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Gobierno llama a entregar armas tras aprobación de nueva ley

Normativa. Ejecutivo realizó campaña en regiones.

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Durante la jornada de ayer se desarrolló en todas las regiones la campaña "Entrega tu arma", con el objetivo de promover a quienes poseen armas no registradas a entregarlas y de esta manera evitar posteriores sanciones.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno y Carabineros, responde a la promulgación de la Ley de Armas, la que estipula que quien tenga en su poder un arma no debidamente inscrita arriesgará entre tres y cinco años de cárcel.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, señaló que "es muy distinto tener o no tener un arma de fuego debidamente inscrita y por eso es el llamado que nosotros hacemos: que todos los ciudadanos entreguen la información o entreguen las armas y se eviten pasar un tremendo mal rato, como va a ser el día siguiente de promulgada la Ley de Control de Armas Explosivas".

Por su parte, el general director (s) de Carabineros, Eliecer Solar, indicó que en los casos que alguien quiera entregar un arma ilegal "vamos a enviar a Carabineros al domicilio a retirar el arma, bajo dos circunstancias: la entregan y nosotros no tomamos ningún antecedente o hacemos una acta y le entregamos una copia".

La institución también dispone de servicios para custodiar armas inscritas, en caso de que sus propietarios salgan de vacaciones.

Carabineros recibirá armas de fuego o municiones, heredadas, no inscritas o transformadas, durante todo el año, asegurando el anonimato de quien haga entrega de los artefactos. Hasta ahora se han recolectado 209 armas sólo en Santiago.

La Ley de Control de Armas Explosivas fue aprobada por unanimidad el pasado 6 de enero, por lo que ahora espera a ser promulgada por la Presidenta Bachelet.

Según indica la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), para inscribir un arma el portador debe ser mayor de 18 años, certificar antecedentes que corroboren aptitudes físicas y síquicas para su tenencia y tener conocimientos del arma, entre otros requerimientos detallados en www.dgmn.cl.

Penta: parte del dinero de SQM habría llegado a padre de Silva

Investigación. La información habría sido entregada por el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. La UDI no profundizó acerca de este presunto vínculo.

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Durante su declaración ante los fiscales Carlos Gajardo, José Antonio Villalobos y Pablo Norambuena, el ex subsecretario de Minería Patricio Wagner habría entregado un nuevo antecedente en el llamado caso Penta, según consignó ayer Emol.

Wagner habría mencionado que el fallecido padre del presidente de la UDI, Ernesto Silva, y rector de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva Bafalluy, habría recibido parte del dinero supuestamente pagado por la empresa Soquimich (SQM) a María Carolina de La Cerda, cuñada del ex subsecretario.

En la UDI hubo diversas reacciones. Citado por Cooperativa, el diputado Felipe Ward sostuvo que es "inapropiado que se indique como responsable a una persona que no tuvo nada que ver y que además no tiene cómo defenderse".

Por su parte, el también diputado de esa colectividad David Sandoval afirmó que el gremialismo "está en una situación muy compleja y para sanidad desde todo punto de vista se hace urgente terminar por resolver los conflictos, la situación del límite entre lo político y lo económico".

"Aquí estamos hablando de relaciones entre particulares; el padre del presidente del partido no tiene ninguna vinculación política hoy y en ese contexto prefiero esperar las resoluciones de los procedimientos", aseveró Sandoval.

otros involucrados

Wagner habría señalado que los dineros también llegaron a las cuentas de la ex jefa de campaña de Joaquín Lavín, Cristina Bitar, y a una secretaria de este último, de acuerdo con una publicación del medio The Clinic.

Según consta en la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), Soquimich pagó a De la Cerda $ 7,5 millones luego de que ésta enviara una boleta por concepto de "asesorías financieras", el 21 de julio de 2009, justo cuando se desarrollaban las campañas para senadores y diputados, en las que participaron Lavín y Silva.

