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L a persecutora Pamela Salgado fue designada por la Fiscalía para investigue si es que existe delito en las irregularidades detectadas por la Contraloría respecto a la rendición de gastos de algunos consejeros regionales de Los Lagos.

El informe elaborado por en organismo contralor fue puesto el jueves en manos de la Fiscalía Regional, la que, a su vez, derivó los antecedentes a la Fiscalía Local de Puerto Montt para que iniciara el proceso investigativo.

Pero Contraloría no fue el único que hizo llegar este documento al Ministerio Público, ya que también lo hizo el intendente Nofal Abud, quien recalcó que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet condena todos los actos que sean contrarios al principio de probidad e independiente de quiénes cometan dicha falta.

Abud leyó una declaración en la que expuso la postura del Gobierno en relación "al informe de Contraloría número 51 referido a la auditoría efectuada al Gobierno Regional, respecto a los gastos efectuados por los consejeros regionales vengo en señalar lo siguiente":

"Primero y en lo que dice relación con lo administrativo", indica que el Gobierno les solicitó formalmente y mediante oficio el reintegro de todas aquellas partidas y materias que Contraloría observó respecto de gastos de los cores en relación a sus rendiciones de cuentas.

Añade que el período auditado comprende un horizonte de tiempo superior al de la actual administración. Es decir, abarca el Consejo Regional anterior al elegido por voto popular y que fue presidido por el entonces intendente Jaime Brahm.

Abud comenta que desde que asumió en marzo del año pasado, comenzaron a trabajar en reglamentar y ajustar los procedimientos administrativos, constituyendo para ello una mesa de trabajo con Contraloría y que ya ha sesionado en un par de oportunidades.

Esta instancia tiene por finalidad el poder consensuar criterios en materia de procedimientos y ejercicios de las facultades del Gobierno Regional para el control de gastos del Core y de sus integrantes.

Además, explica que a propósito de las conclusiones de dicho informe, el intendente confirma que se instruirá un sumario administrativo con el fin de establecer las medidas disciplinarias que correspondan en caso de que la indagación dé cuenta de situaciones que deben ser abordadas precisamente por el Gore.

En relación con la situación judicial del informe, Abud señala: "En atención que en él se indican que algunas situaciones observadas por Contraloría Regional de Los Lagos pudiesen constituir infracciones al principio de probidad, de acuerdo a las normas de la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional y Orgánica Constitucional de Bases de Administración General de Estado, hemos determinado remitir los antecedentes al Ministerio Público".

Lo anterior, según explica Abud, de conformidad al artículo 172 y siguientes del Código Procesal Penal, que impone a todo funcionario público la obligación de denunciar aquellos hechos que eventualmente pudiesen ser constitutivos de delitos, de manera que el Ministerio Público, acorde a sus facultades privativas, determine el alcance de dichas situaciones.

En virtud de los avances de estas indagaciones, Abud dice que se tomará la determinación de, si es necesario o no, extender la participación a otras entidades públicas.

Desde el punto de vista político, el intendente sostiene que para el Gobierno la probidad es un eje fundamental en los principios que rigen el actuar de los integrantes del Ejecutivo y por lo mismo condena cualquier acción que sea contraria a dicho principio y sin importar de "donde provengan estas faltas. Y centraremos nuestro esfuerzo en esclarecer esta clase de situaciones" que hoy complican al Core.

Por un difícil momento está atravesando un joven padre de familia, quien en una medida desesperada llevó a su mujer, quien presentaba un avanzado embarazo, a una clínica de Puerto Varas, luego que no encontró la atención que esperaba en el Hospital "Doctor Eduardo Schütz" de Puerto Montt.

La preocupación de este operario de una empresa salmonera, es que debe pagar a la clínica una factura por más de $2 millones, dinero que no posee, por lo que espera que el hospital asuma esa deuda.

Cristián Oyarzo (27) dijo que el pasado 2 de enero llevó a su esposa, Ghislaine Vargas, a la Urgencia del Hospital, donde ingresó a las 5.30 horas.

Sostuvo que su mujer presentaba signos inequívocos de parto, por lo que esperaba que su segundo hijo naciera en el Hospital. Pasaban las horas y la desesperación cundía al no verificar avances en la atención de su esposa.

Oyarzo afirmó que cerca de las 17 horas logró hablar con una matrona, quien le aseguró que todavía no era el momento para el parto, "pero mi mujer gritaba de dolor por las fuertes contracciones".

Por eso es que, a las 17.30 horas, resolvió sacarla del Hospital y llevársela a una clínica de Puerto Varas, donde ingresó a las 18.30 horas de ese día, donde la derivaron a pabellón y le practicaron una cesárea.

Tras el feliz acontecimiento, el joven padre fue notificado que los gastos por consumos en la clínica llegaron a $1.205.721; mientras que por honorarios médicos deberá pagar $1.442.000, lo que totaliza los $2.647.721, cantidad que no tiene y que espera que asuma el Hospital de Puerto Montt, al que acusa de "negligencia médica".

En tanto, desde la Unidad de Comunicaciones del Hospital se explicó que no les corresponde asumir ese pago.

Reconocieron que la paciente, con 37 semanas de embarazo, ingresó sin trabajo de parto y contracciones. Tras ser evaluada por el equipo médico y matronas de turno, fue hospitalizada a la espera de su trabajo de parto con los "exámenes de rutina".

Agregaron que Oyarzo hizo uso de "su derecho de retirar del establecimiento a esta paciente y, por propia voluntad, decide que su atención sea realizada en el sector privado".

En la parte final, se puntualiza que la mujer se fue del recinto hospitalario "sin obtener el alta médica".