Tal como se reveló en septiembre de este año, el número de cajeros automáticos en el país cayó un 12 por ciento en tan sólo 15 meses, lo que se tradujo en que el sector financiero dejó de disponer de 1.118 dispensadores entre marzo de 2013 y junio del año 2014.

Lo sensible de este problema para el público que ha reaccionado con molestia ante la falta de máquinas o de dinero disponible en ellas, llevó al Gobierno a emitir un decreto que obliga a la banca a incrementar las medidas de seguridad, tales como contar con un sistema de extracción de aire para evitar la acumulación de gas en las máquinas, mejoras en los anclajes, y protecciones contra elementos cortantes, fundentes (oxicorte), además de cámaras y alarmas sonoras y lumínicas. Paralelamente a ello, desde septiembre que el Gobierno ha requerido a las unidades especializadas de las policías que se cursen multas por cada cajero automático que haya sido objeto de algún ataque de delincuentes y que no haya sido repuesto, bajo la premisa esgrimida por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, "cajero detonado, es cajero multado". Pese a los reclamos de la Asociación de Bancos, a la fecha se han registrado más de 15 casos en que se han cursado infracciones a entidades bancarias, lo que ha generado una baja en los delitos consumados.

En este sentido, se reconoce el énfasis que ha puesto el Ejecutivo para que la banca cumpla el rol e invierta en seguridad para seguir cumpliendo con los servicios que contratan con sus clientes.

Paralelamente a ello, BancoEstado ha puesto en marcha una inédita medida que parece contraponerse notoriamente al énfasis del gobierno. La entidad anunció la instalación de 60 cajeros automáticos en zonas más vulnerables, pero instalados en comisarías, para garantizar su seguridad. En este sentido, puede sonar contraproducente que mientras se exige que los privados inviertan en acciones concretas, el ente financiero estatal desvíe la atención de Carabineros en el resguardo de estos dispensadores de dinero, en desmedro de labores preventivas en la comunidad. Si bien el presidente de BancoEstado, Rodrigo Valdés ha defendido esta medida inédita y polémica aduciendo que además es temporal, más parece una improvisación y presión directa hacia la banca privada. Notoriamente las reglas que se imponen en esta materia no son ecuánimes y llaman a la confusión.

En los próximos días, la sala del Senado deberá votar el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Si bien Chile ha avanzado en la eliminación de las distintas formas de discriminación contra las mujeres, aún persisten brechas de importancia que responden a un modelo de discriminación estructural que se expresa de diversas formas. Durante el análisis de la iniciativa en la Comisión de Gobierno del Senado nos preocupamos de tener a la vista las distintas opiniones, estudios y legislaciones internacionales que, efectivamente, dan cuenta de la urgente necesidad de actualizar la institucionalidad en esta materia. Actualmente, el Servicio Nacional de la Mujer -SERNAM-, es el responsable de todas aquellas materias propias de los derechos y de la realidad de las mujeres. Su creación, a principios de la década del 90, fue determinante para el desarrollo e impulso de un conjunto de políticas de género, hasta esa fecha inexistentes en una sociedad que recién salía de una larga dictadura que contribuyó a la legitimación de un modelo que limitaba el rol de la mujer en la sociedad y que, en la práctica, había validado la discriminación como forma de convivencia. Sin embargo, el desempeño e influencia del SERNAM ha estado condicionado por su ubicación dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, las funciones que le son reconocidas y los recursos asignados. El objetivo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es el de fortalecer la institucionalidad de género, a partir de la consagración de una Secretaría de Estado que cuente con las capacidades normativas necesarias. Los detractores del proyecto fundan su oposición a la creación del Ministerio señalando que se busca que las mujeres sean iguales a los hombres sin reconocer su naturaleza diferente ni la esencia de las mujeres, a su juicio definida por la maternidad, la familia y la transmisión de valores. Se equivocan. Cuando se habla de igualdad, lo que busca el Estado es garantizar a todas las ciudadanas y ciudadanos, sin importar su sexo, religión, cultura, edad, origen étnico o social, los mismos derechos y deberes. De eso se trata, precisamente, la igualdad ante la ley. La "esencia" a la que aluden tiene su base en una construcción social y cultural sustentada en una concepción de mundo en el que existiría un "orden natural" inmutable determinado por condiciones biológicas. La "esencia", entonces, no es más que un conjunto de imágenes mentales simplificadas que, en pocos rasgos, definen qué es ser hombre o ser mujer.

Rabindranath Quinteros Lara.

Región de Los Lagos.