaciones nacionales, que alcanzan US$ 508 millones.

El viernes pasado, el Ministerio de Comercio de Ecuador anunció una salvaguardia general arancelaria con sobretasas de 5%, 15%, 25% y 45% que afectarían a 2.800 partidas (de un total de 6.000). Los sectores más comprometidos serían frutas frescas, preparaciones alimenticias, maderas, vinos y licores y manufacturas. En promedio, el arancel de esta medida llegaría a 21,5% y el costo total alcanzaría a US$ 109,3 millones, según datos de la Direcon.

Al rechazo a esta medida expresado el martes por la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex) se sumó ayer la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta).

El presidente del gremio, Juan Carolus Brown, afirmó que si Ecuador no respeta los acuerdos comerciales vigentes, como el Acuerdo de Complementación Económica, que según la entidad deja exentas de arancel a las frutas, Chile debería responder con reciprocidad. "Una medida equivalente de nuestro país sería gravar la importación de plátanos o flores desde Ecuador", añadió.

De acuerdo a las cifras que maneja Fedefruta, el comercio entre Chile y Ecuador llega a US$ 80 millones por temporada de fruta.

"Valoramos que el Gobierno chileno, a través de Direcon, reaccione respecto de este incidente, ya que no es la primera vez que Ecuador restringe de forma unilateral el comercio exterior", afirmó Brown. El máximo directivo de Fedefruta agregó que el sector frutícola nacional "no entiende" adoptada por Quito, que afecta a especialmente proveedores y la población local, en especial si el 90% de las manzanas en ese mercado provienen de Chile.

Los líderes de las principales agrupaciones empresariales del país rechazaron ayer en duros términos el fallo del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos que ordenó demoler la pared principal del tranque de relaves El Mauro, luego que se considerara insatisfactoria la solución planteada por la Minera Los Pelambres.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, condenó la resolución y la tildó de "aberración".

"Ese es un tema que a nosotros nos preocupa enormemente. La empresa tiene todas las resoluciones ambientales, tiene todas las aprobaciones. Ha cumplido en norma estricta con la legislación", dijo Santa Cruz.

"Esta aberración de decir que hay que derribar el tranque (...) ¿alguien se imagina lo que es derribar el tranque y el daño ecológico y a todo el mundo que afecta? Creo que estamos en presencia de algo insólito, por decirlo menos (...) La empresa ha cumplido aquí con toda la normativa", enfatizó el dirigente gremial.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, recalcó que la industria minera "respeta los fallos de la justicia", pero "no compartimos, porque no hay Los Pelambres sin el tranque El Mauro".

"La empresa va a ha hacer todas las acciones legales que le correspondan para poder entregar los antecedentes que permitan seguir operando", advirtió Salas.

Desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) se sumaron a las críticas al fallo del juzgado de Los Vilos.

"Respetamos la autonomía del Poder Judicial, pero no compartimos el criterio utilizado. La empresa cuenta con todos sus permisos ambientales aprobados y vigentes, por lo que no existe ninguna justificación para exigir una medida tan radical como demoler el tranque, lo que en la práctica significa paralizar el funcionamiento de la mina", comentó el presidente de ese gremio, Hermann von Mühlenbrock.

De acuerdo al directivo, el fallo "deteriora la institucionalidad ambiental, ya que le quita toda validez y resguardo a los permisos que esta otorga para el desarrollo y funcionamiento de los proyectos. No puede haber progreso y desarrollo si no existe la certeza jurídica mínima para operar".

institucionalidad

Desde el Gobierno, la ministra de Minería, Aurora Williams, enfatizó que la resolución implica "fortalecer la institucionalidad". "La minera efectivamente fue realizando los trámites que corresponden, pero un tema importante es la participación de las comunidades y desde ese punto (de vista) nuestra institucionalidad define un marco de acción, pero que es un mínimo. Ese es un ámbito que debe trabajarse", comentó la titular de Minería.

Aunque la secretaria de Estado destacó que no se referirá en específico a la resolución, aseguró que la medida es compleja. "Es un tema difícil, que conlleva un elemento relacionado con la seguridad, tanto para la estructura como para las personas", dijo.