La situación de vulnerabilidad de miles de familias mapuches es una realidad que no debemos soslayar. Y no solo por una razón moral. Sino que, además, porque mientras se mantenga esta situación de injusticia social en este sector de nuestra sociedad, mantenemos un ambiente propicio para que grupos anarquistas, radicales, separatistas e incluso terroristas, se aprovechen de esa situación para operar y generar caos y desestabilidad en nuestro país.

Todas las personas razonables queremos dar una solución pacífica y justa a los problemas sociales que viven muchas familias de origen mapuche y rechazamos con firmeza los actos de violencia y los discursos separatistas de algunos.

Estoy convencido que para mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables del pueblo indígena, debemos partir por igualar las oportunidades y para eso es clave partir centrando nuestro primer esfuerzo en la calidad de la educación que ellos reciben. De esta manera, iremos avanzando en incorporar a las familias más vulnerables de los pueblos originarios al progreso que ha experimentado el país en los últimos 30 años.

También, el Estado tiene que ser capaz de separar a quienes por razones ideológicas o políticas actúan con violencia en las zonas del conflicto mapuche de aquellos que viven respetando el Estado de Derecho y en paz.

Es incomprensible que los gobiernos entreguen tierras u otros beneficios a personas que están involucradas en actos de violencia de este conflicto.

El Estado debe dar una señal clara respecto a que quienes pretenden conseguir beneficios públicos a través de la violencia no sólo no podrán optar a las demandas que están exigiendo, sino que además se les sancionará con todo el rigor de la ley. Debemos terminar con el ambiente de impunidad que se ha originado.

Durante el año 2014, en La Araucanía la Fiscalía investigó 247 casos derivados del conflicto mapuche, pero con menos de una decena de condenados; en la región del Biobío se duplicaron los actos de violencias en la zona del conflicto mapuche, y en la Región de los Ríos cada vez ocurren más este tipo de actos.

Es de esperar que este clima de impunidad no termine incentivando a que el conflicto se extienda a nuestra Región de Los Lagos, en donde los agricultores van a defender unidos su legítima propiedad sobre sus tierras.

Iván Moreira Barros Senador de la Región de Los Lagos

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) ha dado a conocer que en enero de este año se registraron 2.084 incendios forestales en el país, los que han afectado una superficie de 27.595 hectáreas.

Si bien estas cifras son inferiores al periodo anterior, podrían ser muy prematuras para dar cuenta de lo que sucederá esta temporada. De acuerdo con los especialistas, las tendencias climáticas sugieren que será una temporada más tardía pero no menos intensa. Se estima que febrero, marzo y abril serán meses secos y calurosos, lo que crea condiciones favorables para la ocurrencia de siniestros.

Esto hace necesario que la ciudadanía asuma las recomendaciones que se dan a conocer en las campañas de prevención, en el sentido de no encender fuego en lugares boscosos o de matorrales secos, y crear conciencia en los niños respecto del peligro que generan los incendios, para el hábitat y sus propias familias. Del mismo modo, hay que ser cuidadoso cuando se realizan paseos, para no dejar caer cigarrillos, no encender fogatas en áreas no permitidas y, en todo caso, apagarlas al momento de retirarse.

Todos los incendios son distintos, dependen de las condiciones ambientales, de las condiciones del terreno, de la accesibilidad al lugar, entre otros factores. Si bien hasta hace unos años los siniestros eran de preferencia rurales, la extensión de las zonas de construcción hace que muchas de estas emergencias se dan en el límite de lo urbano-rural. Un ejemplo de este tipo de siniestros fue el ocurrido en Valparaíso en abril de 2014, en el que se quemaron cerca de 2.500 casas, murieron 15 personas y se afectaron 965 hectáreas.

No hay que desconocer tampoco que entre los factores que gatillan un incendio forestal, se encuentra la intencionalidad humana. Fogatas mal apagadas, colillas de cigarro y problemas siquiátricos de algunas personas se encuentran entre las razones. El llamado de las autoridades es reiterativo hacia la población, pues la irresponsable intervención humana sigue siendo la principal causa de los siniestros.