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En proceso de revisión de los convenios entre universidades locales y el Servicio de Salud de Osorno (SSO), se encuentra la dirección de esta entidad tras la detección de una serie de irregularidades en estos contratos, principalmente en el tiempo de duración y el pago de arancel por la utilización de los hospitales como centros de prácticas por los estudiantes.

Así lo reconoció el director provincial del Servicio de Salud de Osorno, el médico Nelson Bello, quien acusó que los contratos pactados durante la administración anterior -liderada por el ingeniero comercial Marcelo Larrondo- responden más bien a una "venta de campos clínicos al que ofrecía más en el pago de arancel, donde los contratos quedaron establecidos por varios años. Tenemos algunos que están a 10 y 15 años".

Es por ello que se inició una investigación y no solo en el SSO, sino que en gran parte del país, porque aunque existe un reglamento técnico de asignación y uso de campos de formación profesional y técnica en el sistema nacional de servicios de salud y normas de protección para sus funcionarios, académicos, estudiantes y usuarios, el Ministerio de Salud busca brindar una mayor regulación al sistema (en pagos e incentivos aportados por las instituciones de educación superior) y privilegiar aquellas que entreguen mejores alumnos.

Atados a largo plazo

Lo complejo en este caso, dice Bello, es la extensa duración de los contratos, sin cláusulas de salida y sobre todo no se evaluó la calidad de los estudiantes, lo cual genera un problema porque, según Bello, pueden haber universidades que desde el punto de vista de calidad son mejores, "pero resulta que no le puedes entregar un cupo porque ese se lo entregaste a otro por 10 o 15 años. Ese un problema al que nos enfrentamos", precisó.

Del total de convenios, cerca de un 70% están pactados a un plazo superior a 10 años. "La mayoría de los cupos están comprometidos a una década, hay otros que terminan en 14 años más", comenta.

Esto pasa, según Bello, porque desde el punto de vista jurídico, los convenios no son muy buenos, no tienen cláusulas de salida claras, no permiten la posibilidad de modificarlos en caso de que alguna de las partes no esté cumpliendo.

redefinición de becas

Lo que se busca es potenciar aún más las becas para formar más profesionales, dar oportunidades de desarrollo a los funcionarios y aportar al desarrollo comunitario de los dirigentes sociales, como por ejemplo los integrantes de los comités de desarrollo, juntas vecinales, porque constantemente están aportando con críticas y sugerencias por ser usuarios del sistema.

"Creemos que las universidades necesitan cuadrarse con eso para generar diplomados o algún otro programa que nos ayuden a entregarles insumos a los agentes comunitarios, a fin de que el aporte que nos hagan sean de mejor calidad", indica.

En definitiva, lo que busca Bello es claridad en la cantidad de cupos, horarios de uso de los campos clínicos y capacidad de éstos a fin de ofrecer una situación más clara y un mayor aporte al sistema público.

"Tenemos un gran interés de trabajar con universidades que tienen una vocación de servicio público, aunque las universidades regionalistas nos interesan más que las nacionales", comentó el doctor Bello.

Reacciones

Como los pagos por el uso de los hospitales de la provincia ya estaban definidos con anterioridad a su administración, asegura que dado que el aporte era insuficiente para los gastos de los recintos de salud públicos, se fijaron otros aportes como becas de capacitación y equipos para los mismos centros. "Todo en pro del mejoramiento de los recintos para la comunidad", argumentó el ingeniero comercial.

Además, aclara que "no hubo venta ni negociación a puertas cerradas, sino que esta información se analizó en una reunión con todos los rectores de las universidades locales e institutos profesionales".

Respecto a la duración de largo plazo que tiene el 70% de los convenios, asegura que la vigencia de cada uno de ellos se hizo en base a sus capacidades y proyección de formación de estudiantes.

Por su parte, los directores de las universidades privadas e institutos profesionales con convenio señalan que la firma de los contratos se hizo en base a la normativa general, técnica y administrativa número 18 del Ministerio de Salud.

Víctor García, rector de la Universidad Santo Tomás (UST), sostuvo que el convenio que firmaron con el SSO el año pasado "se negoció en un sistema que está regulado por ley y por decreto del Ministerio de Educación, por lo tanto no hay nada irregular".

Rodrigo Ibáñez, rector de la Universidad Tecnológica Inacap sede Osorno, indicó que su convenio (que tiene un plazo de 5 años) fue firmado en el "mismo tenor de los otros convenios institucionales. La práctica que se ha hecho acá es igual a la que se ha realizado en otros servicios del país".

La directora del Departamento de Salud de la Universidad de Los Lagos (ULagos), Margarita Albarrán, sostuvo que también cuentan con más de 200 alumnos en distintos recintos de salud de la provincia (provenientes de las sedes de Osorno y Puerto Montt) gracias a sus convenios firmados entre 5 y 10 años plazo, alianzas reguladas por ley.