El diputado del PS Juan Luis Castro criticó ayer el debate en torno al proyecto de ley presentado por el Gobierno para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y violación.

El parlamentario, quien asumirá la presidencia de la Comisión de Salud de la Cámara, juzgó el tenor de la discusión, a propósito de los dichos cruzados entre legisladores oficialistas y de oposición.

"Durante estos días hemos visto, francamente, una guerra santa. Aquí hay gente que, en base a la descalificación, le ha adjudicado a los que son partidarios del aborto terapéutico la calidad de criminales, y a quienes son opositores la calidad de medievales", criticó Castro.

"Se ha polarizado esta discusión y, a mi juicio, la Cámara de Diputados es el lugar privilegiado para que se discuta en el rango que corresponde para que la ciudadanía sepa que en Chile es posible legislar no sobre la base de una caricatura, no sobre la base de colocar epítetos y descalificaciones a todo aquel que opina de una manera u otra, sino, racionalmente, ver de qué forma se puede avanzar en una realidad que Chile tuvo durante más de 50 años, que era la posibilidad de interrumpir terapéuticamente el embarazo. Esa es una situación que aquí tiene que abordarse", señaló.

"Lo que el proyecto de ley requiere es un diálogo de verdad y definiciones que permitan recoger el por qué más de 30 mil mujeres al año deben enfrentarse a la realidad de la interrupción terapéutica", añadió el ex presidente del Colegio Médico.

Respecto del debate de las objeciones, Castro señaló que "es cada médico el que cruza en su conciencia la decisión, pero esa decisión se comunica personalmente y se hace antes de que llegue una mujer a pedirle auxilio".

lorenzini "se burló"

En declaraciones a Cooperativa, la vocera de la ONG Miles Chile, Claudia Dides, se refirió ayer a los dichos del diputado DC Pablo Lorenzini, quien afirmó que "hay miles de casos de mujeres que tienen relaciones porque, a lo mejor, tomaron un traguito de más o estaban apenadas".

"Es una forma de burlarse de un drama que viven mujeres, niñas y adolescentes (...) Cuando él dice que muchas de ellas pudieron haber tomado alcohol y se dejaron violar, me parece de una ignorancia que sobrepasa cualquier límite de machismo en este país", remarcó Dides.

"Con el tema de la violencia sexual muchas veces, por estereotipos machistas, se pone en duda la palabra de la mujer", sentenció.

La Coalición por el Control Etico de la Fauna Urbana presentará un recurso de protección contra la Ley de Caza de Perros, la cual permite apresar a perros asilvestrados en zonas rurales con el objetivo de reducir las depredaciones de estas especies a la actividad ganadera y de corral.

La entidad, a través de su asesora legal Florencia Trujillo, alega que la legislación vulnera la Convención Internacional CITES sobre comercio de especies amenazadas, al entregar en custodia a los infractores los animales incautados.

En declaraciones a radio Cooperativa, la presidenta de la organización proanimal Huellas, Jacqueline Montero, dijo temer que las municipalidades trasladen a los canes para que sean sacrificados.

"Esto tiene un problema de muy atrás, que lamentablemente no se tomó en consideración, pero ahora ellos quieren cortar por lo sano y no es justo", sostuvo la activista.

Respecto de algunos aspectos de la nueva ley, que establece la captura de perros que se encuentren a 400 metros de una población, Montero advirtió que "eso va a permitir que muchas municipalidades, como ya se ha hecho, puedan tomar una cantidad de perros vagos y llevarlos fuera del metraje permitido y asesinarlos. Y todo va a ser legal. Pedimos que se tomen otras normativas, porque esto va a permitir una matanza indiscriminada y no es justo".

El viernes pasado, el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Angel Sartori, enfatizó que "esto no es un libre albedrío de querer sacrificar a todos los perros, y quiero ser absolutamente claro: esto no tiene aplicación en los perros que deambulan en las ciudades".

