Actualmente se encuentra en su último trámite constitucional el proyecto de ley que busca reconocer como deporte nacional la actual práctica de la rayuela. La norma en la que se trabaja en el parlamento fusiona distintas iniciativas presentadas entre los años 2011 y 2012, que junto con darle un reconocimiento formal permitirá asimismo desarrollar y promover programas y acciones para el desarrollo y difusión a las nuevas generaciones, como asimismo integrarla a la imagen de Chile como un símbolo cultural y patrimonial de la nación. En Chile existen cerca de 55 asociaciones locales, unos 510 clubes federados y 40 mil jugadores federados a lo largo del país, más otros 40 mil jugadores no federados.

El diputado por el distrito Sergio Ojeda es uno de los autores del proyecto de ley, y explica que "es un reconocimiento y un gran apoyo a este deporte, tradicional, arraigado en las costumbres criollas de nuestro pueblo. Se desarrolla de manera muy precaria, con escasos recursos, pero el amor y pasión por este deporte, de quienes lo practican lo han mantenido y transmitido por generaciones".

La rayuela fue reconocida como "Deporte Nacional" por medio de un Decreto con Fuerza de Ley N° 761 del 28 de junio de 1948, el mismo que dio origen a la Federación de Rayuela de Chile en el año 1960. Sin embargo, por ser considerado sólo un deporte recreativo, las asociaciones y clubes se veían impedidos de acceder a financiamiento directo del Estado para sus actividades. Esto pretende cambiar al entregarle al Ministerio del Deporte la potestad de definir y proponer al Presidente de la República las políticas, programas y acciones destinados al desarrollo de la rayuela.

Este juego típico de las zonas campesinas de Chile, también conocido como tejo, es practicado desde la época de la Colonia, lo cual le da su carácter patrimonial. Sin embargo, historiadores le dan un origen prehispánico al asociarlo al juego del "tecum", que los mapuche practicaban desde antes de la llegada de los españoles al continente.

De esta manera, la rayuela se suma al rodeo en la categoría de deporte nacional y permitirá que jóvenes puedan ver con otros ojos esta práctica que rescata parte importante de la historia y sus tradiciones, traspasadas al presente por muchas generaciones.

Uno de los temas más comentados de la reforma educacional es la segregación social y como el Proyecto de Ley tendería a solucionarla con la gratuidad y fin al copago. Sin embargo, la realidad es distinta.

Según Arzola y Troncoso, 2013, "Los colegios particulares subvencionados presentan un alumnado más representativo de la diversidad socioeconómico de la población chilena". La evidencia: el índice de inclusividad de la OCDE (con quienes nos encanta compararnos) dice que en los colegios particulares subvencionados es de un 60%, mientras que en los Municipales es de un 40%. Si sólo consideramos a los con copago, de acuerdo a la misma OCDE, el índice llega al 65%. Lo anterior es consecuencia de la decisión libre de las familias de buscar la mejor educación para sus hijos.

El proyecto de Ley incorpora el concepto de territorialidad. Los niños para matricularse lo deberán hacer en territorio geográfico, definido por el Estado, cercano a su domicilio. Si hay colegios con exceso de postulaciones, el Ministerio a través de una tómbola les asignara uno, en ese territorio. Sólo se podrá establecer un nuevo colegio si la oferta es menor a la demanda, en la zona definida. Fuera de atentar contra la libertad de elección de los padres, consagrado desde los albores de la república y en todas las constituciones, este sistema hará más grave la segregación. De acuerdo a estudios Chile es uno de los países más segregados urbanística y geográficamente, de aplicarse el proyecto de ley, los alumnos sólo podrán ir a establecimientos cercanos a sus casas, limitando la posibilidad de moverse a colegios que sus familias estimen mejores, pero que estén alejados de sus casas, aunque cercanos a los lugares de trabajo. Un ejemplo ilustra lo anterior. Piense en una asesora del hogar que trabaja en Las Quemas y vive en un sector rural, podría llevar a su hijo a un establecimiento particular subvencionado y lograr una mayor inclusión y mejor movilidad social. Con el Proyecto de Ley no lo podrá hacer. Todos tendrán que estudiar en las comunidades donde viven, por lo que la segregación social se congela y la movilidad se hace difícil.

Una manera de solucionar la segregación es la libertad de elección y diferenciar la subvención por Quintil. Definiendo la subvención máxima en lo que hoy es el copago máximo e ir reduciéndolo a medida que se va subiendo en los quintiles de mayores ingresos. Así existirían todas las posibilidades e incentivos para reducir la segregación y con menor gasto para el Estado.

Víctor García Ossa