El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, anunció ayer que el Gobierno invocará la Ley Antiterrorista en el caso de la detención de tres personas en Antofagasta que portaban bombas y explosivos de alto poder destructivo.

El secretario de Estado señaló que "esas personas que han sido ubicadas con material explosivo, tenían preparadas esquirlas para ser usadas contra personas, por lo que le vamos a aplicar la Ley Antiterrorista y vamos a presentar la acción legal en las próximas horas". Peñailillo se refirió al tema tras reunirse con el general director de Carabineros, Gustavo González Jure, para abordar materias sobre seguridad, tras la jornada del 11 de septiembre.

El vicepresidente indicó que "tenemos mucha confianza en el trabajo que está haciendo el fiscal (Christian) Toledo y el fiscal (Raúl) Guzmán, y mucha confianza en el equipo investigativo que está llevando adelante esta investigación, y por supuesto nosotros estamos trabajando como Ministerio del Interior y como Gobierno para que lo antes posible estas personas sean identificadas y estén en manos de la justicia, y para eso hemos estado trabajando desde el primer día".

Por otra parte, el intendente de Antofagasta, Valentín Volta, se dirigió al Tribunal de Garantía local a poner esa querella por "asociación ilícita terrorista", la cual quedó en curso.

Las tres personas detenidas por portar explosivos, de 21,22 y 33 años, fueron sorprendidos con catálogos, esquirlas, cordón detonante, cartuchos de dinamita, conos de ADP y una bomba hechiza. Durante un control policial además encontraron un maletín, un cuchillo y tres pasamontañas.

Según informó el jefe de la II Zona de Carabineros, general Hermes Soto, los explosivos que le encontraron a los sujetos son "de alto poder. Es un elemento mucho más potente que el que se utilizó en la explosión del subcentro de Escuela Militar", que el lunes recién pasado dejó 14 personas heridas en la capital.

Ayuda internacional

Con respecto a la solicitud de asistencia que hizo el Gobierno al FBI para la investigación de los atentados, el ministro Peñailillo afirmó que "son ayudas y colaboraciones que se hacen regularmente, en este caso este es un tema que ya venía desde hace algún tiempo, y para todo lo que es la formulación del sistema nacional de inteligencia nosotros como Ministerio del Interior también estamos pidiendo asesoría técnica y colaboración de otros países".

El general director de Carabineros, Gustavo González Jure, se refirió también a la colaboración del FBI, indicando que "nosotros hemos tenido siempre enlaces con organismos internacionales, no ha sido la excepción en este último tiempo, por lo tanto nos parece una buena decisión".

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) repudió ayer "con toda su fuerza" el acto vandálico cometido el 11 de septiembre contra el jardín infantil Estrellitas, perteneciente a la Corporación Municipal de La Reina, en donde fueron lanzadas dos bombas de ruido a uno de los patios exteriores del establecimiento, pero afortunadamente sin dejar lesionados. La vicepresidenta ejecutiva de la institución, Desirée López de Maturana, anunció que se adherirá a todas las acciones que el Ministerio Público emprenda para aclarar el caso y destacó la pronta reacción del equipo del jardín, que protegió física y sicológicamente a los niños.

Martín Larraín, el hijo del ex senador RN Carlos Larraín, tendrá que enfrentar un segundo juicio luego de que la Corte de Apelaciones de Talca decidiera acoger el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía del Maule con el fin de dejar sin efecto el fallo de julio recién pasado.

Tras el primer juicio el joven, que atropelló a Hernán Canales el 18 de septiembre de 2013 causándole la muerte, había sido acusado de cuasidelito de homicidio y el Tribunal Oral de Cauquenes había desestimado que el estudiante condujera bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Larraín fue declarado en esa instancia culpable por cuasi delito de homicidio y condenado a 540 días de presidio menor en su grado mínimo. Quedó en libertad debido a que se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena y se agregó a la pena la suspensión de la licencia de conducir por dos años y una firma mensual.

