El precio del dólar sigue al alza, proyectando un valor cercano a los $650 en los siguientes meses en nuestro país. En este contexto, muchos se preguntan qué tan conveniente es vacacionar fuera de Chile. En primer lugar, para aquellas personas que tienen a estas alturas todo planificado, tanto en pasajes como estadía, el alza no representa una mayor complicación para ellos, solamente deben limitar sus gastos diarios y también administrar bien el uso de sus tarjetas.

Si usted no ha tenido tiempo para planificar un viaje de vacaciones, debe tener presente que no es recomendable organizar viajes fuera del país a último momento. Lo anterior, dada la poca disponibilidad que existe para poder visitar de algunos destinos, otra cosa a considerar es que los precios suelen ser muy altos y también hay que pensar que es poco probable realizar modificaciones que se ajusten a lo que uno requiere.

Pero si definitivamente sus intenciones son conocer nuevas culturas y aprender otros estilos de vida, lo más económico siempre será escoger países cercanos a la región, economizando, de esta manera, en los pasajes aéreos y otros servicios.

Cuando se está en el extranjero es bueno utilizar dinero en efectivo, ya que esto permite generar consciencia de cuánto se gasta en cada una de las compras que se realizan. También es importante presupuestar el consumo diario y organizar bien las actividades, ya que la improvisación implica mayores desembolsos siempre. Salir con otras familias o grupos más grandes también contribuye a amortiguar de manera considerable los costos que se realizan a lo largo del viaje, pues operan las economías de los paquetes turísticos ofrecidos, alojamiento e incluso se puede generar ahorros en la alimentación.

Los menos organizados deberán pagar un valor excesivo a menos que encuentren alguna oportunidad de último minuto, frente a esta situación elegir destinos locales podría ser una opción, siempre y cuando opten por lugares económicos. Un buen panorama es el camping o el arriendo compartido de cabañas, pues podemos disfrutar ahorrándonos el pago por comodidades que en estos tiempos quizás podamos obviar.

Lorena Baus

Subdirectora Escuela de Negocios AIEP

El año 1987 fue aprobada la Ley 18.600 que establece diversas normas para la prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades de personas con discapacidad mental. No obstante, la misma ley ha constituido desde su promulgación una discriminación más que deben enfrentar en un mundo laboral competitivo y al mismo tiempo poco comprensivo hacia la inserción de las personas con capacidades diferentes.

El artículo 16 de esta norma establece que "en el contrato de trabajo que celebre la persona con discapacidad mental, podrá estipularse una remuneración libremente convenida entre las partes, no aplicándose a este respecto las normas sobre ingreso mínimo". Lo anterior se ha traducido en la existencia de verdaderos abusos laborales de algunos empleadores hacia los discapacitados, que se valen de la propia legislación para acordar remuneraciones indignas e injustas.

En la práctica son pocas las personas con discapacidad mental que pueden optar a un trabajo remunerado para aumentar la pensión que reciben del Estado, que no supera los $80 mil. Así, de cada 100 adultos en situación de discapacidad uno tiene contrato, 29 trabaja de manera informal y 70 están cesantes.

Un artículo publicado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y replicado por la Organización Panamericana de la Salud en su sitio web, da cuenta que en Chile más de 600 mil personas presentan discapacidad mental, ya sea de causa psiquiátrica o intelectual. Sólo el 19% de ellas accede a algún trabajo remunerado, generalmente en condiciones precarias, con bajas remuneraciones, horarios parciales y alta inestabilidad. Su situación laboral es peor que la de quienes sufren discapacidad física, visual o auditiva -que tienen una empleabilidad del 30%-, al tiempo que son víctimas de mayor discriminación y marginalidad. Entre los obstáculos para una verdadera inserción, destacan el estigma y discriminación, la ausencia de incentivos en las empresas y el bajo nivel de recursos asignado por el Estado a los programas de inclusión.

Distintas legislaciones posteriores han fallado en lograr una solución concreta a la disparidad de derechos laborales de las personas en situación de discapacidad. La traba fue la misma, la Ley 18.600 sobre Discapacidad.

Hoy un grupo de parlamentarios ha presentado una moción que busca avanzar en políticas de inclusión bajo la consigna de "a igual trabajo, igual remuneración" y así lograr la paridad de salarios en beneficio de los trabajadores en situación de discapacidad. Es de justicia y equidad terminar con esta vulneración injusta de la ley.