Cascadas: TC rechaza por unanimidad el requerimiento de inaplicabilidad de Motta
Recurso. La defensa del ejecutivo había imputado el procedimiento administrativo desarrollado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Tras dos audiencias en que escuchó los argumentos de la defensa de Aldo Motta, de la SVS y y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el marco del proceso probatorio de la investigación administrativa que lleva a cabo la SVS en el caso Cascadas, el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el ejecutivo.
El abogado consejero del CDE Rodrigo Quintana inició su alegato solicitando el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad, señalando que la serie de vicios planteados por la defensa de Motta, constituida por el abogado Germán Pfeffer, que ha imputado al procedimiento administrativo desarrollado por la SVS, "evidentemente son asuntos que no son pertinentes a la cuestión que se discute en estos autos y no forman parte del requerimiento de inaplicabilidad, todavía más, si con toda seguridad sean objeto de un reclamo jurisdiccional como lo prevé la ley, ya que se trata de normas donde rige plenamente el debido proceso".
Pese a lo anterior, Quintana consideró necesario precisar un par de afirmaciones realizadas por Pfeffer, relacionadas con el planteamiento de fondo que subyace en el reclamo de inaplicabilidad. "No es cierta la idea de que el procedimiento administrativo aplicado por la SVS en este caso en particular provocaría una especie de indefensión del señor Motta, toda vez que, como ha señalado su representante, lo pondría en una situación de 'ceguera'. Es decir, él estaría ciego ante esta investigación que llevó adelante el Estado a través de uno de sus órganos, como es la SVS, y habría tenido que adivinar cuáles eran los cargos que se le formulaban y de qué se le acusaba", dijo.
Respecto de lo señalado por la defensa de Motta de que se habría vulnerado la garantía constitucional en cuanto al debido proceso, Quintana sostuvo que "pretender que por la no existencia de un auto de prueba éste se vulnera, contraviene -no sólo las normas del procedimiento administrativo- sino incluso aquellas que con más intensidad regulan la actuación del Estado cuando ejerce su pretensión punitiva como es el proceso penal".
Tras la exposición de cada uno de los puntos anteriores, Quintana afirmó que "ninguno de los aspectos planteados por la contraparte permite dilucidar la forma en que la norma, cuya inaplicabilidad se pretende, podría afectar las garantías o derechos constitucionales del Motta o de la Constitución Política de la República".