Ex docentes reclaman que el municipio aún les debe dinero por años de servicio
indemnización. Diecinueve profesoras jubiladas señalan que la municipalidad pagó el bono a otros maestros y a ellas las excluyó. El alcalde Bertín enfatizó que las maestras "no tienen derechos".
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El 16 de diciembre del año pasado, el municipio de Osorno hizo efectivo el pago de casi $800 millones correspondientes al bono de indemnización por años de servicio a 126 profesores jubilados de la comuna, quienes lograron un acuerdo con la entidad edilicia para que se les cancele el 85% de lo adeudado.
Así terminaron casi 7 años de alegatos y esperas de los jubilados entre 2007 y 2009. Sin embargo, un grupo de 19 maestros quedó fuera de dicho proceso de pago, debido a que optaron por continuar el reclamo por la vía judicial, exigiendo el 100% del bono que alcanzaba los $7 millones aproximadamente.
Según detallaron las jubiladas a El Austral, decidieron actuar en grupos separados ante el temor de que la causa sufriera la prescripción y con ello el cierre definitivo, lo que haría quedar en nada su solicitud de pago exigida al alcalde Jaime Bertín. Ante esta situación, se siguieron diferentes pasos ante la Contraloría y la Justicia Laboral, instancias que dieron la razón a lo exigido por los maestros.
"Durante casi 3 años se realizaron trámites en Contraloría, organismo que determinó que el municipio debía efectuar el pago exigido, lo cual hasta la fecha no se ha realizado y es ahí donde decidimos incurrir a la vía judicial para resolver este asunto", señaló el grupo de ex profesoras afectadas.
discriminación
Tras los dictámenes de Contraloría, en el año 2010 los tribunales laborales de Osorno ratificaron la solicitud y resolvieron el pago del bono, pero "ante este fallo, el alcalde Jaime Bertín acudió hasta la Corte de Apelaciones de Valdivia, que rectificó a favor del municipio local, el cual presentó como argumentos la prescripción del caso y la falta de recursos económicos", señalaron las demandantes.
El grupo asegura que las condiciones esgrimidas por el municipio cambiaron el año pasado, ya que la institución recibió un monto de 1.200 millones de pesos, recursos destinados por el Gobierno justamente para saldar deudas de esta índole.
"En nuestro caso, creemos que hay una gran discriminación al reclamar un derecho social y privar de un pago por el solo hecho de reclamar. Le pagaron a otros que también en su momento iban por el camino judicial y retiraron la demanda, accediendo solo en esta instancia a negociar, un pago que se tuvo que haber efectuado en un 100% y reajustado", explican las maestras.
Según comentaron ocho de las profesoras retiradas, el otro grupo al que se le canceló el 85% de la deuda comenzó su exigencia de este pago en tribunales, pero al ser rechazada su petición en la Corte de Apelaciones de Valdivia, la abogada que representó a estos docentes decidió no seguir la vía judicial, logrando negociar con el municipio y alcanzar el mencionado pago, aunque no en su totalidad.
Sin embargo, acusan que el municipio procedió al pago de esta indemnización a una de las demandantes, el cual alcanzó el 100% de lo exigido, lo que, según añaden, se contradice con la negociación a la que se llegó con el resto de docentes.
"Esto quiere decir que se podía haber pagado la totalidad de la deuda a todos. Desconocemos los motivos de por qué se canceló en una instancia diferente a una sola persona y más aún el total del monto adeudado", señalan.
desgaste
El grupo de 19 profesores jubilados son en su mayoría mujeres que promedian los 40 años de ejercicio profesional en diferentes establecimientos de la comuna. Sin embargo, y pese a los años dedicados a la docencia, su calidad de vida no es de las mejores, lo que queda reflejado en sus bajas pensiones, las cuales no les permiten cubrir todas sus necesidades básicas y de salud.
De hecho, aseguran que todo este proceso legal les ha significado un tremendo desgaste tanto físico como sicológico, además de incurrir en gastos que no tenían programados.
"Todo este proceso ha sido triste, desgastador, no nos hemos podido encontrar con la calidad de vida que merecemos, nos ha creado un estado de ánimo muy angustioso y el señor alcalde debería tener cuidado y respeto por la profesión docente, ya que durante décadas hemos entregado lo mejor de nosotros a los estudiantes de la ciudad", comentó Alicia Soto, una de las maestras afectadas.
Otra de las profesoras que exige su pago es Yeni González, quien padece Parkinson, enfermedad que le demanda numerosos gastos asociados, por lo que considerada vital la llegada de los dineros exigidos. "Tengo que hacerme exámenes de sangre y scanner, los cuales todavía no puedo realizar justamente por motivos de dinero, por lo que este pago resultaría muy importante para mi bienestar", cuenta.
Iris Risco Cárdenas, también docente demandante del pago, padece una afección que solo puede ser tratada en Santiago, con un costo de $70 mil por consulta.
"Hoy en día se me va casi toda la jubilación en este tratamiento, no puede ser que luego de trabajar por casi 40 años tengamos que seguir luchando para exigir lo que nos corresponde", dice.
La vocera de este grupo de 19 docentes, Marta Rodríguez, sufre actualmente de un problema al colon y sus exámenes también le significan un gasto que excede su presupuesto.
"no tienen derechos"
Consultado por la situación, el alcalde Jaime Bertín fue enfático en señalar que no es deber del municipio pagar el monto que exigen las ex profesoras, ya que los tribunales fallaron en contra de estos docentes. A su juicio, ellos fue ratificado por la Contraloría, organismo que según Bertín, corrigió sus dichos sobre la obligatoriedad de pagar esta deuda, respetando el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
"Tanto la Justicia como la Contraloría se pronunciaron al respecto, diciendo que las personas que fueron hasta Tribunales y que hicieron la demanda no tienen derechos, por lo cual se agotaron todas las instancias", aseguró Bertín, quien añade que el municipio se basa en lo que la ley dictamina.
Además, el alcalde sostiene que no negociará con este grupo de profesores bajo ninguna circunstancia, ya que el tribunal falló en contra de su demanda, por lo que no existe otra instancia de resolución y la decisión es definitiva.