El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Aníbal Fernández, cuestionó ayer la decisión de Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman y querellante en la causa para investigar su muerte, de frenar el peritaje de los teléfonos celulares y el computador del fiscal. "Hay que analizarlo", exigió Fernández ante medios de comunicación a la entrada de la Casa de Gobierno.

Arroyo Salgado pidió a la fiscal que investiga la muerte de Nisman, Viviana Fein, paralizar esta pericia por una cuestión de privacidad.

"Con ese mismo criterio, para respetar lo que dice la ley judía, no se debería haber hecho la autopsia", destacó el jefe de Gabinete citado por la agencia EFE.

Aníbal Fernández volvió a apuntar sobre Diego Lagomarsino, el técnico informático imputado por haberle prestado a Nisman el arma que le ocasionó la muerte, al señalar que pudo haber sido él quien activó el computador del fiscal la mañana del domingo "a través de un programa troyano, con el que se puede entrar al computador en forma remota".

Fernández calificó de "torpeza" la versión que indicaba que el Gobierno negocia un "pacto" con jueces hasta el final de la gestión de Fernández.

"Me parece una torpeza. Hay muchísimo jueces y fiscales que han hecho un trabajo encomiable y que merecen tenerles respeto y consideración y hacerles un reconocimiento", afirmó el funcionario, y cuestionó al "grupo chico (de jueces y fiscales) que se destaca por querer jugar a la política y tratar de gobernar".

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El Gobierno de Estados Unidos impuso ayer sanciones a siete funcionarios venezolanos, presuntamente culpables de violaciones de derechos humanos y de corrupción en su país, anunció la Casa Blanca. A los afectados se les bloquearán o congelarán las propiedades y cuentas bancarias en Estados Unidos y se les prohibirá la entrada al país. También se prohibirá a los estadounidenses que hagan negocios con ellos.

El Presidente Barack Obama declaró la "emergencia nacional" para enfrentar la situación de Venezuela, que considera una "amenaza a la seguridad nacional".

Según Obama la situación en ese país "constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".

los afectados

Las sanciones recayeron en el comandante Antonio José Benavides Torres, comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); el director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González López; el ex comandante Justo José Noguera Pietri; la fiscal Katherine Haringhton Padron; el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez Urdaneta; el jefe de brigada Manuel Bernal Martínez y el inspector general de las Fuerzas Armadas, Miguel Vivas Landino.

En la práctica, las sanciones ponen a Venezuela como el primer adversario ideológico de Estados Unidos en el continente, sitial que hasta hace poco y durante décadas ostentó Cuba.

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela había programado una conferencia de prensa ayer para profundizar sobre las sanciones, la canciller Delcy Rodríguez se limitó a decir que "pronto" responderán a las medidas de la Casa Blanca.

Rodríguez anunció que llamaron a consulta "inmediata" a su funcionario de mayor rango en Estados Unidos, el encargado de negocios Maximilien Sánchez.

La Casa Blanca responsabiliza a estos funcionarios de violar los derechos humanos al reprimir las protestas callejeras que dejaron 43 muertes en el año pasado.

La canciller Rodríguez dijo a la agencia AP que Caracas "insistirá en relaciones de respeto y de igualdad soberana entre los países".

El secretario de Tesoro estadounidense, Jacob Lew, comentó que "actos corruptos de los funcionarios venezolanos gubernamentales privan a Venezuela de recursos económicos que pudieran invertirse en la población venezolana y empleadas para generar crecimiento económico". Afirmó que esta acción ejecutiva "se usará para proteger al sistema financiero estadounidense de flujos financieros ilícitos provenientes de la corrupción pública en Venezuela".

presos políticos

Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, pidió al Gobierno de Venezuela a través de un comunicado que "libere a todos los prisioneros políticos, que incluyen a docenas de estudiantes, al líder de la oposición, Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma".