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Puerto Montt y Ancud lideran sobrecarga laboral de fiscales

Región. En promedio cada fiscal está investigando 2.200 causas, lo que ha motivado la salida de varios abogados en los últimos años.
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"Podemos proyectar un ingreso este año de 58 mil causas aproximadamente que deberá investigar el Ministerio Público en la Región de Los Lagos. Si hacemos un cálculo matemático básico, esta cantidad de causas divididas en los 26 fiscales que hay en la Región nos arroja que cada uno tiene un promedio de 2.200 causas al año", es el panorama actual que preocupa al Ministerio Público en la zona según el fiscal Naín Lamas, presidente regional de la Asociación de Fiscales.

Cuando se implementó la Reforma Procesal Penal siempre se proyectó que un persecutor debía tener entre 1.000 y 1.200 causas; es decir, "los fiscales están investigando 1.000 causas más de las óptimas que debiera investigar, prácticamente el doble", dice Lamas.

PROYECTO ESTANCADO

"Hace siete u ocho años se ideó un Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, el que se basó en un estudio de la Universidad Católica, el que arrojaba la necesidad de fiscales que había. Se establecieron las necesidades, se plantearon en su oportunidad al Gobierno, el cual señaló que era necesario tener otro tipo de estudios para ratificar esta información", detalla el Lamas.

Fue así como se dispuso un estudio de carácter internacional -revela el abogado- que llegó a la conclusión que las cifras que señalaba el Ministerio Público de necesidades fiscales eran efectivas. Sin embargo, concluyó el primer Gobierno de la mandataria Michelle Bachelet y no se alcanzó a enviar un proyecto ley.

Tras el cambio de Gobierno, asumió el Presidente Sebastián Piñera y "partimos de cero con nuestras solicitudes. Ya al cuarto año del mandato se envió un proyecto de ley para reforzar el Ministerio Público, pero reforzaba sólo la planta de fiscales, no así de los demás funcionarios. Evidentemente, no sirve que hayan más fiscales, sino hay personal que nos pueda apoyar en las labores que debemos realizar", sostiene el profesional, quien recuerda que esta iniciativa legal se votó en el Congreso y fue rechazada. "Ahora, nuevamente estamos en una tercera etapa, donde el fiscal nacional en conjunto con los gremios que conforman el Ministerio Público presentaron un proyecto a este Gobierno, el cual está siendo estudiado", manifestó Lamas.

REPERCUSIONES

En lo que va del año del 2014, hasta el mes de agosto, han ingresado alrededor de 39 mil causas las que son investigadas por los 26 fiscales.

En la actualidad, dada la sobrecarga laboral, un fiscal debe asignarle como 40 minutos a cada causa. "Hay algunas causas que toman años de investigación, hay causas en que a uno lo pueden tener en un juicio oral semanas o meses. No tenemos un sistema de subrogancia o suplencia. Cuando un fiscal se enferma y sale de vacaciones esa carga de causas tienen que esperar a su regreso. Se cubre al fiscal en los casos más urgentes", aclara Lamas.

En ese sentido, fue consultado si se afecta la calidad de la investigación. "Absolutamente. Cuando uno trabaja al por mayor la calidad del servicio que se presta no es la misma cuando se trabaja con cargas óptimas".

El fiscal dijo que muchos abogados han emigrado del Ministerio Público en los últimos años. "Un 30% de la planta de fiscales ha renunciado en estos 10 años". Lo complejo -añade el abogado Lamas- es que se van fiscales con mucha experiencia en diversos delitos.

Rodrigo Tejos es uno de los abogados que renunció a la Fiscalía de Puerto Montt para irse a trabajar a la Intendencia Regional. Fue uno de los primeros fiscales con que se inició la reforma en la zona y tuvo casos emblemáticos a su cargo, como el homicidio de Gladys Cárdenas. "Es lamentable que durante tanto tiempo se mantenga la misma situación, incluso se haya hecho más crítica. Uno agradece poder reubicarse y tener otras oportunidades laborales. Los funcionarios y fiscales se mantienen en los trabajos, asumiendo el costo muchas veces personal y familiar, debido a la sobrecarga. No se trata aquí de un tema económico, porque los salarios en la Fiscalía con buenas remuneraciones, pero eso amarra a la decisión de optar a otras labores".

El ex presidente regional de la Asociación de Fiscales afirma que la petición como gremio siempre fue "que todos se pueden mantener en un trabajo que es bastante apasionante, pero que la sobrecarga de trabajo no contribuye a hacer bien la pega. Nos obliga a seleccionar o a optar por un caso en perjuicio de otro". Y aseguró que también falta una carrera funcionaria para incentivar a los fiscales a quedarse.

AUTORIDADES

La diputada UDI, Marisol Turres, contó que le preguntó al Ministro de Justicia por la tramitación del proyecto de ley para dotar de más fiscales y "me dijo que estaba en el Senado y que estaban evaluando. Hoy día para darle urgencia a esta iniciativa la tiene el Ministerio de Justicia. Este Gobierno no puede dejar el proyecto parado que ya tiene el informe del Ministerio de Hacienda para ser financiado".

El senador PS, Rabindranath Quinteros, también se pronunció sobre el tema. "Hace falta personal y hay que fortalecer las institucionalidades de este país. Ya lo hicimos -y a mí me tocó presidir esas comisiones- en la regulación de la dotación de Investigaciones y Carabineros, pasaron a planta más de 1.000 funcionarios. Es necesario adecuarla y no que cada año la Ley de Presupuesto asigne recursos para pagarle a estos funcionarios que están a contrata o a honorarios. Es lo mismo que debemos hacer con los fiscales", sentenció.

El intendente Nofal Abud sostuvo que "este domingo la Presidenta Bachelet ha firmado el proyecto de ley que crea la Fiscalía de Alta Complejidad. La idea es que esta fiscalía se dedique a la investigación de delitos complejos, y se pueda complementar con el proyecto de ley que el ejecutivo enviará al Congreso a fin de año. Es de suma importancia para la efectividad de la persecución penal, contar no solo con una Defensoría Penal Pública, que garantice el derecho a defensa, sino también con un Ministerio Público cuyos fiscales puedan contar con los recursos adecuados para llevar adelante un proceso penal ajustado a derecho".