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"Los gendarmes portan armas con las cuales se pueden defender y a nosotros, en cambio, quién nos defiende".
Así manifestó el representante provincial de la Asociación de Fiscales de Chile, Rodrigo Oyarzún, la preocupación por la seguridad en los tribunales, luego que tres personas fueran detenidas en menos de una semana portando armas blancas al interior del Juzgado de Garantía de Osorno.
El hecho más grave ocurrió cuando un menor de edad disconforme con la determinación del juez Pedro Paredes, quien dejó en prisión preventiva a un familiar, atacó con una cortaplumas a un gendarme que lo conminó a abandonar las dependencias judiciales.
"Tras este episodio sucedido hace una semana, se reforzaron las medidas de seguridad en el recinto, pero ese ataque bien pudo estar dirigido a la fiscal María Angélica De Miguel, quien formalizó al pariente del menor que atacó al gendarme", expresó Oyarzún.
seguridad
El fiscal, quien en los últimos años asumió la representación de sus colegas asociados al gremio, indicó que si bien a la cabina detectora de metales ubicada en el hall de acceso a las salas de audiencia se sumó hace unos días una paleta que cumple la misma función, todo ello es insuficiente para resguardar la integridad de quienes se encuentran en el recinto judicial.
"El uso de la paleta ha permitido detectar a tres personas portando las armas. Quién sabe cuántas veces hemos estado sentados en las salas de controles con personas que portaban estos elementos", cuestiona el fiscal Oyarzún, tras los últimos hallazgos de cuchillos y cortaplumas a personas dentro del tribunal de calle Los Carrera.
La administradora del recinto judicial, Ximena Tuchie, junto con reconocer los hechos señaló que desde que se implementó la Reforma Judicial, el recinto cuenta con un arco detector y personal de seguridad de una empresa privada, medidas que serán reforzadas.
"A ello se suman los gendarmes que están en cada sala de audiencia y los que transitan por el recinto. Las armas encontradas por estos días son el resultado de un control más riguroso que comenzó a ser aplicado en el tribunal, tras el ataque fallido a un gendarme", indicó Tuchie.
La administradora del recinto además indicó que se está solicitando el carnet de identidad a las personas que ingresan a las sala y gestionando la contratación de otro funcionario de seguridad para el segundo nivel de las salas de audiencias.
SIN ESTACIONAMIENTO
Algunos fiscales y abogados caminan por estos días por las calles cercanas al juzgado portando las carpetas de las causas. Ello se debe a que el ingreso al recinto está regulado por una orden judicial que limita la cantidad de estacionamientos para los abogados y sólo autoriza a quienes asisten a los juicios orales o controles de detención.
A juicio del dirigente de la asociación de fiscales, dicha situación también es insegura para los abogados que llegan hasta los tribunales.
"Uno antes salía de la sala y se iba en su auto evitando cualquier incidente que pudiera causar la determinación de un juez. Ahora hay colegas que dejan sus autos en estacionamientos de supermercados o en calles adyacentes al tribunal con el riesgo de que sean abordados por familiares de los imputados", expresó Oyarzún.
El abogado recordó la agresión de la cual fue víctima el año 2009 el defensor Iván Cárdenas, quien recibió un golpe de la madre de una víctima por homicidio.
"Acá nadie piensa en los fiscales y abogados defensores. En el Centro de Justicia en Santiago, por ejemplo, uno puede ver que muchas veces los fiscales salen escoltados por guardias de seguridad", enfatizó Oyarzún.
Sobre este punto, la administradora del Juzgado de Garantía señaló que lamentablemente el recinto es privado y se deben acatar las órdenes superiores.
"En cuanto a los estacionamientos, es un tema de carácter administrativo, de resolución de la Corte Suprema por tratarse de un recinto privado, algo que rige en todo el país", indicó Tuchie.