"Estoy muy tranquilo, siempre he dicho que soy una persona inocente. Confío en el trabajo serio que hace el Ministerio Público, considero que esto se aclarará de la mejor forma. Me basé en lo que me manifestó mi asesor jurídico (Miguel Urrutia) y a base de eso actué, yo no soy abogado... Yo no soy responsable de sustracción de dineros", expresó el alcalde de Llanquihue, Juan Fernando Vásquez, a la salida del Tribunal de Garantía de Puerto Varas, luego de ser formalizado por la Fiscalía por el delito de malversación de caudales públicos.
La magistrada Ximena Bertín determinó que el edil quede libre con las medidas cautelares de arraigo nacional (prohibición de salir del país) y prohibición de comunicarse con determinadas personas que son testigos en la causa, así como de otros imputados que son Luis Saavedra, ex jefe de Finanzas, el concejal Fernando Acuña y el abogado Miguel Urrutia, ex asesor jurídico del municipio, quien fue acusado de dos ilícitos.
ACUSACIÓN
El fiscal de la causa, Marcos Muñoz, explicó que la formalización de ayer en la mañana fue por dos delitos: "Uno es por malversación de caudales públicos, respecto del alcalde. Además, se formalizó por el mismo delito al ex asesor jurídico de la municipalidad (Miguel Urrutia), como encubridor del mismo y también por prevaricación de abogado".
Durante la audiencia, el persecutor reveló que entre el mes de enero de 2010 a diciembre de 2011, con ocasión del Programa de Empleo Comunal o de Mejoramiento Urbano, financiado con recursos del municipio, el ex jefe de finanzas, Luis Saavedra, y el alcalde Juan Fernando Vásquez, "ambos a cargo de la administración y disposición de los caudales públicos, previamente concertados para ello, aprovechando su posición funcionaria privilegiada y la función que cumplían, en relación con los recursos económicos de la municipalidad, sustrajeron y se apropiaron de más de $41 millones, valiéndose al efecto de 33 decretos de pago".
Parte de los montos fueron entregados a Saavedra González, para que éste supuestamente los utilizara en el pago de las remuneraciones de un grupo de trabajadores, simulando su contratación usurpando identidades.
La situación fue detectada en una auditoría realizada por la Contraloría Regional que informó al alcalde sobre las irregularidades.
En ese contexto, según la investigación preliminar, Saavedra y Vásquez, además del abogado Urrutia, se habrían reunido con miras a encubrir la sustracción de caudales.
El fiscal dijo que se suscribió un convenio de pago en el que Saavedra se comprometía a reintegrar los fondos. "A través de dicho acto, el imputado Miguel Urrutia favoreció deliberadamente la posición de los imputados Luis Saavedra y de Juan Fernando Vásquez, en desmedro y perjuicio de su cliente, la Ilustre Municipalidad de Llanquihue".
Además, el fiscal Muñoz señaló que durante el mes de enero de 2011 a febrero de 2012, Luis Saavedra y el alcalde se concertaron y para sustraer y derivar a fines no institucionales, pertenecientes al municipio, por una suma de 15 millones 600 mil pesos.
"Pequé de confianza, es decir, se la di a ciertos funcionarios y aquí simplemente hubo un abuso de confianza", se defendió el alcalde, tras escuchar la acusación en su contra.
El abogado Iván Castillo, quien representa a Miguel Urrutia, ex contralor regional de Los Lagos, asegura que "la Fiscalía tergiversa los hechos y tiene una interpretación erradísima de normas legales expresas... Le piden su asesoría y le dicen que quieren hacer un convenio de pago, es procedente hacerlo legalmente y es lo que hizo mi representado. Se le acusa como encubridor de malversación de caudales públicos, pero ninguna participación pudo haber tenido. Mi distinguido colega es una honorable persona con 38 años de ejercicio profesional. Señaló al alcalde si podían celebrar este acuerdo de voluntades y dijo que sí es procedente... Aquí no hay ninguna ilegalidad, no hay prevaricación, menos encubrimiento", adujo.
$57
millones, aproximadamente, se habrían apropiado el ex jefe de Finanzas con el alcalde, según la Fiscalía.
meses es el plazo de investigación que tiene el Ministerio Público para seguir indagando la causa.