El Gobierno envió en 2013 al Congreso un proyecto de ley que pretende agilizar los trámites de adopción y que busca fortalecer la familia. Esta reforma -aún en trámite- persigue poner en primera prioridad el interés superior del niño.
La adopción es una forma distinta de ejercer la paternidad y la maternidad, y de proporcionar a los menores una familia de la cual inicialmente, por distintas razones, carecían o estaba en grave riesgo.
Desde hace tiempo que se hablaba de la necesidad de revisar la ley 19.620, que regula la adopción, pero que a juicio de los expertos dilata más de la cuenta los juicios, de manera que los principales perjudicados con esas esperas son los niños en situación irregular, que podrían tener padres que les den acogida.
Un proceso de adopción demora, como promedio, poco más de dos años, demasiado largo para niños o jóvenes que están a la espera de una familia nueva. El proyecto establece a la adopción como una medida destinada a restituir el derecho a vivir en familia a aquellos niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente adoptables, confiriéndoles el estado civil de hijo o hija respecto de los nuevos padres.
Se amplían las causales para declarar la adopción, ya que actualmente existen dos: abandono e inhabilidad física o moral, pero se sumarán la entrega voluntaria del padre o madre, la filiación no determinada, la orfandad, el abandono por parte del padre o la madre, la incapacidad mental de alguno de ellos, el consumo problemático de drogas o alcohol de los progenitores, maltrato físico o psicológico grave de parte de ellos, su comportamiento negligente y exposición al riesgo en que dejan al menor, y la permanencia del niño más de 6 meses en programas de acogida, sin causa justificada.