Durante esta semana ha vuelto a escucharse la petición de crear una Corte de Apelaciones en Osorno, siendo éste un tema que surge cada cierto tiempo y desde hace varios años, pero que no ha logrado concretarse a pesar de muchos esfuerzos.

En esta oportunidad la iniciativa viene de parte del diputado Sergio Ojeda en el marco de una sesión especial de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, efectuada en la ciudad de Los Ángeles, de la Región del Bio bío y presidida por el diputado Hugo Gutiérrez.

Se plantea que la falta de una Corte de Apelaciones en Osorno constituye un problema de derechos humanos, que vulnera el derecho a la igualdad de acceso a la justicia, por los altos costos que significa continuar en segunda instancia los juicios en la ciudad de Valdivia, donde funciona la Corte de Apelaciones competente. Altos costos que no pueden solventar principalmente los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Sobre este tema creo necesario ordenar el análisis desde la perspectiva de los fines y medios, a partir de la cual la finalidad última no es tener una Corte de Apelaciones funcionando en Osorno, sino que la Corte sea un medio a través del cual se pueda lograr la verdadera finalidad: mejorar el acceso a la justicia para todos y que se respete eficazmente la garantía constitucional de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

Se trataría entonces de centrar el análisis en identificar todas aquellas iniciativas que puedan facilitar el acceso igualitario a la justicia, una de las cuales podría ser por ejemplo el funcionamiento de una Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia periódicamente en la ciudad de Osorno, previas las modificaciones legales que ello implica y en caso que el número de causas judiciales no sea suficiente para instalar una Corte de Apelaciones en nuestra provincia.

Otras iniciativas podrían apuntar a materias como la calidad de la práctica profesional o el fortalecimiento de la comunidad jurídica local, entre muchas otras iniciativas perfectamente viables pero que requieren participación activa y efectiva, principalmente de los abogados y abogadas de Osorno.

Jaime Sotomayor Neculman

Pichil se ha convertido en la primera localidad rural de la provincia de Osorno en incorporar la utilización de paneles solares, que permiten al menos calentar el agua para las duchas y lavaplatos, lo que ha significado un cambio importante en la calidad de vida de las personas beneficiadas.

En una primera etapa, han sido 18 las viviendas del comité Villa Pichil las que se adjudicaron 21 millones 800 mil pesos (900 UF) gracias al Programa de Protección al Patrimonio Familiar desarrollado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), lo que sirvió para que desde septiembre pasado las familias cuenten con equipos de calefacción solar en los techos de sus casas. Los aparatos entregan energía gratuita que proviene de la luz solar, reduciendo el consumo de gas, leña o electricidad.

Esta noticia se conoce la misma semana en que en el país entró en vigencia la Ley de Generación Distribuida, que permitirá a quienes -por ejemplo- tengan paneles solares ahorrar en sus cuentas de luz, inyectar sus excedentes de energía a la red, y recibir un pago de parte de las compañías distribuidoras.

La nueva normativa, conocida también como Net Billing (facturación neta) fue ampliamente valorada por la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), la que explicó que esta regula el pago de tarifas de las generadoras residenciales y comerciales con capacidad de hasta 100 KW.

De acuerdo a la legislación, las inyecciones que realicen las personas o pequeñas empresas serán valorizadas al precio que las empresas de distribución traspasan a sus clientes conforme a los precios regulados fijados por decreto, lo que debe incluir las menores pérdidas de energía. Para un cliente residencial, significa que los excedentes tendrán un valor cercano al 50% del valor al cual compra la electricidad a la distribuidora.

Así, lo que busca esta nueva norma es -precisamente- incentivar a que ciudadanos, comerciantes y pequeños industriales, entre otros, generen su propia energía e incluso puedan comercializar sus excedentes a través de las redes de distribución.