Los números son elocuentes y malos para el mundo político. Son los resultados de las últimas encuestas conocidas, las que a nadie pueden dejar contentos. En uno de estos estudios sube la desaprobación a la forma cómo la Presidenta de la República está conduciendo el Gobierno, con un 53% de rechazo contra un 40% de apoyo. Por otro lado, los líderes de los partidos, tanto del Gobierno como de la oposición, concitan rechazos que van del 52% al 64%. Ninguno de ellos logra el 40% o más de respaldo.

Entretanto, otro sondeo pone un 2,9 como nota a los parlamentarios y peor le va al Poder Judicial que obtiene un 2,7.

Estas cifras, anteriores a la avalancha de denuncias y acciones judiciales en torno al Caso Penta, no son una novedad. Aparecen ya como una constante y, siendo generales, pueden ser injustas y hasta objetables en su sintonía fina. Sin embargo, tomadas en momentos distintos y con diversos procedimientos y por diversas instituciones, adquieren validez y deben llamar la atención a los actores del mundo político. A todos, pues en todos los sectores hay responsabilidades en cuanto a esta verdadera desconfianza ciudadana en quienes, en teoría, son sus representantes y conductores.

Este desencanto progresivo y generalizado de la política puede conducir a populismos y caudillismos que terminan minando las instituciones, destruyendo sus valores y alejando e injustamente castigando a quienes tienen una efectiva vocación de servicio público.

Los hechos actualmente bajo investigación indudablemente contribuyen a este desencanto, pero quienes creen que favorecen a un sector en desmedro de otro están muy equivocados.

Los riesgos de este ánimo ciudadano que reflejan las encuestas son la aparición del ya mencionado caudillismo o de un populismo cortoplacista, complaciente, de discurso fácil y bolsillo generoso.

Esta realidad debe hacer reflexionar a nuestros actores políticos, para que, abriendo sus exclusivos clubes, den paso a formar nuevos líderes y acojan nuevas ideas más allá de marcos doctrinarios o programáticos que son estrechos y suelen alejarse de las expectativas ciudadanas y, en último término, del bien común cuya promoción es la primera obligación de la autoridad.

En los resultados comentados, que posiblemente se repitan y puedan obtenerse más afinados, hay un llamado y una oportunidad de rectificación que debe ser atendida a tiempo, como una enfermedad que requiere urgente cura y en cuyo tratamiento hay responsabilidades compartidas.

Un problema de las fiebres de reformas es que no dejan meditar y pensar con calma. Parte de ese proceso implica analizar las experiencias históricas e internacionales. En la Reforma Laboral actual se plantea un piso en la negociación, que sea como mínimo lo que se entregó en el período anterior de negociación.

Puedo entregar múltiples argumentos técnicos y económicos que desaconsejan totalmente esto. En un período de pleno empleo y con una economía creciendo vigorosamente, los resultados de una negociación serán por definición superiores. Sin embargo, en una economía en desaceleración (ni siquiera digo en recesión), deben existir mecanismos de ajuste no sólo para las rentas del capital, sino que también del trabajo. En caso contrario, necesariamente aumentará el desempleo.

En los años 80, en plena dictadura militar (lo cual por cierto facilitaba la adopción de medidas extremas y duras) se cayó también en la tentación populista de hacer una reforma laboral que, a pesar -para ser justos- de que liberalizó una serie de aspectos de la ley, fijó un piso de negociación para los salarios. Esto hizo imposible que estos se ajustarán a la realidad de la economía en su momento. ¿Qué pasó entonces?

Como el tipo de cambio estaba fijo en 39 pesos por dólar, frente a la tremenda crisis nacional e internacional, hubo que optar por devaluar o reducir salarios (cosas que el gobierno de la época podría haber hecho por su fuerza política); se optó por devaluar, lo que en un año llevó a una devaluación de más del 230%, con una gran volatilidad. Obviamente la inflación se disparó y los sueldos reales, que van desfasados con la inflación, cayeron drásticamente. Mucho más de lo que hubiese sido necesario.

Si hay algo que hemos aprendido con las políticas del Banco Central a partir de los años 90 es la importancia de la flexibilidad de los precios fundamentales de la economía y los salarios son uno de ellos.

No pisemos la misma piedra dos veces.

Con la inflexibilidad en la sindicalización, reemplazo en caso de huelga y piso mínimo de negociación, que Dios nos pille confesados si se produce una nueva crisis ya que el desempleo subirá enormemente. En todo caso si no hay crisis (ojalá), el incentivo para reemplazar tecnología por mano de obra se transforma cada vez más potente.

Víctor García Ossa