El ex senador de la Unión Demócrata Independiente y ex parlamentario, Jovino Novoa, desestimó ayer haber participado en 'ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley de financiamiento de los partidos, y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida'.

En una declaración a la prensa y sin responder preguntas, el actual presidente de la Fundación Jaime Guzmán rechazó los antecedentes entregados por Ciper Chile respecto de que se habría establecido un sistema de financiamiento ilegal para el gremialismo y que él habría sido el encargado de distribuir esos recursos entre candidatos del partido para la elección del año pasado.

El dinero provenía del Grupo Penta, entidad de la que un ex ejecutivo, Hugo Bravo, señaló que el grupo financiaba campañas con dineros que acreditaban con boletas falsas.

'La publicación, en lo que se refiere a mi persona, es absolutamente falsa; no existe, no ha existido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI', dijo el ex senador.

Según Novoa, 'de la publicación sí se pueden desprender conductas ilegales. La primera es la supuesta acusación calumniosa hecha por el señor Hugo Bravo. La segunda es la reproducción maliciosa que un medio de comunicación hace de esa acusación. Y la tercera, es la filtración de datos que supuestamente existen en un expediente'. El dirigente del gremialismo aseguró que 'me reservo el derecho a actuar legalmente y ejercer las acciones que correspondan respecto de cualquiera de las tres conductas, a mi modo de ver, reñidas con la ley, que acabo de mencionar', añadió.

El lunes la directiva de la UDI sostuvo una reunión de directiva ampliada para abordar el caso. Luego del el encuentro, el presidente de la colectividad, Ernesto Silva, dijo que ningún candidato o dirigente está siendo investigado y que todas las declaraciones de gastos de sus postulantes fueron aprobadas por el Servel.

Las empresas proveedoras de Junaeb plantearon al Gobierno la posibilidad de regionalizar los menús que diariamente se entregan en 10 mil salas cunas, jardines infantiles y escuelas del país. La idea busca aportar con productos diferenciados por zonas para hacer darle mayor atractivo y potencial nutritivo al millón 800 mil raciones que se entregan a los niños que reciben este beneficio.

La propuesta es una de las aristas del protocolo de acuerdo acuerdo que busca mejorar el Programa de Alimentación Escolar, y que fue firmado por los representantes de las 35 mil manipuladoras de alimentos del país, NutreChile A.G., Dipralsa y JMC, que representan más del 80% de las proveedoras de Junaeb.

Darío Calderón, presidente de NutreChile A.G., que reúne a 21 empresas proveedoras del programa, afirmó que "le estamos pidiendo al Estado que se incorporen productos regionales a los niños en las distintas zonas del país, para que el niño coma mejor con productos de su tierra. La idea es acostumbrar a los niños a comer sano y estamos dispuestos como empresas a colaborar en esto". Según Calderón, "creemos que es la mejor contribución que podemos hacer para combatir la epidemia de la obesidad. Tenemos la infraestructura y las manipuladoras de alimentos capacitadas para hacer esto, pero no sacamos nada si no tenemos la conciencia de los padres, para consensuar estas canastas regionales".

El directivo propuso al Gobierno, a través de Junaeb, realizar una campaña nacional educativa hacia los padres y los alumnos para concientizar sobre esta materia.

solución a disputa

En el protocolo firmado entre las representantes de las 35 mil manipuladoras de alimentos del país, NutreChile A.G., Dipralsa y JMC, las partes consensuaron la necesidad de establecer responsabilidades frente a una menor asistencia de los estudiantes a los recintos donde se expende alimentación en estos establecimientos, "para que las medidas adoptadas competan al establecimiento escolar y no al concesionario", dijo NutreChile. El gremio y las trabajadoras propusieron promover la incorporación de medios electrónicos para la verificación de asistencia.