Un grupo de senadores de la Nueva Mayoría presentó ayer una propuesta "intermedia" con 33 indicaciones que modifican el proyecto que elimina el lucro, copago y selección escolar. La propuesta corresponde a los senadores (PS) Carlos Montes, los PPD Ricardo Lagos Weber y Adriana Muñoz, (PS) Rabindranath Quinteros, (PRSD) Alejandro Guillier y el MAS Alejandro Navarro, y busca ser alternativa a la de la DC y la de los senadores (PS) Fulvio Rossi y (PPD) Jaime Quintana.

En cuanto al lucro, penaliza como "malversación" el uso de las subvenciones escolares en fines distintos a los educacionales, lo que reemplazaría la indicación que pretendía sancionar el lucro con cárcel, rechazada en la Cámara.

Los parlamentarios sugieren otorgar cuatro años en vez de dos a los colegios de menos de 400 alumnos para convertirse en fundaciones sin fines de lucro, y cinco años en lugar de tres para ajustar la propiedad de su infraestructura a la norma.

También contemplan elevar el rango legal de la disposición que prohíbe el lucro, incorporándola en la Ley General de Educación.

En el lucro, se incluye exigir contabilidad completa a todos los colegios, con participación del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la fiscalización, y regular la adquisición de bienes y servicios de alto costo. También plantearon retrasar en un año el término del copago en los colegios y que comience a implementarse en 2017, para evitar la fuga temprana de alumnos desde establecimientos municipales.

El grupo planteó un fondo anual de U$ 500 millones durante cinco años para fortalecer la educación pública.

En cuanto al fin de la selección, son partidarios de que exista un mecanismo único de admisión sin excepciones.

Aunque reconocen la existencia de proyectos educativos diversos -artísticos, deportivos, religiosos o de alta exigencia académica-, estiman que el sistema de admisión debe ser general para todos los colegios.

La iniciativa significa una postura intermedia entre la propuesta de la Democracia Cristiana, que plantea flexibilizar el proyecto de ley, y los senadores Fulvio Rossi y Jaime Quintana, que defienden el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados sin cambios.

El senador de Renovación Nacional Andrés Allamand criticó la propuesta del oficialismo porque, a su juicio, "confirma que el proyecto del Gobierno tiene graves errores y deja sin piso a la Democracia Cristiana".

El presidente de la DC y miembro de la Comisión de Educación del Senado, Ignacio Walker, dijo que la indicación de penar el lucro como malversación "es desviarnos de lo que es la médula de la reforma educacional, que es cómo avanzar a una educación de calidad para todos".

El Gobierno promulgó ayer la ley que crea la figura del administrador provisional en las universidades que caigan en crisis financieras, con el fin de resguardar los derechos de los estudiantes. La iniciativa, considerada uno de los pilares de la reforma educacional, podría ser aplicada en el caso de la Universidad Arcis, según reconoció ayer la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga

Desde el Ministerio de Educación no descartaron evaluar la aplicación de esa ley en el caso de la Universidad Arcis, que enfrenta una grave crisis financiera. La institución apeló a la investigación que realizó el Ministerio de Educación y que, entre otras cosas, no determinó lucro en esa casa de estudios. Sobre la posibilidad de aplicar la legislación en esa casa de estudios, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, afirmó que "tenemos que terminar de cerrar el proceso de investigación. Aún quedan por resolver los recursos que la institución ha puesto, pero esto ya es parte de la normativa y puede ser aplicada".

Según Quiroga, "una vez que resolvamos estos recursos, vamos a dar a conocer el proceder como ministerio. Preferimos no adelantar la solución toda vez que están los recursos interpuestos".

Quiroga afirmó que con este nuevo instrumento legal "ya estamos indagando y viendo de qué manera facilitar o resguardar la educación de los estudiantes de la Universidad del Mar, que hubiesen agradecido que esta ley estuviese aprobada con anterioridad".

En el caso de esa universidad, 22.000 estudiantes fueron afectados por la quiebra por irregularidades financieras de esa institución.

Con sus directivos enjuiciados y condenados, el Ministerio de Educación decretó en 2012 el cierre de este establecimiento para febrero próximo, aunque la resolución se amplió hasta 2016.

sus facultades

El proyecto busca fiscalizar a las universidades y asegurar el derecho de los estudiantes a continuar estudiando en caso de que su universidad no pueda otorgarle esa opción.

"Cuando está en riesgo la continuidad de los estudios, el Estado tiene el deber de intervenir", afirmó la Presidenta Bachelet durante el acto de promulgación, celebrado en el Palacio de La Moneda.

"Hemos creado una ley para proteger a los estudiantes de abusos y situaciones injustas (...) esta no es una promesa ni un anuncio, es un paso concreto", recalcó la Jefa de Estado.

La ley contempla que ante cualquier situación anómala que detecten estudiantes, apoderados, docentes o el propio Ministerio de Educación, se iniciará una investigación preliminar. Si se confirma algún incumplimiento por parte de la institución de educación superior, se podrán adoptar tres posibles caminos: ordenar un plan de recuperación, el nombramiento de un administrador provisional y el nombramiento de un administrador de cierre, en caso de que la situación lo amerite.

El administrador provisional se encargará de investigar en los planteles educacionales en crisis, establecerá los posibles incumplimientos y creará un plan de recuperación para evitar que los alumnos se vean afectados. La figura de este administrador tendrá el gobierno y administración de la institución afectada, como titular de un conjunto de atribuciones legales para solucionar los problemas detectados en una investigación previa.

De ser subsanadas las deficiencias, la administración volverá a los órganos respectivos de la institución afectada, aunque también podrá decidir el cierre de la universidad, con la obligación de garantizar la continuidad de estudios y la respectiva titulación.

"Esta ley evitará que muchos jóvenes de clase media vean sus sueños rotos", dijo Bachelet. "No queremos ver casos de universidades que quiebran y los estudiantes quedan abandonados a su suerte", agregó la Mandataria.

Naturaleza

La iniciativa permitirá subsanar o recuperar planteles con irregularidades.

Funciones La ley otorga mayores facultades al Estado frente a investigaciones.

Planes El administrador deberá crear un plan de recuperación de ser necesario.

Objetivo El administrador podrá asegurar la continuidad de estudios de alumnos.

Complementariedad La ley se unirá a la Superintendencia de Educación Superior.

Mauricio Mondaca