La Confederación de la Salud Municipalizada (Confusam) afirmó ayer que el equipo negociador del Ministerio de Salud (Minsal) "resolvió cortar abruptamente las negociaciones previstas" con la organización sindical, por lo que ésta, dijo, no tiene otra alternativa que ratificar nuevamente el llamado a paro nacional en los centros de salud de atención primaria en el país.

La entidad de los funcionarios anunció que la paralización será a partir del martes 7 de octubre hasta el jueves 9, e incluye una gran marcha nacional de la atención primaria el día 8, y no descartó otras movilizaciones "de mayor complejidad" este mismo mes.

A través de una declaración pública, la organización manifestó que "de manera sorpresiva, a escasas horas de haberse constituido la mesa tripartita para buscar un acuerdo que permita deponer la movilización acordada por la Asamblea Nacional de la Confusam, el equipo negociador del ministerio de Salud resolvió cortar abruptamente las negociaciones previstas para los días previos al inicio de las acciones de presión anunciadas, asumiendo por ende, que el ministerio de Salud, en vez de generar condiciones para lograr acuerdos, tal como se comprometió la ministra (Helia) Molina días atrás, optó por el camino de la confrontación, apostando probablemente al desgaste de las y los miles de trabajadoras y trabajadores de la salud municipal".

Agregó que "en este sorpresivo escenario, cuyo origen es para nosotros un misterio, dadas las conversaciones previas orientadas a resolver el problema y cuyas pretensiones constituyen también para nosotros un misterio, nuestra organización no tiene otra alternativa que ratificar nuevamente el llamado a paro nacional".

Asimismo, sostuvo que "dada la compleja situación creada por la intransigencia de las autoridades de Gobierno, no podemos dejar de señalar que, en caso de no lograr arribar a un acuerdo razonable a pesar incluso de la nueva acción de movilización de los días 7 al 9 de octubre, nuestra organización llevará a cabo nuevas movilizaciones que serán a su vez de mayor complejidad en el curso de los días posteriores en el mismo mes de octubre en curso".

La Confusam explicó que "estamos demandando al Gobierno que la ley que este mismo gobierno aprobó en el Congreso Nacional, que garantiza la estabilidad laboral, sea respetada y que el financiamiento que las propias autoridades del ministerio de Salud saben y reconocen insuficientes, sea mejorado, de cara a dar a la gente la salud que se merece. Éstas son las razones principales de nuestras movilizaciones".

En medio del debate por el financiamiento de las campañas políticas, el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monckeberg, manifestó ayer la importancia que a su juicio tiene conocer quiénes son las personas o empresas que financian a los candidatos, aunque se mostró partidario de que sigan existiendo estos aportes.

"Yo prefiero que los aportes reservados o públicos sigan existiendo y que existan sanciones fuertísimas, como la cesación en el cargo, si se vulnera esa legislación", dijo Monckeberg, según consignó radio Bío-Bío, en alusión a la Ley de Gasto Electoral o de Aporte a las Campañas.

El parlamentario recordó que "hoy día, nosotros como parlamentarios tenemos causales de cesación en el cargo si cometemos algunas infracciones, y están establecidas en la Constitución".

Las declaraciones del timonel de RN se producen luego de que se conociera una supuesta arista política del caso Penta que involucraría, principalmente, a parlamentarios de la UDI.

Ayer, el diputado PC y vicepresidente de la Cámara, Lautaro Carmona, aseguró que el senador UDI Iván Moreira faltó al protocolo al solicitar acceso a su antiguo correo electrónico de diputado, petición que se realizó en medio de la polémica por el presunto financiamiento irregular de campañas políticas.

"El senador faltó al protocolo al no solicitar estas cosas por escrito. Todos vamos a ser muy rigurosos en (garantizar) que la autorización para que accediera a la información electrónica de su correo no afectó, ni alteró, ni afectó ni pasó a llevar ni un milímetro de algún punto reglamentario", afirmó Carmona, citado por radio Cooperativa.

Desde el gremialismo, el secretario general de la UDI, el diputado Javier Macaya, declaró al citado medio radial que "acá (hubo) una solicitud de revisar correos electrónicos personales y en ese ámbito entiendo que sí se derivaron los antecedentes a la Fiscalía".

"La Fiscalía además está realizando una investigación reservada. No es mucho más lo que podemos determinar respecto de lo que va a pasar", añadió. "Que se haya ventilado esta situación no sé si es lo más apropiado, pero si él hizo esta solicitud sería importante chequear el dato personalmente con él", señaló.

Llamado a fiscalizar

En la entrevista, Ossandón recordó su experiencia en la elección pasada y su intento infructuoso por conseguir financiamiento de algunas compañías. "Yo sí recibí aportes reservados, pero soy lejos el que menos recibió de la derecha en los senadores. Recibí 80 y tantos millones de pesos. Como era pájaro nuevo en este cuento llamé a un alto ejecutivo de Entel y le pedí aportes, y me dijo que no transparentemente, que a mí no me iban a dar nada. Después llamé a Telefónica y me dijeron que no me iban a dar nada", comentó.

El senador opinó que la negativa de las empresas se debió a que "yo dije muchas cosas que a la gente no le gustó y porque La Moneda hizo un lobby impresionante en todo el mundo empresarial en mi contra. Llamando por teléfono y contactándose para que no me dieran plata, así textual".

Respecto de la situación que enfrenta la UDI, el senador Ossandón opinó que "es complicada". "Pero en el fondo más que preocuparse de perseguirlos a ellos, hay que modificar el sistema. El Gobierno está planteando el cambio al binominal y hacer crecer los distritos, con lo que las campañas van a ser mucho más caras y además quieren limitar los aportes. Primero hay que definir que una persona o una empresa tienen derecho a aportarle a la política", dijo a Emol.

Mabel González