La Cámara de Diputados aprobó ayer en general los primeros cambios de la reforma a la educación, y en particular la prohibición a la ganancia de capital de dueños o administradores de establecimientos que reciben aportes del Estado, el copago y la selección de alumnos. Los parlamentarios rechazaron una indicación que declaraba al lucro como delito y establecía penas de penas de cárcel.

En la votación en particular del proyecto los diputados rechazaron por 56 votos a favor y 51 en contra la indicación que penaliza con cárcel el lucro, la cual requería de un quórum calificado de 67 votos.

Los votos de abstención provinieron de Pepe Auth (PPD), Iván Flores (DC), Jorge Tarud (PPD), Fuad Chahín (DC), Marco Antonio Núñez (PPD), Joaquín Tuma (PPD), Daniel Farcas (PPD) y Ricardo Rincón (DC).

Esa indicación establecía que el administrador de un establecimiento educacional subvencionado o que reciba aportes permanentes del Estado, "que con daño o entorpecimiento a la prestación del servicio educativo destinara recursos a una finalidad diferente a los fines educativos señalados en el artículo 3° de la presente ley, sería sancionado con una multa a beneficio fiscal del 50% de dicho monto y debería reintegrar al establecimiento el total de los recursos mal usados". También se le aplicaría la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y si el uso indebido de fondos fuere sin daño ni entorpecimiento a la prestación del servicio educativo, se aplicaría la pena de multa del 25% de la cantidad mal usada, sin perjuicio del reintegro que corresponda.

"Era un elemento importante, pero no fundamental, porque en la eventualidad que se sorprenda alguna figura de malversación la Superintendencia tendrá que tomar cartas en el asunto, y esto puede además de las multas llevar a la pérdida del reconocimiento oficial", dijo al respecto el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.

"Hoy día es muy importante (...) porque este es uno de los proyectos emblemáticos de la Presidenta Bachelet. Ha salido de la Cámara de Diputados rumbo al Senado donde esperamos discutirlo con toda la profundidad que requiera", agregó el titular del Mineduc.

Eyzaguirre dijo que esa indicación podría ser discutida en el Senado. "Desgraciadamente, esta es una vía plausible, digna de estudio, no obstante el problema es que no existen muchos precedentes en el orden judicial", agregó.

Los parlamentarios rechazaron el artículo transitorio que permitía a los sostenedores arrendar infraestructura de colegios de los que no fueran dueños. Y se aprobó (60 votos a favor, 42 en contra y 11 abstenciones) la norma introducida por la diputada DC y ex ministra de Educación, Yasna Provoste, que establece que las Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE) deberán estar constituidas como sociedades sin fines de lucro.

Con la votación en particular de la Sala, la Cámara de Diputados despachó a segundo trámite el proyecto de reforma educacional presentado por el Gobierno.

El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, (DC) Mario Venegas, destacó la aprobación del proyecto pero criticó que la indicación del Ejecutivo que permitía a algunos sostenedores el arrendamiento de los inmuebles que ocupan se haya perdido "por la rabieta de algunos". "Creo que hay que actuar con más madurez, no se puede poner en entredicho el bien común general, un proyecto importante, por una rabieta momentánea", dijo el diputado Venegas.

Mauricio Mondaca

El senador (DC) Andrés Zaldívar afirmó que el único embajador del PC en el servicio exterior, Eduardo Contreras, debe renunciar al cargo porque "no está en condiciones" de ejercer ese cargo luego de la polémica por sus declaraciones a un diario de ese país.

"Por mucho que se haya disculpado el señor Contreras, cometió una infracción grave. Por lo tanto, creo que el embajador debiese renunciar y evitarle al país, no solo a la Presidenta, este grave problema", dijo el parlamentario.

Según el senador falangista, "no le estamos pidiendo a la Presidenta que modifique su decisión; le estamos pidiendo al embajador Eduardo Contreras que tome una decisión, no a la Presidenta. Acepto lo de la Presidenta, pero este es un tema de él, porque no está en condiciones de ejercer su cargo como corresponde en su calidad de embajador de Chile"

El parlamentario agregó que el embajador "debe renunciar, porque es un embajador que ha perdido la confiabilidad y la veracidad. Un embajador que vuelve a Uruguay, donde aparece diciendo que ha hecho una entrevista privada y los periodistas lo desmienten, diciendo que es una entrevista pública, ha faltado a la verdad".

Zaldívar apuntó al contenido de la entrevista de Contreras, la que calificó de "infracción grave".

"El embajador Contreras debe renunciar voluntariamente como lo han hecho otros ex embajadores, como fue el caso Claudio Huepe o Marcelo Rozas, quienes se adelantaron a renunciar y no pusieron al Gobierno en una posición difícil como se ha puesto en este caso. La renuncia voluntaria de él debiese hacerla efectiva por el bien del país", afirmó.

El incidente político se originó cuando Contreras dijo al periódico uruguayo La Diaria que "no tengo ninguna duda de que estos actos terroristas que se han registrado son de la ultraderecha. (..) Mi lógica es la siguiente: cuando no hay cambios no hay terrorismo. ¿A quién le interesan los actos terroristas? A la derecha, a la derecha empresarial".

El embajador DC apuntó también a la dificultad de mantener un pacto político con la Democracia Cristiana por el apoyo que ese partido habría otorgado a la instalación del gobierno militar.

El canciller Heraldo Muñoz envió un instructivo a los representantes diplomáticos para que se abstengan de realizar declaraciones sobre contingencia en el desempeño de sus funciones. Aunque aclaró que "todos los funcionarios públicos tienen derecho a expresarse libremente", se les recuerda que "los embajadores, ministros diplomáticos y representantes ante organismos internacionales son funcionarios públicos de confianza exclusiva de la Presidenta".

El titular de Relaciones Exteriores asistió al Parlamento para explicar la actitud de Contreras ante la Comisión de Relaciones Exteriores, donde dio a conocer los alcances del instructivo elaborado tras la crisis política por sus dichos.