El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó ayer que Chile "no promueve ni acepta acciones de espionaje en otros Estados ni en su propio territorio", en un comunicado que formalizó la postura de la diplomacia nacional ante un presunto caso de espionaje de marinos peruanos. Dichos funcionarios, según el Gobierno de Lima, habrían proporcionado información a favor de Chile acerca del estado de buques de guerra y sus ubicaciones.

El escrito entregado por la Cancillería sostiene que "ante la situación planteada en Perú en torno a una investigación sobre espionaje y respecto a la cual han emitido opinión las más altas autoridades de dicho país, el Gobierno de Chile señala que no promueve ni acepta acciones de espionaje en otros Estados ni en su propio territorio".

"Respecto de Perú, la voluntad de Chile es continuar el proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales, objetivo en el cual están empeñados los esfuerzos de ambos gobiernos. Nuestro país señala la voluntad de establecer una agenda de futuro con Perú, para lo cual tenemos la intención de seguir dando pasos de confianza mutua e integración", agregó el texto.

Previamente, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, había señalado que las informaciones emanadas desde Perú correspondían a "trascendidos de prensa".

"Las relaciones entre Chile y Perú pasan por un momento de fortalecimiento y ambos Gobiernos están comprometidos con dicho proceso", añadió el vocero de La Moneda.

investigación

El periódico peruano La Razón publicó ayer una serie de detalles acerca de la investigación que se lleva a cabo para comprobar las acusaciones en contra de los marinos involucrados.

Según la versión del medio, dos de los tres suboficiales acusados, identificados como Johnny Pilco y Alfredo Domínguez, hicieron entrega de las presuntas imágenes encriptadas "en los encuentros que sostuvieron con 'empresarios pesqueros italianos' en diferentes capitales de Latinoamérica".

El reporte asegura que dichos empresarios "fueron identificados por la contrainteligencia naval peruana como oficiales de la Armada".

El tercer suboficial, Alberto González, habría sostenido conversaciones "con miembros del espionaje chileno", pero aún no se comprueba si efectivamente entregó material.

El diario La Razón también publicó que el trabajo de los marinos acusados habría durado de dos a siete años. Uno de los que habría tenido mayor actividad es el suboficial Johnny Pilco, cuya operación habría durado de 2005 a 2007. Si bien la información de ese medio no indica el procedimiento utilizado supuestamente por el espionaje chileno para reclutar a los marinos, se estima que habrían realizado algunos viajes a destinos como Canadá, Bolivia, Chile, Brasil y Argentina para entregar las imágenes encriptadas y recibir pagos.

La Corte Suprema resolvió rechazar la solicitud de desafuero presentada en contra del senador (PPD) Eugenio Tuma en diciembre pasado, a raíz de la denuncia que interpuso su ex jefa de gabinete, Claudia López Molina.

La ex funcionaria del parlamentario acusó presuntas irregularidades en rendiciones de cuentas.

Según consigna SoyTemuco.cl, el senador reaccionó con tranquilidad tras conocer la resolución e indicó que valora la decisión adoptada por la instancia judicial.

"Con esta resolución se ratifica por segunda vez que este petición no tenía fundamentos. Siempre hemos confiado en la acción de la justicia y los organismos jurisdiccionales que permitieron esclarecer esta acusación que solo buscaba denostar mi trabajo de más de 20 años como parlamentario al servicio de la ciudadanía", manifestó el senador.

De acuerdo al testimonio de López Molina, el senador la habría injuriado en el marco de una investigación desformalizada por presunto fraude al fisco por medio de boletas de gastos que se rendían al Senado.

rechazo previo

La solicitud de desafuero ya había sido rechazada por unanimidad en la Corte de Apelaciones de Temuco, por "no existir ni haberse presentado oportunamente" una querella, en los términos que exige el Código Procesal Penal.

En ambas instancias la petición fue alegada por el abogado José Martínez en representación del senador.

Según el informe judicial, la sentencia íntegra será difundida en los próximos días.

antecedentes

El 28 de noviembre pasado, la PDI allanó la oficina parlamentaria de Tuma debido a una denuncia ingresada al Ministerio Público por una supuesta manipulación de antecedentes de los fondos entregados por el Congreso al parlamentario.

En una entrevista al diario La Segunda, la ex jefa de gabinete entregó detalles de la acusación. Según López, los gastos de las compras realizadas por la esposa del senador eran reintegrados por la Cámara Alta

La denuncia indica que el senador Tuma habría utilizado dineros con cargo al Congreso Nacional para supuestamente pagar un curso de inglés para él y su hija y que realizó una remodelación "fantasma" de su oficina.

"En una ocasión rendí gastos de apicultura y nunca hubo abejas. Llegaba con boletas y me decía 'esto se presenta al Senado'", declaró López.

La Sociedad Nacional de Agricultura, en conjunto con los gremios agrícolas y ganaderos de Los Ríos y Osorno, criticaron ayer la decisión del Gobierno de suspender la normativa que permitía el control de perros salvajes.

Las autoridades explicaron que el decreto fue desarrollado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en base a "fundamentos técnicos de peso", por lo que no cabe suspenderlo.

El problema que afecta a los ganaderos es que los ataques de los animales en cuestión constituyen una de las principales causas de muerte del ganado perteneciente a pequeños productores del país.

Estas especies serían transmisores de distintas enfermedades, como la brucelosis y tuberculosis bovina, males que tanto productores como autoridades llevan décadas intentando erradicar.

La ley, que había entrado en vigencia el 3 de febrero, apuntaba a acabar con los impactos negativos que estos animales provocarían a nivel económico, sanitario y sobre la biodiversidad del país, según los gremios.

El presidente de la SNA, Patricio Crespo, aclaró que "esta normativa ha sido dictada para el control exclusivo de perros salvajes y no involucra animales domésticos ni perros vagos que deambulan por las ciudades. Se trata, al contrario, de depredadores agrupados en jaurías que cazan diversas especies, principalmente ganado de menor tamaño. Esto perjudica a pequeños ganaderos, cuya única fuente de sustento es el campo".

El presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago) y de la Federación Nacional de Productores de Carne (Fedecarne), Christian Arntz, alertó sobre la necesidad de que el Estado entregue las herramientas necesarias para que los productores puedan defender su patrimonio productivo.

"Hoy no existen indemnizaciones o medidas públicas que permitan controlar esta nueva plaga. Por eso, llamamos a las autoridades a que en sus decisiones primen los intereses nacionales y sean coherentes con la evidencia técnica que demuestra los efectos negativos de estos animales", aseguró.

Según cifras de la Conaf citadas por la SNA, entre 2007 y 2012 unas 15 especies silvestres fueron atacadas por perros y gatos salvajes en parques nacionales. En el mismo periodo, 128 animales murieron, principalmente pudúes, huemules, zorros, pumas y guanacos.