Aproximadamente 57 mil personas viven en zonas rurales de la provincia de Osorno según los últimos datos poblacionales. Y un porcentaje significativo de ellos, aún enfrenta graves problemas sanitarios debido a que sólo cuentan con fosas sépticas o pozos negros, a pesar de formar parte de localidades con un significativo número de viviendas.

La situación genera un fuerte impacto en su calidad de vida, mientras los respectivos municipios deben enfrentarse a una dificultad burocrática: la complejidad de conseguir recursos para la instalación de alcantarillado en esos poblados, los que en algunos casos han debido esperar hasta 60 años para contar con este adelanto, considerado básico para las zonas urbanas.

Fueron los propios alcaldes de la provincia quienes -consultados por El Austral de Osorno- denunciaron que muchos proyectos son rechazados por no contar con la llamada "rentabilidad social", requisito para el financiamiento de los proyectos que funciona bajo la lógica que las obras deben generar más beneficio que pérdidas para la sociedad. Así, hoy en día las corporaciones edilicias dependen sólo de la acción de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y el Gobierno Regional, para lograr concretar los proyectos.

Por ello, los parlamentarios de la zona emplazaron al Gobierno a realizar modificaciones a los procedimientos y asignación de fondos para entregar soluciones sanitarias definitivas y poder construir alcantarillados rurales.

Avance en zonas rurales

En el caso de la provincia de Osorno, son alrededor de once mil las viviendas emplazadas en zonas rurales que no cuentan con este servicio.

Rabindranath Quinteros, senador (PS) por Los Lagos, explicó que si bien existen organismos que entregan recursos, es necesario generar mayores instancias y que los municipios aprendan a utilizar otras soluciones, no sólo alcantarillados.

"El país ha avanzado en el saneamiento sanitario urbano y evidentemente ahora corresponde hacerlo en las zonas rurales. Se tiene que avanzar a consolidar los sectores rurales con los mismos estándares que se aplican en la zona urbana", enfatizó el parlamentario.

El senador (UDI) Iván Moreira, señaló que el Gobierno debe hacer una fuerte inversión en materia de soluciones sanitarias en zonas rurales, principalmente porque está directamente relacionado con la dignidad de las personas.

Enfatizó que es deber del Ministerio de Desarrollo Social aplicar una mayor flexibilidad y realismo en las normas de evaluación que muchas veces son inalcanzables por los municipios.

"Estos proyectos ya cumplen un rol social primario y no se requiere que tengan que demostrarlo. La burocracia termina afectando la dignidad de muchos chilenos y eso debe cambiar con urgencia", explicó.

Más recursos

Felipe De Mussy, diputado (UDI) por el distrito 56, reconoce que el proceso es muy engorroso y que es necesario actualizar los procedimientos que realiza la Subdere para entregar las Resoluciones Satisfactorias (RS)- visto bueno que todo proyecto debe tener para poder acceder a recursos.

A su juicio, esa formula de aprobación para obtener fondos ha resultado muy bien en poblados urbanos pero no así en zonas rurales.

"Entregar grandes recursos que beneficie a grupos pequeños de personas es muy difícil. Se debe flexibilizar y simplificar el proceso para obtener fondos en materia de saneamiento sanitario", señaló De Mussy.

Javier Hernández, diputado (UDI) por el distrito 55, reconoce que se han enfrentado situaciones muy complejas en la provincia por proyectos que no obtienen los fondos necesarios y las personas permanecen viviendo en condiciones muy indignas.

Por eso, considera que la solución al problema pasa por que el Ministerio de Hacienda entregué más recursos, apuntando directamente a saneamiento en zonas rurales.

El también diputado por el distrito 55 (DC), Sergio Ojeda, considera que ningún gobierno ha podido resolver el problema sanitario que afecta a las zonas rurales. A su juicio, las personas que viven en esos sectores deben enfrentar la vida como se hacia a principios del siglo XX.

"Se debe crear un fondo especial para soluciones sanitarias. Así como el Ministerio de Obras Públicas asignó recursos millonarios para mejora de caminos rurales, se deben destinar fondos a construcción de alcantarillados rurales", dijo Ojeda.

Enfatizó que las normas que se aplican actualmente para aprobar recursos son muy complejas y poco accesibles por los municipios. Agrega que el alcantarillado rural ya cumple un rol social, "entonces no se debe probar que es rentable construirlo, ese es un error que se debe cambiar", recalcó.

Realidad rural

Rodrigo Uribe, jefe de la unidad regional de Subdere, señaló que es el Ministerio de Desarrollo Social es quien debe pronunciarse sobre la posibilidad de flexibilizar los criterios de evaluación sobre soluciones sanitarias.

"Nosotros como Subdere dependemos de lo que señala el Ministerio en relación a algunos proyectos. Todos los proyectos que superen las 5 mil UTM (215 millones aproximadamente) tienen que someterse a una recomendación técnica (RS). Si está bajo ese monto se puede financiar en forma directa", argumentó Uribe.

Precisó que entregar fondos a proyectos con RS, forma parte de una política pública de inversión a nivel nacional.

Alcantarillado Según los alcaldes los costos de instalar un alcantarillado superan por lejos los 500 millones de pesos.

Otras opciones En alguna zonas se instalan fosas comunitarias o filtros, pero se trata de soluciones que duran pocos años.

215

millones aproximadamente es la cantidad máxima que entrega Subdere sin necesidad de visto bueno (RS).

11

mil viviendas se ubican en zonas rurales de la provincia de Osorno, según cifras recientes de población.