Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liberaron ayer al soldado Carlos Becerra Ojeda, capturado por la guerrilla a mediados de este mes.

Un breve comunicado de los rebeldes de las FARC indicó que representantes de la Cruz Roja Internacional y de los países garantes del diálogo de paz que las autoridades adelantan con los insurgentes, Cuba y Noruega, recibieron al uniformado.

Según informó el Ejército colombiano en su momento, Becerra fue secuestrado por las FARC luego de sobrevivir a ataque de los rebeldes al Norte del Cauca, horas antes de iniciar un cese al fuego unilateral e indefinido que anunciaron los guerrilleros.

El soldado fue entregado a una "misión humanitaria", expresó el comunicado citado por AP, que agradeció a las dos naciones por las negociaciones de representantes de las FARC con delegados del Presidente Juan Manuel Santos.

Los rebeldes anunciaron la semana pasada un cese de hostilidades de manera indefinida como un gesto de buena voluntad al proceso de paz a la par que exhortaron a Santos a tomar una medida similar de camino al fin de la guerra.

El dirigente de la oposición venezolana Leopoldo López , quien permanece detenido, advirtió ayer a través de una carta en el diario estadounidense The Wall Street Journal, que su país está al borde del "colapso" y pidió que se involucre a Latinoamérica para proteger los derechos humanos en su país.

"Permanecer en silencio es ser cómplice de un desastre que no solo impacta a Venezuela, sino que puede tener implicaciones por todo el hemisferio", dijo López en un artículo de opinión que tituló "Carta desde una cárcel venezolana".

El artículo describe los ataques contra los derechos fundamentales, las carencias que sufren los ciudadanos en dicho país y la falta de seguridad que se vive en las calles.

"Los derechos están racionados como si fueran bienes escasos para comerciar con ellos por otros medios de subsistencia: puedes tener empleo si renuncias a la libertad de expresión", dijo López.

"Mi país, Venezuela, está al borde del colapso social y económico", sostuvo el político, en un "desastre a cámara lenta" del que es responsable "la hostilidad del gobierno autoritario hacia los derechos humanos y el estado de derecho y hacia las instituciones que los protegen".

El artículo está fechado en Los Teques, donde está recluido el dirigente de la oposición, que se considera uno de los "prisioneros políticos (...) que están encerrados a causa de sus palabras y sus ideas".

López acusa al Presidente Nicolás Maduro de llevar a un nivel más bajo que su predecesor, Hugo Chávez, los ataques contra los derechos humanos y los problemas económicos. El líder hizo hincapié en que la ola de violencia ha colocado al país en el índice de asesinatos "en el segundo lugar en el mundo, detrás de Honduras".

El dirigente está preso desde el 18 de febrero en un penal militar a las afueras de Caracas, acusado de fomentar las manifestaciones que se saldaron con tres muertos y decenas de heridos y que desencadenaron una ola de protestas contra el Gobierno.

Los rostros de los 43 estudiantes que desaparecieron hace tres meses en el estado mexicano de Guerrero regresaron ayer a la ciudad de Iguala, donde sus familiares reclamaron justicia y su aparición con vida.

Grandes carteles con fotografías de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa acompañaron una multitudinaria marcha en Iguala, donde hace tres meses policías dispararon contra decenas de estudiantes y causaron la muerte de tres de ellos y de otras tres personas.

Además, la noche del 26 de septiembre 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados al cártel Guerreros Unidos, que presuntamente los asesinó e incineró en un municipio vecino a Iguala, una versión en la que no creen los familiares.

A tres meses de la desaparición, los presuntos autores del crimen siguen sin ser formalizados. "Martín, tu familia te espera", señalaba una de las decenas de pancartas que se vieron en la movilización, que salió de la central de Abasto con rumbo a la plaza principal de Iguala.

Unos mil manifestantes recorrieron la vía donde los jóvenes fueron atacados por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien -según la investigación oficial- pensó que los estudiantes buscaban arruinar un acto encabezado por su esposa, María de los Angeles Pineda.

"Tus armas asesinaron a mis hermanos. 43 vivos los queremos", indicaron los familiares durante la marcha, en la que también participaron estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).

Durante la movilización, un grupo de encapuchados lanzó petardos contra la puerta del 27 Batallón de Infantería del Ejército, al que critican por no haber intervenido el 26 de septiembre para proteger a los estudiantes.

También se reclamó la salida del Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y del gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, quien asumió el cargo a finales de octubre después de que Angel Aguirre renunciara presionado por las protestas generadas por la desaparición de los estudiantes.

De los 43 estudiantes desaparecidos, sólo se tiene certeza de la muerte de uno, Alexander Mora, cuyos restos fueron identificados por un equipo forense hace un par de semanas.

El jueves, la policía confirmó el hallazgo sin vida del sacerdote Gregorio López Gorostieta, quien se encontraba desaparecido en Guerrero. La Conferencia Episcopal de México exigió ayer que se esclarezca este asesinato y "los demás crímenes que han provocado dolor en tantos hogares".

Las investigaciones que ha realizado la Procaduría General de la República han llevado a la detención de 80 personas. Sin embargo, los presuntos autores intelectuales del crimen -el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa- aún no enfrentan cargos por este caso. Hasta el momento, Abarca es acusado por los delitos de homicidio, delincuencia organizada y desaparición forzada por la muerte de un líder sindical y de un síndico municipal en Iguala, delitos por los que está recluido en una cárcel.