La Consulta Ciudadana continuó dando que hablar en los medios nacionales. El domingo, el proceso eleccionario fue tomado en cuenta por portales y ediciones electrónicas; ayer -una vez consumados los resultados- el despliegue de los diarios nacionales y de algunos matutinos dio cuenta de la importancia del evento cívico.
El próximo lunes se realizará una reunión ampliada a la que han sido invitados representantes de todos los sectores del quehacer provincial, con el fin de analizar y aprobar los estatutos de la Corporación de Desarrollo Médico Social de Osorno, que administrará el Servicio de Siquiatría. La sesión se efectuará en el municipio local.
No se juega con fuego porque la cantidad de imponderables del contexto puede causar efectos incontrolables e inmanejables con consecuencias inimaginables.
Aplico esta analogía al actuar del Ministerio de Educación, que abusando de la buena fe y expectativas de los profesores ha dilatado la negociación de la agenda corta, causando la indignación de los docentes por lo informal en la entrega de sus propuestas y lo ambiguo de éstas.
¿Es que los maestros de Chile no merecen ser tratados cumpliendo los protocolos mínimos, con propuestas claras, especificando los alcances y limitaciones de ésta y con la celeridad que amerita una agenda corta? La agenda corta era como su nombre lo dice: corta, pero no por ello imprecisa.
La sensación de inseguridad y enojo persistente ha generado reacciones desesperadas, lo cual ha sido hábilmente aprovechado por diversos sectores para generar inestabilidad institucional, obstaculizando aún más las conversaciones. A río revuelto, ganancia de pescadores.
El Colegio de Profesores es la entidad que oficia como interlocutor válido con el Ministerio de Educación, acogió el sentir, la rabia y las sugerencias de sus representados, suspendiendo las conversaciones paralelas sobre carrera docente y ha enviado un petitorio con las precisiones necesarias a incorporar como por ejemplo: especificar en la indicación sustitutiva exactamente quiénes y con detalle tienen acceso a la titularidad; si para el bono a retiro se consideran todas las horas o sólo las titulares, qué sucede con los profesores que se jubilan con su horario completo a contrata, las fechas etcétera. Todo debe estar especificado sin dar pie a ninguna situación de sorpresa posterior.
Respetamos la decisión de los profesores que individualmente han optado por presionar con un paro indefinido, pero también debemos respetar las instancias que democráticamente y con antelación se han conformado para estos efectos, porque nadie se autodesignó la negociación, que hubo errores sí, pero se han acogido las inquietudes y propuestas que entrampan la formalización de un acuerdo. Ojalá éste incluya el sentir del magisterio y ya se dé respuesta satisfactoria a nuestras demandas.
Elba Vargas Fuentes
La Conferencia Episcopal de Chile ha hecho público un documento titulado "Una Reforma Educacional por el Bien de Chile", que busca aportar la visión de la Iglesia Católica a la discusión que se lleva a efecto en el Senado en torno al cambio que se busca para la educación chilena, gratuita, de calidad y sin lucro ni segregación o exclusión de ninguna clase.
El documento contiene una reflexión acerca de cómo se ha dado la discusión actual, respetando el derecho de padres y apoderados a defender la libertad del proyecto educativo que deseen para sus hijos, pero al mismo tiempo entregando propuestas "para una mejoría sustancial y urgente" del proyecto mismo.
El texto reconoce claramente las diferencias que la Iglesia mantiene con la reforma misma, debido a lo que consideran la ausencia de presupuestos claros y respecto de la naturaleza, fines y principios de una auténtica educación. No obstante a ello, los obispos y arzobispos del país reconocen su preocupación por que la reforma no aborde la múltiple realidad de los colegios particulares subvencionados y que pueda afectar el legítimo funcionamiento de las comunidades educativas, sean laicas o confesionales, o desincentive a continuar educando o a crear nuevos colegios.
En su planteamiento la Conferencia Episcopal pone énfasis en la libertad de enseñanza: "libertad para el desarrollo de los proyectos educativos con la imprescindible autonomía en la gestión, sin perjuicio de la debida fiscalización y sanciones a los infractores por parte del Estado".
Junto con ahondar en el respeto a las instituciones laicas o confesionales, además enfatiza en la necesidad de un debate acerca de la calidad y un financiamiento equitativo, con idénticos recursos del Estado. En este aspecto, la Iglesia Católica ha visto una falencia en la discusión parlamentaria, ante lo cual insisten en centrar el debate en el hecho educativo en sí mismo y la valoración y formación de los profesores, criticando eso sí la creciente inflexibilidad para asignar recursos a las prioridades definidas por cada sostenedor según su propio proyecto educativo, el exceso de regulaciones que amenazan con instalar la desconfianza y la falta de incentivos reales para el comodato y compraventa de propiedades, obstáculos para un arriendo regulado y legítimo. Muchos de estos aspectos dan cuenta ciertamente que no todos los actores están siendo escuchados con la misma consideración y es imperativo, como lo pide la Conferencia, una reflexión serena, amplia, informada y sin apuros.