Desalojos en campamentos
Los campamentos y/o tomas ilegales de terreno responden a la necesidad de tener un lugar donde vivir, es decir, son consecuencia del déficit habitacional en nuestro país. Los desalojos de forma violenta como solución a estos, es una vulneración de derechos inaceptable.
Como TECHO-Chile rechazamos y lamentamos profundamente las prácticas de desalojos forzosos y violentos como los ocurridas en los campamentos "Villa Las Estrellas" de Valparaíso en enero de 2013, en el campamento "Quebrada Encantada 2" de Arica en julio pasado y en el campamento "Michelle Bachelet" en Castro hace un par de días, por nombrar algunos.
Las tomas de terreno tienen relación con el aumento en la población y cierta ineficacia en la detección de los grupos que deben ser prioridad en cuanto a, por ejemplo, la entrega de subsidios, puesto que en reiteradas ocasiones se ha puesto mayor interés a la cantidad de subsidios entregados y no la cantidad de subsidios ejecutados y pagados, dejando el objetivo primordial que es poner un fin a la necesidad habitacional.
Creemos que es necesario reorientar y/o profundizar el desarrollo de políticas habitacionales, sobre todo en lo relacionado con el déficit habitacional de interés social, en el cual se concentra el 60% más pobre de la población, para así evitar acciones que vulneren los derechos humanos.
Los derechos sociales como subcategoría de los Derechos Humanos persiguen la satisfacción de las necesidades elementales de las personas en ámbitos como la salud, el trabajo, la vivienda o la educación, o todas aquellas exigencias referidas a la justicia social. Por ende, los desalojos en campamentos provocan la salida de familias de los hogares y/o las tierras que ocupa sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos.
Pese a que no tenemos intervención en Chiloé, creemos firmemente que toda desocupación de terrenos debe ser entendida por las distintas partes involucradas como un proceso responsable y participativo, en donde se dé espacio para la conformación de condiciones mínimas que garanticen el buen desarrollo de éstas.
No podemos quedarnos indiferentes ante lo acontecido. Es por esto que nos sumamos al llamado de solucionar la situación de estas familias a través del trabajo colaborativo entre el Minvu y los comités de vivienda. La colaboración y organización social es lo único que puede garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de las casi 700 familias que viven actualmente en los campamentos de la región.
Giovanna Moreira Almonacid