Tras eliminar en abril pasado la propuesta de reglamento de etiquetado de alimentos realizado en el Gobierno de Sebastián Piñera, el Ministerio de Salud presentó ayer la nueva norma, la que obliga a informar la cantidad de calorías, grasas, azúcares y sal que contiene cada alimento por cada 100 gramos o cada 100 centímetros cúbicos en caso de líquidos.

Además, la exigencia también se hace extensiva a las grandes cadenas que ofrecen comida rápida elaborada industrialmente: los clientes deberán saber la composición de los productos que consuman.

El ministro de Salud (S), Jaime Burrows, explicó que un producto que sobrepase el límite establecido deberá indicarlo con un octágono negro con el concepto 'exceso de'. Y por cada ingrediente que presente concentraciones mayores a lo recomendado habrá una advertencia y no se podrán vender en los colegios.

La propuesta de reglamento ahora será objeto de una consulta pública mediante diálogos ciudadanos organizados por el Gobierno, proceso que se extenderá hasta el 19 de octubre próximo.

Todo este material será considerado antes de presentar las normas a la Contraloría para sus observaciones.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, valoró la propuesta. 'Ahora las madres, cuando vayan al supermercado, gracias a las etiquetas de advertencia de exceso de sal, azúcar o grasa, podrán saber lo que compran para sus hijos', afirmó el parlamentario.

Se espera que la normativa pueda entrar en funcionamiento en junio de 2015.

Un grupo de diputados formalizó ayer la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño por ocultar un informe que detectó irregularidades en el Servicio Nacional de Menores (Sename).

La acusación surge a partir de las conclusiones del informe de la comisión que investigó los casos de vulneración de derechos de menores en hogares del Sename, que fue aprobado por la Cámara.

Dicho documento habría apuntado a la responsabilidad del ministro Carreño en el ocultamiento de un informe -elaborado por el Poder Judicial y la Unicef-, donde se detectaron casos de vulneración de derechos esenciales de niños, niñas y adolescentes en reguardo de los hogares del Sename.

La acusación fue suscrita por los diputados DC René Saffirio, Ricardo Rincón, Iván Flores y Yasna Provoste, Andrea Molina (UDI), Cristina Girardi y Tucapel Jiménez, ambos del PPD, Alejandra Sepúlveda (Ind.), y los socialistas Maya Fernández, Fidel Espinoza y Luis Rocafull. Estos buscan la destitución del magistrado a quien acusan de 'notable abandono de deberes'.

Tras la diligencia, Carreño reaccionó manifestando su 'tranquilidad' y asegurando haber actuado 'dentro de la legalidad'. 'Estoy tranquilo, pienso haber hecho las cosas bien y he actuado dentro de la legalidad', dijo el ministro.

'No hay ocultamiento, yo he hecho todo conforme a la ley, he procurado poner de mí lo más posible en beneficio de la infancia, de los niños, niñas y adolescentes', agregó.

Negó, además, conocer si la acción presentada responde a acciones políticas, enfatizando que está 'sumamente tranquilo, duermo tranquilo y mi conciencia está tranquila'.