El viernes, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, en conjunto con la Fiscalía, llegaron hasta las oficinas de SQM en Santiago, luego que el SII solicitara esta diligencia para las indagaciones que se realizan en torno al caso Penta.

En esta acción se retiró la información contable de la compañía de los años 2009 al 2014, debido a las acusaciones en contra de Wagner y De la Cerda.

La querella acusa la facilitación y uso de boletas de honorarios falsas, la obtención de devoluciones de impuestos indebidas y la omisión de ingresos en las declaraciones de Impuestos a la Renta en que incurrió Wagner.

formalizaciones

Pablo Wagner está imputado por cohecho y lavado de activos debido a millonarios pagos recibidos cuando era funcionario público por parte del grupo Penta.

Con la actual ley de lavado de dinero, el ex funcionario de la administración de Sebastián Piñera arriesga hasta 15 años por haber blanqueado fondos provenientes de un delito funcionario.

Sin embargo, la nueva normativa, que pronto será firmada por la Presidenta Michelle Bachelet, podría otorgarle un beneficio, ya que dispone que los tribunales sólo puedan imponer penas que no excedan el máximo establecido para el delito del que provienen los bienes objeto del blanqueo de capitales.

Los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, también serán formalizados por soborno y delitos impositivos.

Presunta declaración El ex subsecretario Wagner habría mencionado que Ernesto Silva Bafalluy habría recibido dineros de SQM.

Respuesta de la UDI Mientras Felipe Ward calificó la información como "inapropiada", David Sandoval esperará las resoluciones del caso.

Formalización de Wagner El ex funcionario de Piñera será formalizado el próximo 4 de marzo por cohecho y lavado de activos.

Villegas explica atraso de resultados de la encuesta Casen

Medición. La titular de Desarrollo Social busca "garantizar la calidad del proceso".
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La ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, se refirió ayer a la demora en la entrega de los resultados de la encuesta Casen, y justificó el retraso con el fin de "garantizar la calidad del proceso" y marcar distancia respecto de años anteriores.

En declaraciones a Cooperativa, la secretaria de Estado admitió que "la demora es comparativa con otros años, ya que no estamos haciendo lo mismo", y en el reciente registro se utilizaron nuevos parámetros multidimensionales para el análisis de las carencias por parte de la población.

"Estamos actualizando la medición de la pobreza, haciendo un trabajo diferente al que viene desde 1990, y tempranamente señalamos que esto lo íbamos a entregar a fin de año (...) Efectivamente hay un retraso de semanas, pero lo importante es garantizar la calidad del proceso", explicó la autoridad.

"No tengo fecha exacta, pero estamos ad portas de entregar los resultados. Todos sabemos que esto es muy importante y somos los primeros interesados en darlos, pero queremos garantizar que está todo correctamente hecho, validado por organismos competentes", agregó la ministra.

Respecto de un posible cambio de gabinete, la ministra sostuvo que lo importante no es quién dé a conocer los resultados de la encuesta Casen, sino que las cifras ayuden a las políticas públicas y le "devuelvan la seriedad a estos procesos para hacer un mejor país".

"Lo único que nos ha tenido ocupados es sacar adelante un proceso impecable", concluyó la secretaria de Estado.

María Fernanda Villegas indicó que el levantamiento de información de campo está a cargo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, con antecedentes que posteriormente son depurados para definir las conclusiones de la encuesta.

El viernes, el diputado de la UDI Joaquín Lavín León entregó un requerimiento ante la Contraloría General de la República por la demora en la entrega de los resultados de la encuesta.

Citado por el portal de UCV Radio, el parlamentario gremialista aseguró que "lamentablemente a enero de 2015 ya han transcurrido más de seis meses desde que debieron haberse transparentado los resultados. No se han conocido ninguna razón técnica, más allá del arbitrio del Gobierno, perjudicando de paso a la población más vulnerable que retrasa las eventuales correcciones de planes sociales o la creación de nuevos programas que apunten a disminuir las condiciones de pobreza que sufren miles de chilenos".