Luego del confuso hecho de violencia ocurrido en la alcaldía de Puerto Varas y que involucró al Consejero Regional (PS) Manuel Rivera y al concejal de la comuna lacustre, Patricio Godoy el 7 de noviembre, el Juzgado de Garantía emitió un fallo que reconoce las lesiones leves causadas por el consejero regional y lo condena a cancelar una multa de 1 Unidad Tributaria Mensual.

Respecto al fallo, el concejal Godoy se manifestó conforme, ya que para él esto demuestra que la agresión sí existió. "No sé si él (Rivera) irá a pedir disculpas públicas, pero queda demostrado que he sido agredido", dijo.

Por su parte, el consejero Regional Manuel Rivera indicó que no le presta mayor importancia al tema y sostiene que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación sobre la materia.

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Un operativo de desalojo de cerca de 15 personas, provenientes de diversas ciudades del país, que pernoctaban en el sector del Vagón de tren en la Costanera fue realizado por la Municipalidad de Puerto Montt en una acción en que estuvieron acompañados por funcionarios municipales de la Unidad Jurídica y del Programa Calle, además de efectivos de la Marina y Carabineros.

Además se realizó por parte de especialistas un catastro y entrega de ayuda a las personas en situación de calle. Posteriormente, la Dirección de Aseo y Ornato efectuó una limpieza, fumigación y recolección de desechos, los que fueron trasladados al vertedero de la capital regional.

El administrador municipal, Julio Pizarro, señaló que este operativo es parte de una acción planificada para intervenir y remozar el lugar, que afecta la imagen turística de la ciudad

Para tal efecto, en los próximos días se coordinará una reunión con la Gobernación Marítima, para trabajar conjuntamente en el mejoramiento del entorno del sector, que considera la demolición del Vagón, que fuera un centro cultural hace algunos años.

Polémica desató la instalación de la feria artesanal que se ubicó entre la estatua de Los Enamorados y el muelle, en la Costanera, y que agrupa a 23 personas. Resulta que la administradora de esta carpa, Maribel Esparza denunció haber sido víctima de llamadas anónimas, con amenazas para que no funcionaran en el sector.

La mujer aseguró contar con permiso de la Gobernación Marítima, para ocupar la franja de espacio donde se instalaron y de tramitar los permisos correspondientes ante el municipio.

Sin embargo, durante la tarde de ayer, la municipalidad decidió realizar una fiscalización por los distintos puestos de la feria, luego de manejar la información de que ninguno de los locatarios contaba con permiso.

La situación causó asombro entre los artesanos, debido a que éstos estaban siendo multados por un inspector municipal, una situación que finalmente desembocó en que cada locatario decidió cerrar sus puestos para evitar que se aplique la sanción.