El ministro Nicolás Eyzaguirre se convertirá el próximo miércoles 26 de noviembre en el decimotercer ministro que es sometido a una interpelación por parte del Congreso, desde que este mecanismo se puso en vigencia el año 2005. En su caso particular, el rol que ha tenido en la discusión de la reforma educacional le valieron ser llamado por los parlamentarios a explicar su labor.
El Congreso chileno cuenta con tres herramientas de fiscalización al Poder Ejecutivo: las acusaciones constitucionales, las comisiones investigadoras y las interpelaciones. En total, 12 ministros han sido interpelados desde que se estableció este mecanismo democrático, entre ellos tres ministros del Interior (Belisario Velasco en 2007, Pérez Yoma en 2009 y Rodrigo Peñailillo en 2014), dos ministros de Salud (Soledad Barría en 2006 y Jaime Mañalich en 2013), entre otros. El primer ministro interpelado fue de Educación, Martín Zilic en 2007, quien un mes más tarde -en medio del movimiento estudiantil- fue cesado en el cargo y reemplazado por Yasna Provoste, quien tampoco tuvo un feliz pasar pues el 16 de abril de 2008, tras ser acusada constitucionalmente por irregularidades en el pago de subvenciones escolares, fue removida del puesto.
Así entonces, las interpelaciones se han convertido principalmente en una herramienta que ha sido utilizada políticamente para cuestionar el trabajo de los ministros, en audiencias que gozan de una alta atención mediática y de la ciudadanía. Pero no por ello resulta menos válida. En una sociedad democrática, es un medio más de fiscalización y de transparencia de la labor que ejercen los secretarios de Estado en su rol público. Por lo demás, varios ministros han aprovechado esta instancia para defender con fuerza la labor emprendida durante su gestión.
La interpelación fue copiada del modelo inglés, es decir de un régimen parlamentario, para aplicarlo a un régimen presidencial, aunque con diferencias. La Cámara de los Comunes puede dar un voto de censura o destitución del ministro, cosa que no ocurre en Chile, ya que son funcionarios de exclusiva confianza del presidente; a menos que la herramienta sea una acusación constitucional, que requiere de un quórum mucho más alto para su aprobación legislativa.
Sin duda, la reforma educacional ha generado tensión en educadores, padres y apoderados. Por ello, en la Alianza han considerado importante incluir las dudas de estos últimos actores en la interpelación, de tal modo de cambiar el estigma que existe en torno a esta herramienta constitucional y volcarla a un sentir más ciudadano. Si ello permite despejar las dudas y enfatizar aspectos que deben ser mejorados, no debe verse a priori esta instancia como un freno, sino como una oportunidad de difundir adecuadamente al país el gran cambio que se impulsa.