El incendio que el jueves recién pasado dejó un lamentable saldo de 28 personas afectadas y cinco casas dañadas por la acción del fuego, reveló que en la actualidad Osorno exhibe un alto nivel de conexiones ilegales a la energía eléctrica.

Según el análisis de las empresas del rubro, una vivienda conectada ilegalmente a la red consume hasta tres veces más energía que un hogar en situación regular y la estimación local es que el consumo irregular en la comuna alcanza el equivalente a 2.020 casas, con un gasto promedio de 150 kilowatts en lo que va de este año.

Adicionalmente, estos ilícitos debilitan el sistema eléctrico, perjudicando la calidad y continuidad de suministro. Lo más preocupante, en todo caso, es que genera riesgos de electrocución de personas y posibles incendios, como lamentablemente ha quedado de manifiesto en nuestra ciudad la semana recién pasada.

Ahora bien, se debe considerar que los hurtos de energía no sólo se concentran en los sectores con mayores carencias. En efecto, éstos pueden ocurrir tanto a partir de precarias conexiones a la red eléctrica o en sofisticados dispositivos para burlar los sistemas de medición de las compañías. En ambos casos, se trata de la misma clase de delito y ambos son extremamente peligrosos y perjudiciales para la comunidad.

Frente a este escenario, una medida necesaria puede ser que las autoridades locales identifiquen los puntos donde se concentran estas prácticas, para buscar todas las soluciones posibles y terminar con esta irregularidad, motivada en la mayoría de los casos por la escasez de recursos y la falta de saneamiento de los terrenos, lo que impide a los habitantes formalizar su situación como clientes ante la empresa eléctrica. Tarea por cierto compleja, pero que se justifica en virtud del riesgo al que se enfrentan todas las familias que se encuentran en esta situación.

Sin duda que es un tema que debe preocuparnos, considerando además que los clientes que pagan sus cuentas terminan siendo perjudicados por el accionar de quienes se encuentran en una situación ilegal.

Horas antes de que la Presidenta Bachelet llegara a Alemania, la Fundación Konrad Adenauer, tradicional aliado y financista de la Democracia Cristiana chilena, emitió un documento titulado "Chile en fiebre de reformas".

Creo que no es menor y que debemos tomarlo muy en serio. En estas líneas he planteado que los chilenos no somos refundacionales, que nos gusta la tranquilidad, no somos enemigos de los cambios, pero no nos gustan las revoluciones y menos las retroexcavadoras.

La fiebre hace, la mayor parte de las veces, pensar mal o al menos con poca acuciosidad. Quiero poner dos ejemplos.

En el proyecto de administrador provisional, que está ya en trámite en el Tribunal Constitucional, se establece que el administrador tiene la facultad de requerir a Impuestos Internos -o cualquier otra institución- los antecedentes necesarios para el cumplimiento de su función. No existe ninguna autoridad en Chile que tenga ese nivel de poder y discrecionalidad sin que medie una resolución judicial. ¿Tendrá ese administrador poder, sin ni siquiera llegar a conclusiones definitivas respecto de los administradores anteriores, para conocer los secretos tributarios, bancarios, de sus parientes y socios, sin que medie un debido proceso o una resolución judicial?

Por otra parte, en las cláusulas relativas a los inmuebles -del proyecto del Lucro, Selección y Copago- hay una expropiación a precio vil, fuera de cualquier espíritu y letra de nuestra carta magna. A lo más las discusiones actuales se orientan a "tratar" de reconocer los valores de mercado, en vez de criterios que nadie sabe de dónde salieron como UF por alumno. Sin embargo, nadie ha dicho cómo se compensará la inversión en equipamiento que, en muchos casos, son posiblemente igual de importantes o más que los fierros. Además nadie reconoce el valor que significa que un emprendedor haya decidido, de acuerdo a las reglas que se le presentaron, emprender un desafío, renunciando a un empleo seguro, endeudándose y desvelándose, en un esfuerzo tremendo, para desarrollar un proyecto educativo, que hoy, en definitiva, se le expropia y con suerte logra quedarse como administrador con remuneración como empleado público y sometido a reglas controladoras que nada tienen que ver con su proyecto. ¿Dónde está esa compensación?

No hay necesidad de mencionar las reformas a la salud, laborales, constitucionales, tributarias, previsionales, etc., para entender el artículo y la preocupación de la Fundación Adenauer, socio de nuestro país desde hace larga data.

Víctor García Ossa