El Ministerio Público ahora tendrá una segunda oportunidad para probar la autoría de Larraín del delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Pero la decisión del tribunal de alzada no sólo afecta al hijo del ex presidente de RN. La Corte además anuló la absolución de los dos amigos de Larraín, Sofía Gaete y Sebastián Edwards, quienes habían sido acusados de obstruir la investigación por haber mentido para encubrir a su amigo. Ambos deberán enfrentar un nuevo juicio también.

Tras conocer la decisión de la Corte de Apelaciones, el abogado de la Fiscalía, Carlos Olivos, aseguró que el ente persecutor se encuentra satisfecho por la anulación del juicio. Durante los próximos días se informará la fecha en que comenzará el nuevo juicio.

En el primer proceso que enfrentó Martín Larraín, la fiscalía a cargo de la investigación del atropello que le causó la muerte a Canales hace ya casi un año exacto, pedía que el hijo del ex parlamentario cumpliera con una pena de cárcel de cuatro años por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. Sin embargo, el consumo de alcohol no pudo ser probado, pese a que sí se estableció el intento de huir del lugar tras el accidente.

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó ayer la libertad bajo fianza para el desaforado diputado de Renovación Nacional (RN), Rosauro Martínez, procesado por su presunta implicancia en los homicidios de tres miristas, ocurridos el 20 de septiembre de 1981 en el sector de Remeco Alto, comuna de Panguipulli.

El tribunal de alzada concedió el beneficio al parlamentario previo pago de $ 15 millones. Martínez es investigado por su implicancia directa en los hechos y su responsabilidad de mando en su calidad de comandante de la compañía del comando Nº8 del Batallón LLancahue, dependiente de la Cuarta División de Ejército, de la muerte de Carmen Guzmán Soto, Patricio Calfuquir Henríquez, José Monsalve Sandoval.

Martínez fue procesado y detenido el jueves por decisión de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Emma Díaz, y permaneció detenido en el Campo Militar Valdivia.

El jefe de la bancada de Renovación Nacional en la Cámara Baja, Nicolás Monckeberg, enfatizó ayer que "hoy día lo importante para el país es que este caso se aclare".

El partido de Martínez respaldó al parlamentario, quien ha insistido en su inocencia. "Nosotros, con la misma fuerza que hemos condenado todas las violaciones a los derechos humanos en Chile, también confiamos en la inocencia del diputado Rosauro Martínez, por todo lo que conocemos", acotó el diputado opositor.

En tanto, el jefe de bancada de los diputados UDI, Felipe Ward, aclaró que "el diputado sigue siendo diputado (…) sin fuero. Y desde ese punto de vista, hay funciones que se siguen realizando: el distrito sigue abierto, su oficina sigue atendiendo gente".

El abogado querellante del Ministerio del Interior, Alvaro Silva, señaló que esto no es un revés en la investigación.

El secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, cuestionó las palabras del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, al referirse al caso de Martínez. El dirigente opositor aseveró que "hay un intento del Gobierno de pautear a la jueza que lleva la causa, al valorar la resolución que ella toma, en el sentido de pretender que se establezca culpabilidad en el diputado".

"Yo espero que el tribunal no se deje presionar y espero que el ministro de Justicia actúe con prudencia en lo sucesivo", dijo Desbordes.

El titular de Justicia señaló el jueves que la detención del parlamentario demuestra la independencia de los tribunales de justicia y ratifica que finalmente "se va llegando a la verdad" en materia de DD.HH.

Tras ser procesado y detenido en Valdivia el jueves, el diputado desaforado Rosauro Martínez manifestó a través de una declaración: "Soy respetuoso de las instituciones y reitero mi inocencia". El parlamentario de RN agregó que está tranquilo porque "entiendo que es parte del proceso necesario para que se sepa la verdad y se haga justicia en este caso".