Un reciente estudio dado a conocer por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Chile Libre de Tabaco y el Frente por una Reforma Tributaria Saludable ha revelado que el 88% de los encuestados apoya un aumento de los impuestos al tabaco, como una medida efectiva para disminuir el consumo, especialmente entre los jóvenes. Al mismo tiempo, el 82% respalda la iniciativa para recaudar fondos que se destinarán a financiar parte de la Reforma Educacional.

El mismo estudio ha indicado que más de un tercio de los fumadores admite que consumiría menos si hay un incremento significativo en el precio.

Es preocupante para las autoridades y organismos de salud el alto consumo de tabaco entre los jóvenes, a la vez que éstos inician su adicción cada vez a más temprana edad. Los estudios muestran que la ciudadanía está consciente de que el tabaco es un problema, si se considera la incidencia en enfermedades como el cáncer pulmonar, lo que a la vez representa una alta carga para sistema de salud pública, pero también es claro que las familias en general no se involucran para desincentivar en consumo, por lo cual hay que buscar la solución por otras vías, como es elevar la ya alta carga impositiva que tiene el cigarrillo.

Los legisladores han demostrado más voluntad política para considerar un aumento de impuestos al tabaco, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, ya que se considera que cuanto más se aumente el precio, habrá menos fumadores y, como consecuencia, menos enfermos.

Chile tiene la tasa de jóvenes fumadores más alta en el mundo, con una prevalencia de 39,9% en el segmento 13 a 15 años. Hay que considerar que el Estado debe destinar al año un billón de pesos en gastos en salud relacionados al consumo de tabaco, mientras la recaudación fiscal de impuestos al tabaco solo cubre el 75% de éstos, por lo que se hace urgente aumentar los tributos a este producto.

El tabaco mata 6 millones de personas anualmente en el mundo y se estima que alcanzará a las 8 millones para 2030 si las tendencias actuales continúan.

Se ha dicho que resultan más caros y tardan más en ser construidos, que los médicos dejan de estar a cargo de las atenciones y que son una forma de privatizar la salud. Declaraciones como éstas son parte del repertorio de inexactitudes que se ha querido instalar ante la alternativa de construir nuevos hospitales concesionados.

Planteamientos que se esgrimen en un país que cuenta con menos de la mitad de las camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes que el promedio de los países OCDE, donde gran parte de los recintos tiene más de 30 años de antigüedad -y mucho equipamiento obsoleto- y donde hay un déficit cercano a los US$ 5.500 millones en infraestructura hospitalaria para los próximos 10 años.

Sin embargo, el plan de infraestructura pública dado a conocer hace poco tiempo por el Gobierno, no incluye ninguna concesión en salud y por tanto, no tendría cabida el desarrollo de los 60 hospitales que debieran quedar construidos o en vías de construcción, en los próximos cuatro años.

Por desgracia -para el país y los usuarios de la salud pública- esta decisión parece mucho más fundada en mitos que en la realidad.

En materia de costos y plazos, se han escuchado diversas opiniones. Por nuestra parte, hemos presentado un estudio que muestra que el costo promedio de un hospital concesionado es 13% inferior al de un recinto construido con fondos sectoriales y demora 12% menos en su construcción.

Sobre la eventual privatización de la salud, esta expresión no pasa de ser un eslogan. De hecho, el concesionario no recibe ningún ingreso relacionado con la atención a los pacientes. Sí entrega servicios de apoyo -como alimentación, aseo, estacionamiento, seguridad y administración financiera-, muchos de los cuales ya han sido externalizados en los hospitales públicos y son provistos por privados. En la práctica, existe y ha sido positiva la convivencia entre el proveedor privado y los profesionales y técnicos de la salud.

Creemos que el trabajo conjunto entre el sector público y el privado debe seguir siendo una alternativa eficiente para que el país enfrente sus déficits en infraestructura, donde la salud es y será una prioridad acuciante. Por ello, sería esperable que se genere un diálogo amplio y constructivo en torno a este tema.

Mientras mayor sea la información disponible, mejores serán las decisiones que se tomen.