El viernes, organizaciones animalistas protestaron en las afueras del SAG. Los manifestantes entregaron una carta solicitando que este decreto se integre al diálogo con el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía a la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

El diputado de Renovación Nacional José Manuel Edwards anunció ayer acciones legales por un presunto "tráfico de influencias" en contra del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y de su esposa, Natalia Compagnon.

Según un reportaje de la revista Qué Pasa publicado el viernes, la empresa Sociedad Caval Ltda., cuyo 50% pertenece a Compagnon, obtuvo un crédito bancario que asciende a $6.500 millones para comprar tres terrenos en Machalí.

De acuerdo con la Alianza, se habría utilizado información privilegiada en la transacción, ya que el plan regulador intercomunal de la VI Región no ha sido actualizado y los terrenos serían vendidos a un mayor valor al adquirido una vez que se haga el cambio de uso de suelo.

Edwards insistió ayer en que este hecho debe ser investigado. "Me preguntó dónde está la igualdad de la Nueva Mayoría. Qué pyme en Chile puede conseguir una reunión con el dueño del Banco de Chile para que se le acepte un crédito que es mil veces la cantidad de recursos que tiene de patrimonio la compañía, sin tener flujos y entregando como garantía los terrenos que se compran con el crédito que se entrega", acusó el parlamentario.

Por esta razón, Edwards anunció que "los parlamentarios de la Alianza estamos evaluando cuáles van a hacer las acciones legales que vamos a presentar para que se investigue al hijo de la Presidenta Bachelet y a su nuera por tráfico de influencias. Y le vamos a pedir a la Superintendencia de Bancos que nos diga si aquí hubo o no tráfico de influencias y que nos dé la información de cómo se trató este crédito y cómo se otorgó el crédito más grande en la historia de Chile para una pyme con capital de $6 millones".

El diputado también sostuvo que Compagnon tiene una orden de pago dictada por la jueza María Eugenia Campa Alcayaga, titular del 30º Juzgado Civil de Santiago, por el no pago más de $ 5 millones que le adeuda a una clínica en Santiago.

"O sea, una persona que hace un negocio en el cual podría ganar $ 1.500 millones tiene deudas impagas y cobros judiciales de una clínica por $ 5 millones. Por esta razón pedimos que se investigue si hubo tráfico de influencias. Me parece que el tráfico de influencias que hay en este caso es descarado. Esto es lucro. Esto es falta de transparencia" agregó.

Asimismo, señaló que "le vamos a exigir al hijo de Bachelet que de una vez por todas entregue su declaración de patrimonio e intereses, cosa que aún no ha hecho. Quizás cuántos negocios más tiene y que no sabemos porque no conocemos sus intereses".

"Este es un caso que de verdad me eriza la piel, por la falta de transparencia. Le exigimos a la Presidenta Bachelet, a sus familiares y a la Nueva Mayoría transparencia. Esto es lo más sucio de las prácticas del sistema y vamos a investigarlo para que quede claro qué fue lo que pasó", sentenció.

polémica anterior

Dávalos, quien actualmente encabeza la Dirección Sociocultural de la Presidencia, vivió una polémica similar durante la campaña de Bachelet. En 2013, el Servicio de Impuestos Internos (SII) inició una investigación acerca del origen de los dineros utilizados por Dávalos para adquirir tres autos de lujo, cada uno avaluado en más de $ 25 millones.

En una entrevista realizada en dicho año, el hijo de la Jefa de Estado explicó que los vehículos pertenecen y son utilizados por la mencionada Sociedad Caval.

Acusación La esposa de Dávalos habría recibido un crédito bancario de $ 6.500 millones utilizando información privilegiada.

Acciones legales El diputado Edwards anunció que pedirá información a la Superintendencia de Bancos sobre esta transacción.

Compra de autos En 2013, Dávalos fue investigado por el origen de los dineros de la compra de tres automóviles de lujo.