El presidente de la UDI, Ernesto Silva, negó ayer haber tenido conflicto de interés al momento de participar de la votación de la reforma a la ley de Isapres en enero de 2013. El parlamentario además descartó haber tenido acciones de Banmédica al momento de la tramitación del proyecto.

"Mi declaración de patrimonio es muy completa y trasparente. No sé si es igual a la de todos los diputados. No tengo ningún conflicto de interés. No tenía ninguna inhabilidad para votar ni ese ni ningún otro proyecto de ley y eso de que mi familia tenía acciones en una empresa es totalmente falso", dijo el timonel de la UDI.

Las declaraciones de Silva llegan luego de que Ciper publicara un artículo en el que se denunció que el diputado habría realizado gestiones en favor de Penta al momento de la tramitación de la reforma a la ley de isapres.

Con respecto a esa publicación, Silva afirmó que trata "de manera mañosa la realidad" y que con la publicación "quieren callar a la oposición".

El diputado gremialista además rechazó que el tener acciones de una empresa inhabilite de ejercer su voto a un parlamentario. "Están equivocados", dijo.

El requerimiento del PC

La acusación mencionada provocó que el parlamentario del Partido Comunista Daniel Núñez ingresara ayer un requerimiento a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados pidiendo sancionar a Silva por no inhabilitarse de la votación pese a los supuestos conflictos de interés.

"El diputado Ernesto Silva, en enero, promovió una indicación, hizo una colusión con Carlos Eugenio Lavín -uno de los controladores de Penta-, pero además él votó la ley que transformaba el sistema de Isapres y cuando hace esta votación, en ese minuto era propietario de acciones de la isapre Banmédica", aseguró Núñez en una entrevista con Cooperativa.

"Un diputado que tiene intereses patrimoniales que se ven afectados con un proyecto de ley, beneficiados o perjudicados, deben inhabilitarse", agregó el parlamentario con respecto a lo que establece el reglamento de la Cámara.

Sobre el requerimiento del PC, Silva dijo que "acá la ética comunista lo que tiene que hacer es explicar por qué recibieron platas de afuera y andan tapando casos como los que se han planteado en el día de ayer con las parlamentarias y lo que ha pasado con la (universidad) Arcis".

El secretario general de la UDI, Javier Macaya, dijo que "tiene que existir interés directo y una norma que efectivamente haya beneficiado a las isapres. Eso, habiendo además tramitado, habiendo estado en la discusión de Ley de Isapres, no se produce".

La petición de Ossandón

Por otra parte, el senador de RN Manuel José Ossandón afirmó que las universidades también son una fuente de financiamiento irregular de la política, y señaló que por eso también se debe investigar a la Universidad del Desarollo.

"Hay que investigar fuentes extrañas de financiamiento, como las universidades. No tengo ninguna prueba para hacer una acusación directa, pero mi olfato me dice que cuando yo denuncié el secuestro de la derecha y denuncié que mi competidor (en la senatorial 2013, Laurence Golborne) había gastado (...) muchas veces más de lo que había declarado, claramente los financistas de esta campaña también están ligados a universidades", dijo el parlamentario en una entrevista con Cambio 21.

"Me refiero a la Universidad del Desarrollo. No hago una acusación a esa universidad, pero hay que investigarla. Sólo estoy haciendo una relación a lo que yo vi, lo que era evidente. Yo creo que hay que investigar toda el área, completa. Porque es divertido que las universidades no puedan perseguir el lucro, pero se venden en millones de dólares o los dueños se hacen ricos con sociedades espejo", agregó el parlamentario.

El secretario general de la UDI, Javier Macaya, informó que su partido decidió postergar la presentación de la querella por el llamado "caso yate", que involucra a la Presidenta Michelle Bachelet, por falta de claridad sobre la figura jurídica del recurso. "Se hace imposible presentar querellas, pero nosotros estamos trabajando en la posibilidad de presentar igual la acción judicial. Lo estamos viendo a través de nuestros abogados", dijo ayer Macaya en declaraciones citadas por Cooperativa. El diputado había anunciado que la querella sería presentada ayer.

Solamente queda un paso para que el ahora Pacto de Unión Civil (PUC), antes Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), sea una realidad. Es el tercer trámite constitucional, instancia en la que el Senado analizará la iniciativa para que quede lista para ser promulgada.

Esto, luego de que la noche del martes la Cámara de Diputados aprobara por 86 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones, el proyecto que regula los efectos jurídicos de la relación afectiva de carácter estable entre dos personas que comparten un hogar.

Y una vez que la iniciativa sea aprobada, de acuerdo a lo que se aprobó el martes, existirá un nuevo estado civil, que se sumará a "soltero" o "casado": conviviente civil. Así, una vez que la pareja celebre el pacto, se les dará el estado de "pareja civil".

El proyecto de ley aprobado establece que los convivientes podrán conformar una comunidad de bienes, la que puede ser sustituida por la separación de bienes; y también podrán tener categoría de herederos, así como concurrir a los derechos de sucesión en condiciones similares a las establecidas para el cónyuge sobreviviente.

Asimismo, la iniciativa también se refiere al punto que fue uno de los más conflictivos durante su tramitación: el cuidado de los hijos en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres. Así, se establece que los convivientes tendrán la misma oportunidad que un familiar consanguíneo de quedar al cuidado de los menores.

El Pacto de Unión Civil, además se podrá realizar en e Registro Civil y no en una notaría privada, como se había establecido en el proyecto original de AVP.

El único punto que podría demorar que el proyecto sea promulgado, tiene que ver con el plazo requisito para disolver el PUC, debido a que fue rechazado el artículo que establece un plazo de un año para poder dar término de manera unilateral al vínculo.

Por eso, esta norma podría ser enviada a comisión mixta para una redacción concordada entre ambas Cámaras.

El PUC además establece que no podrán ejercerlo personas que tengan un matrimonio no disuelto, y quienes tengan un Pacto de Unión Civil vigente. Tampoco quienes tengan una relación consanguínea.

Con respecto a los matrimonios igualitarios que sean celebrados en el extranjero, el proyecto establece que podrán recibir los efectos del PUC.