"Una vez que estén las indicaciones, el debate tributario debería cerrarse", dijo hace algunos días el presidente de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz ante la prensa.

El líder empresarial aludió también a los problemas que presenta la economía nacional, que durante los meses recientes muestra signos de desaceleración, manifestados en menor crecimiento, en mayor desempleo y caída de la inversión.

Las cifras dan ya algunos indicios. El último Índice de Medición de la Actividad Económica (Imacec) de junio creció un 0,8%, lejos de la expectativa de 2% que estaba cifrada. En contraposición, el desempleo nacional está en 6,3%, pero algunos economistas no descartan que como consecuencia de la menor actividad económica la cesantía pudiera llegar a cifras cercanas a 8% en los siguientes meses.

El economista Sebastián Edwards comentó recientemente que los factores que explican esta posible coyuntura se relacionan tanto con el fin del "súper ciclo" de los commodities -cobre incluido-, la lenta recuperación de los principales mercados mundiales y también las incertidumbres creadas por la reforma tributaria y su real impacto en las personas y empresas.

En cualquier economía, el cambio a las reglas del juego trae aparejado un momento de silencio o inmovilismo a la espera de lo que vendrá. Quien no sabe cuánto recibirá de remuneración el próximo mes, tomará decisiones para enfrentar un escenario que puede ser crítico. En tal sentido, era fundamental que el gobierno convenciera y explicara que las reformas son necesarias, para generar la menor fricción posible. El consenso es el bálsamo sobre el que se desenvuelven los elementos controvertidos, cuestión que ha fallado, y a ratos, de forma bastante evidente.

Chile enfrenta un escenario económico distinto, y conscientes de que hay procesos que cumplir, en particular con la educación, sigue al debe la consecución de un gran acuerdo que lleve a impulsar reformas de gran calado. El tema es que eso primero exige de mucho diálogo y no meras declaraciones y eslóganes.

Según la pirámide de necesidades de Maslow la alimentación, indispensable para nuestro derecho a la vida está en la base; en cambio la educación en la cúspide, después de satisfacer otras necesidades. Los invito a hacer un ejercicio que considere la alimentación un derecho social y no un bien de consumo.

Habría una canasta alimenticia única, proveída por municipalidades o instituciones sin lucro, gratuitas y el Estado aumentaría los subsidios a medida que los administradores vayan bajando el copago por calidad y cantidad de los productos. Sin embargo, como el subsidio es fijo, si hay inflación, la canasta irá empeorando.

El acceso a la canasta será en entidades designados por el Estado, dentro del territorio que el Gobierno decida. Si hay exceso de demanda en un establecimiento, por un proyecto alimenticio especial (buena gestión del administrador), el Ministerio sorteará donde debe ir a buscar la canasta, dentro del territorio geográfico definido por la autoridad cerca de su domicilio. Por lo tanto, si un municipio o administrador de una zona alejada de su domicilio (aunque esté al lado de su oficina) ofrece mejores canastas, usted sólo podrá ver cómo sus vecinos comen mejor.

Si usted puede optar a un proveedor de privilegio, no accede a la canasta municipal. La cantidad de gente que podrá hacer eso es poca, la diferenciación máxima. Un 93% con la misma canasta alimenticia y un 7% que se darán buenos banquetes.

Los que están en los dos quintiles más ricos no deben preocuparse, los primeros seguirán comprando en establecimientos exclusivos, con costo de entrada sólo accesible al quinto quintil y el segundo quintil lo hará en establecimientos suplementarios, con costo menor a los anteriores, pero donde los tres quintiles más pobres no tendrán acceso.

Para otra opción alimentaria, no hay posibilidad de elegir una canasta adecuada a su condición, porque todas son iguales. Peor aún si en la definición estatal de territorialidad existe exceso de oferta, de acuerdo al ministerio no podrá ponerse otro administrador con canastas especiales.

Si la educación es un derecho social, ¿no debería ser la alimentación antes que ella? Es imposible educarse sin alimentarse. Entonces pasémosle las reformas al Ministerio de Economía, con su caótico "Plato único". Para que decir las "JAP y la ENU", que es revivir lo que sucedió 40 años atrás. Después pensemos en la educación, salud y previsión. Parece que las personas se están dando cuenta de este retroceso, según la última encuesta CEP.

Economista, Rector Santo Tomás Osorno