El caso Penta debe ser lo más parecido a la caja de Pandora que han visto los chilenos en el último tiempo. Al igual que ocurre con el funesto aparato de la mitología griega, este caso parece ocultar en su interior todos los males que padece nuestra institucionalidad política.

Así, lo que comenzó como una inofensiva investigación tributaria, amenaza ahora con acabar trizando los cimientos de la convivencia democrática.

No se trata sólo de habernos enterado de la captura de un partido político -la UDI- a manos de un holding empresarial; ni de haber escuchado con estupor algunas explicaciones penosas -Moreira, von Baer- más cercanas a una rutina humorística que al razonamiento ponderado que se espera de un parlamentario en ejercicio. No.

Tampoco se trata solamente de facturas emitidas por trabajos que nunca se realizaron o de planificaciones tributarias complejas, diseñadas por asesores especializados para burlar el pago de impuestos. No. Esto va mucho más allá y es bastante peor que todo eso.

Ocurre que durante mucho tiempo hemos venido escuchando un discurso que pone el acento en las bondades del tener y en la acumulación de los bienes materiales como pasaporte seguro a eso que describimos con la palabra felicidad: mientras más se tiene, más feliz se debería estar. El dinero resulta ser entonces lo fundamental y los medios para su obtención simples cuestiones accesorias. Con el dinero se compra el prestigio y se gana el poder. Nada más importa.

Esa manera de apreciar la realidad ha terminado por infectar transversalmente a la clase política, como lo probó el impresentable episodio del hijo de la presidenta. Pero también ha calado hondo en una sociedad civil alejada de la austeridad y las virtudes: si la corrupción y la impunidad llegaron a este punto, es porque muchos hemos consentido, de una u otra manera, que esto sucediera.

En este sentido, el caso Penta no es sólo un ejemplo de las formas opacas y retorcidas en que circula el poder del dinero. Es también, mal que nos pese, el reflejo desagradable de la comunidad en que ello tiene lugar.

La semana que finaliza el país ha sido testigo 'en vivo y en directo' de uno de los casos judiciales de mayor impacto en el país desde el regreso a la Democracia y que se prevé que marcará un antes y un después en la relación entre los actores empresariales y la política en Chile.

De forma casi inédita, los ciudadanos han observado masivamente por televisión y portales de internet- todas las alternativas del llamado caso Penta y sus múltiples aristas, lo que incluye la formalización realizada ayer y que incluyó la prisión preventiva para seis de los imputados por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos, entre otros.

En el marco de este proceso, se ha llegado incluso a tener acceso a los mensajes privados por WhatsApp que le llegaron a uno de los acusados por parte de un diputado, sin contar con la nueva lectura -línea por línea- de los incriminadores correos electrónicos utilizados por la fiscalía para argumentar sus puntos.

Ahora bien, el otro gran foco de atención de las últimas semanas ha sido el llamado Caso Caval, donde se ha investigado a la sociedad de la nuera de la Presidenta, poniendo sobre la mesa de la opinión pública todos los antecedentes posibles sobre el escándalo que remeció el verano y que obligó a la posterior renuncia a su cargo en La Moneda del hijo de la Mandataria y a los juicios valóricos que llegan hasta el día de hoy.

Ahora, más allá del morbo y los rencores políticos que siempre rodearán sucesos de este tipo, no deja de ser sintomáticamente sano que el país tenga acceso a esta información, a exigir transparencia de autoridades y privados, tal como la ley se la exige a cualquier chileno de a pie.

La honestidad, aquel valor no muy común en los tiempos que corren, vuelve a ser puesta a prueba con cada irregularidad, sospecha y asomo de denuncia.

Quizás por eso sea tan importante seguir insistiendo en la autoexigencia de transparentarlo todo, lo que pese a las heridas que pueda dejar, tanto bien le hace a nuestra sociedad.