El contador Orlando Carvajal Rojas fue condenado a cinco años de prisión en su grado menor por el denominado caso Fraude al FUT, en el que fue acusado de los delitos de fraude tributario y soborno, según informó la Fiscalía Oriente.

En los antecedentes de la causa, indagada por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, consta que Carvajal reunió a un grupo de 24 contribuyentes y tuvo participación en el fraude de $ 309 millones.

A través de un juicio abreviado, el imputado aceptó los hechos de la acusación y los antecedentes de la investigación. Junto con los cinco años de prisión, Carvajal fue condenado a devolver en 10 cuotas el total del monto defraudado.

Además se decretó la inhabilidad perpetua de Carvajal para cargos políticos y de 10 años para cargos públicos.

Al conocer la resolución, Carvajal dijo estar "feliz después de un año de estar preso. Fue un año complejo y las cosas fueron así, reconocí mi responsabilidad".

El abogado defensor, Jorge Treviño, agregó que esta fue "la decisión más justa".

"La Fiscalía está satisfecha por haber logrado la primera condena en un caso que ha implicado un fraude tributario total de $ 2.700 millones. Lo relevante es que se ha logrado un importante recupero de dinero para el Estado y se ha podido lograr condena contra uno de los principales responsables", señaló el fiscal Gajardo la semana pasada, cuando la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad ingresó la acusación ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de los ocho imputados presuntamente involucrados en el fraude que afectó al Servicio de Impuestos Internos, cuyo monto supera los $ 2.700 millones.

Se trata de los ex trabajadores del SII Iván Álvarez y Mitzi Carrasco, además de los contadores Horacio Mayquel Soto, Sergio Díaz, Hernán Díaz, Francisco Sivit, Juan Carlos Prieto y Orlando Carvajal.

Para estos dos últimos la Fiscalía optó otorgar la posibilidad de realizar un procedimiento abreviado.

El juicio contra Juan Carlos Prieto se debería haber realizado ayer, pero debió suspenderse debido a que no logró recaudar los $ 62 millones que le fueron requeridos por parte del tribunal.

El caso se dio a conocer en octubre de 2013, cuando el ex funcionario del SII Sergio Díaz se autodenunció y citó a Iván Alvarez, quien habría realizado operaciones en el sistema informático del organismo para aumentar las devoluciones de 122 contribuyentes, obteniendo restituciones irregulares de impuesto a la renta. La causa dio pie a diferentes aristas investigativas, entre ellas el caso Penta.

El senador PS y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Fulvio Rossi, defendió la postura de quienes quieren penalizar el uso de recursos destinados para la enseñanza en otro fines, que se contrapone con sectores de la Nueva Mayoría que no quieren avanzar en esa línea.

La afirmación del senador socialista se da luego de que ayer, reunidos por más de tres horas en la sede del ex Congreso en Santiago, los parlamentarios no llegaran a acuerdo con el Gobierno frente a la propuesta presentada por el Ejecutivo para sancionar el lucro. Según algunos de los asistentes al encuentro, dicha propuesta apuntaba más bien a sanciones "administrativas" más que penales.

Rossi dijo que sobre el fin al lucro "hay distintos puntos de vista. Un grupo de parlamentarios planteaban respecto de poder asimilar el tratamiento al que se le da a un funcionario público que maneja recursos públicos en el ámbito de la educación respecto de la malversación de fondos".

En la jornada estuvieron reunidos los senadores de Nueva Mayoría que integran las comisiones de Educación y Hacienda de la Cámara Alta y el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. La cita sirvió para abordar las indicaciones que se ingresarán el 2 de enero como parte de la discusión en particular del proyecto sobre fin al lucro, el copago y la selección.

El senador PS dijo que el grupo parlamentario trabajará buscando en una redacción "que permita dar una señal muy clara de que este proyecto efectivamente va a terminar con el negocio de la educación, con el lucro, y para eso tienen que haber sanciones claras. Esto es no es un hecho menor, es grave y debe tener una sanción como corresponde".

Rossi añadió que frente a este proyecto de fin al lucro, el copago y la selección "es muy importante que la Nueva Mayoría se vea unida".

"Hemos logrado acuerdo en varios temas que son importantes, respecto del fin del lucro en la educación, estableciendo la educación como un derecho social, hemos avanzado hacia el fin de la selección, que pensamos que es fundamental. No puedo señalar cuáles son los acuerdos porque todavía no se cierra el proceso de diálogo y conversación", explicó el parlamentario oficialista.

"NO CONVENCIÓ"

Por su parte, el senador (PS) Carlos Montes coincidió con Rossi en que la propuesta que entregó ayer el Mineduc "no convenció".

De acuerdo a Montes, "(la propuesta) era solamente administrativa y nos pareció que no guardaba relación con la gravedad de destinar recursos de educación para otros fines. Hay que hacer algo mucho más amplio".

En su opinión, el documento ministerial "no recogía que algunos tipos de conductas son efectivamente penales, algunas formas de sacar los recursos para otros fines; no un error administrativo, sino que sacarlos para otros fines que no corresponde".

El detalle de las acciones propuestas por la cartea que dirige Nicolás Eyzaguirre, añadió Montes, "apuntaba a establecer penas administrativas, con distintos tipos de sanciones monetarias e incluso quedar inhabilitado para ejercer ciertas funciones. Pero consideramos que dada la envergadura de esto, vemos que no era suficiente".

Montes, integrante de la Comisión de Hacienda- dijo que el proceso de discusión será de público conocimiento y aseguró que "no habrá una cocina", como ocurrió en la parte final de la tramitación de la reforma tributaria, en la que el senador (DC) acuñó la frase "la cocina" para referirse a las negociaciones que encabezó para allanar una salida a esa reforma y consensuar algunos puntos entre los empresarios y el Gobierno.

Montes explicó que las reuniones se retomarán el domingo y el martes para ver las indicaciones ya redactadas por parte del Ejecutivo.

Otro de los temas que mantiene diferencias en la Nueva Mayoría es el sistema de posibles arriendos de establecimientos para organizaciones relacionadas sin fines de lucro. El presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, dijo el martes que "la transición es una forma, el comodato es otra. Creo que no hay mucho espacio para un arriendo permanente, porque eso sería una figura extraña, que se aparta un poco de la línea central del proyecto". Quintana agregó que "ve posible " esta figura para algunas congregaciones.

Mauricio Mondaca