A continuación de la Ley Emilia
En Osorno y el resto del país, casi a diario, debemos lamentar accidentes de tránsito que ocurren en nuestras calles y carreteras. Más aún las lamentamos si se trata de atropellos a peatones o ciclistas y colisiones de vehículos de las que resultan lesiones a las personas, porque por muy grandes que sean los daños que puedan ocasionarse a los propios vehículos o a la infraestructura pública, como semáforos o postes de alumbrado público, éstos no se comparan con la pérdida irreparable que trae consigo la muerte de personas producto de esos accidentes. Lo mismo ocurre si el resultado son personas lesionadas en su integridad física o psíquica de manera grave, porque el accidente alterará para siempre su forma de vida y también la de sus familias.
Hay aquí un drama personal y familiar que no nos puede dejar indiferentes como sociedad y que hace necesario ponernos en el lugar del otro, porque como conductores o como peatones, sólo el destino sabe qué rol podría tocarnos cumplir.
La recientemente dictada Ley Emilia, como se conoce a la Ley 20.770, es un paso importante en materia de control de comportamiento de tránsito, porque no sólo aumenta las penas para conductores que en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes provoquen muerte, mutilaciones o lesiones gravísimas.
Esta ley, plenamente vigente hoy en día, obliga a todo conductor involucrado en un accidente de tránsito en que se produzcan lesiones o la muerte de personas, en estado de ebriedad o no, bajo influencia de estupefacientes o no, a detener su marcha, prestar ayuda si fuere posible y dar aviso a la autoridad, que normalmente es Carabineros.
Sería positivo que los cambios legislativos en esta materia continúen: la vida de un peatón o de un ciclista atropellado no tiene precio, como bien lo saben sus familiares cuando deben demandar judicialmente que se indemnice por la muerte de ese ser querido. Se trata de juicios de lato conocimiento, de uno o dos años de duración normalmente y onerosos al momento de financiar, lo que dificulta el acceso a la justicia y hace urgente cambiar la legislación que regula esta materia.
Nuevas leyes que complementen las actuales, podrán hacer más efectivo para los familiares de las víctimas de accidentes de tránsito obtener la justa indemnización por el daño causado.
Jaime Sotomayor Neculman