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Juez de la Corte Suprema argentina sugiere demandar a los 'fondos buitre'

Deuda. 'Parece claro y hay pruebas de que no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo', afirmó el magistrado Raúl Zaffaroni.

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Un juez de la Corte Suprema de Argentina sugirió llevar a juicio a los fondos buitre que litigaron contra el Gobierno de Cristina Fernández y pidió una reforma legal para enjuiciar a funcionarios que comprometan la economía nacional.

'Habría que explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre. En principio, parece claro y hay pruebas de que no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo', dijo el juez Raúl Zaffaroni en una entrevista publicada ayer, aunque admitió no ser experto en la materia.

'Esto no será delito, pero en sede civil es una conducta dolosa. El daño de esta conducta inmoral se produce en el país. No sé si se podría demandar aquí, en Estados Unidos o en algún otro lado', agregó, durante su conversación con el diario Página 12.

Zaffaroni criticó con dureza la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa y también la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de rechazar tratar una cuestión que, a su juicio, 'pone en jaque a un país entero'.

'¿Cómo me explica alguien que la famosísima Corte, tan respetuosamente citada porque siempre 'queda bien', haya dicho que no le interesa el destino de una negociación de muchos miles de millones de dólares que compromete a un país y quizá el destino de unos cuantos más? Esto es un escándalo jurídico', afirmó.

En su opinión, es 'urgente' reformar la ley para 'declarar imprescriptible la administración fraudulenta en perjuicio de los intereses nacionales en toda negociación internacional que comprometa sustancialmente la economía nacional', tal y como ocurre ahora con los delitos de lesa humanidad.

Zaffaroni citó al catedrático emérito alemán Wolfgang Naucke para señalar que 'hoy el poder arbitrario es económico, y no hay instrumentos penales para contenerlo'.

'Si alguien administra las propiedades de una viuda o de un huérfano y lo hace en su perjuicio, va preso, conforme a nuestro Código Penal, por el delito de administración fraudulenta, que introdujimos en nuestra ley hace unos cincuenta años. Pero si administra toda la economía de la nación y entrega la jurisdicción, que es expresión consustancial de la soberanía. ¡Ah! Entonces da cátedra y consejos', comparó.

Tras el fallo firme en la justicia estadounidense a favor de los fondos de inversión que exigen al Gobierno argentino el pago de US$ 1.500 millones por títulos de deuda en mora desde 2001, el juez Thomas Griesa bloqueó a finales de junio pasado fondos depositados por el Ejecutivo de Cristina Fernández para los acreedores que aceptaron reestructurar su deuda (92,4%).

El fracaso de las negociaciones que mantienen desde entonces el Gobierno argentino y los denominados fondos buitre bajo la mediación del abogado Daniell Pollack ha dejado al país a la sombra de la suspensión de pagos.

División de opiniones

Economistas argentinos han mostrado diferentes opiniones a la hora de afirmar si el país ha entrado en situación de impago o no. 'Estamos en situación de 'default'. Lo dijeron casi todas las agencias de crédito del mundo, incluso la de China', afirmó a EFE Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando J. Ferreres.

Según Spotorno, el cese de pagos afectará negativamente la economía argentina, en especial al sector privado, y sus consecuencias serán peores si la falta de acuerdo entre las partes se extiende en el tiempo. 'Habrá una menor creación de empleo, más recesión y adicionalmente aumentará la emisión monetaria, con la que se acelera la inflación y la presión sobre el tipo de cambio', auguró el economista.

El diagnóstico del director de la consultora Hacer, Pablo Tigani, es radicalmente opuesto: 'De ningún modo estamos en cesación de pagos. Argentina efectuó el depósito del dinero en tiempo y forma', dijo. 'Argentina hizo el pago, lo que no puede hacer es llevar con una valija el dinero', agregó.

2001

2012

SNA y exclusión de puertos del grupo de empresas estratégicas: 'Es una señal grave'

Rechazo. La entidad gremial afirmó que la medida 'subvalora el rol' del sector portuario.

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Como 'grave' calificó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, la decisión del Gobierno de excluir a los puertos del centro y sur del país del grupo de empresas consideradas estratégicas en su funcionamiento, permitiendo de este modo que sus trabajadores puedan ir a huelga.

'Esto constituye una señal política gravísima en la medida en que se subvalora el rol que los puertos tienen para el desarrollo de la economía del país y de la agricultura de exportación en particular', señaló el presidente de la entidad gremial.

El timonel del agro detalló en un comunicado que el país mueve un volumen de comercio exterior cercano a los US$ 150 mil millones a través de sus puertos.

El dirigente afirmó que sólo en exportaciones la cifra supera los US$ 76 mil millones. De éstos, más de US$ 20 mil millones corresponden a productos agroindustriales y unos US$ 5.000 millones corresponden a alimentos perecibles.

En abril pasado, en tanto, el rubro frutícola tuvo pérdidas estimadas en más de US$ 200 millones a causa de las paralizaciones que afectaron a los puertos.

'Chile ha construido por más de cuarenta años una sólida reputación como nación exportadora y hoy estamos integrados globalmente, ofertando alimentos de alta calidad a los más importantes mercados del mundo', sostuvo Crespo.

'Las paralizaciones del año pasado ya pusieron en tela de juicio nuestra seriedad como proveedores y ahora, este tipo de anuncios no hacen más que aumentar la incertidumbre, minar nuestra imagen país y poner un grave signo de interrogación frente a la aspiración de hacer de Chile una potencia agroalimentaria', enfatizó el dirigente.

mejoras laborales

El presidente de la SNA aclaró que mantener a los puertos en condición de empresas estratégicas no significa cerrar la puerta a incorporar las mejoras laborales que el sector requiere.

'Entendemos que la ley laboral que rige a los trabajadores portuarios puede ser perfeccionada, pero no podemos permitir que estas mejoras se logren mediante la interrupción del servicio portuario y la puesta en jaque de otros sectores claves para la economía del país', señaló.

La decisión del Gobierno también fue rechazada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC). El presidente de esa entidad, Ricardo Mewes, alertó que no se está garantizando la estabilidad del sistema portuario.