La historia recuerda que Julio César al cruzar el río Rubicón pronunció la célebre frase: Alea lacta Est, que significa literalmente "los dados han sido lanzados" y que se interpreta como "la suerte está echada". En la Antigua Roma, el río Rubicón marcaba el límite entre la Galia Cisalpina e Italia, y existía en el derecho romano una ley que prohibía cruzar ese límite territorial al mando de tropas porque podía poner en peligro la seguridad de Roma.

Julio César había triunfado en las Galias y quería convertirse en cónsul, aspiración que encontró la férrea oposición de parte de Pompeyo y del Senado romano, enemigos de César, por lo cual éste decide cruzar el Rubicón asumiendo las consecuencias que traería vulnerar la ley romana. De ahí su frase "la suerte está echada".

La política chilena vive actualmente un Alea lacta Est, en que la sociedad en su conjunto ha iniciado un proceso de avance, a pesar de las oposiciones que puedan interponerse. Proceso que se viene desarrollando desde hace varios años y que empezó a consolidarse con los movimientos sociales de los años 2011 y 2012.

Uno de los hitos del Alea lacta Est chileno ocurrió hace unos días, con el Fin del Sistema Binominal, que generaba inequidad en las elecciones parlamentarias y que había estado vigente en Chile desde el último retorno a la democracia.

El sistema electoral binominal producía una gran desigualdad del voto, además de exclusión y subsidio a la minoría. Por ejemplo, en las últimas elecciones parlamentarias la candidata a diputada Marisela Santibáñez fue primera mayoría en su distrito con el 26,75% de los votos, pero aún así quedó fuera del Congreso, a causa del sistema binominal que dio como vencedores a las dos primeras mayorías de las dos listas más votadas.

A nivel local contamos con dos diputados, que completarán el año 2018 siete períodos parlamentarios y 28 años como diputado en el caso de Sergio Ojeda, y cuatro períodos parlamentarios y 16 años como diputado en el caso de Javier Hernández.

El nuevo sistema electoral será proporcional e inclusivo, incluirá ley de cuotas para asegurar la necesaria participación de candidatas mujeres y tendrá menos barreras para los candidatos independientes, a fin de contrarrestar la pérdida creciente de interés e identificación ciudadana con los procesos electorales.

Jaime Sotomayor Neculman

La reforma electoral despachada en el Senado en sus trámites legislativos finales, agrega 52 nuevos parlamentarios al Congreso Nacional. Así, el número de diputados aumenta de 120 a 155 y el de senadores de 38 a 50.

Este crecimiento legislativo significa para la Región de Los Lagos el aumento de dos a tres senadores.

Pero la reforma se basa, más que en cantidad de parlamentarios, en el procedimiento de elección, pues se da término al sistema binominal para dar paso a uno proporcional, tal como era hasta 1973 y como actualmente ocurre en la votación de concejales.

Lo anterior agrega una modificación en la geografía electoral con el diseño de distritos que suman gran cantidad de comunas. Así, en nuestra región quedan conformados dos "megadistritos", que elegirán en su conjunto nueve diputados.

La nueva Ley Electoral facilita, además, la creación de nuevos partidos y la inscripción de candidaturas independientes.

Novedosa en la nueva ley es, sin duda, la "cuota de género", según la cual ni hombres ni mujeres podrán superar el 60% de las candidaturas parlamentarias declaradas por los partidos.

Restando aún la ratificación final de la Cámara de Diputados, que se da por descontada, y el paso por el Tribunal Constitucional, la reforma definitivamente entrará en funciones el año 2021 con la elección de senadores.

Esta reforma llega en momentos marcados por una profunda desconfianza en la clase política y una baja calificación al Congreso, en el marco de crecientes denuncias sobre financiamiento de campañas.

Esta misma distancia entre ciudadanía y política se hacía presente justamente en la elección parlamentaria y presidencial de 2013: de un padrón de 13,5 millones de electores, solo llegaron a las urnas 6,7 millones. Es la votación de menor participación desde la vuelta a la democracia, ahora con sufragio voluntario e inscripción automática.

La gran pregunta frente a estos cambios es si más parlamentarios significarán, más allá del gasto, mejores leyes.