Si se reconoce como axioma que todo sistema penal es inevitablemente selectivo, esto es, que no es capaz de reprimir todas las conductas constitutivas de delito con los recursos disponibles, habrá que resolver acto seguido, entonces, conforme a qué criterios se hace esa selectividad.
El diagnóstico antes de la creación del Ministerio Público daba cuenta de un escenario en el que la represión penal sólo afectaba a los sectores sociales más vulnerables, generalmente por delitos menores, siendo ineficiente en la persecución de la criminalidad más compleja y de más alta lesividad, asociada al poder económico y social, como sucede por ejemplo en los delitos económicos y de corrupción, también conocidos como delitos de cuello y corbata.
Es por ello que la fiscalía está llamada desde su génesis, en cuanto organismo público independiente y especializado en materia de persecución penal, a avanzar desde el delito flagrante hacia la investigación de aquellos ilícitos que, por su naturaleza, no son descubiertos por un policía en una esquina. En otras palabras, hacia una persecución penal no discriminatoria que, junto con hacerse cargo de los delitos comunes cometidos por personas de escasos recursos, también es capaz de enfrentar las graves desviaciones que, desde una perspectiva penal, pudiere generar una persona que detenta algún grado de poder económico o social. Por ello resulta indispensable mantener una política de persecución que, por una parte, establezca criterios de actuación definidos en estas áreas, como asimismo, que se abandone progresivamente la flagrancia como única forma de insumo del sistema penal.
En cuanto a lo primero, el fiscal nacional ha sido claro en orden a incorporar los delitos de corrupción como una de las prioridades de persecución criminal, debido a que este fenómeno trae aparejado graves consecuencias para la sociedad.
Sobre lo segundo, creo firmemente que un sistema procesal penal que gira en torno a la flagrancia y que sólo se preocupa de perseguir criminalmente a los detenidos que aporta la policía es un sistema que perpetúa la idea de justicia penal discriminatoria.
Sin desconocer la importancia que esta fuente tiene para el sistema, debe avanzarse progresivamente desde la flagrancia hacia investigaciones desformalizadas, inteligentes, profundas y de la más alta calidad técnica que, en base a prueba científica y métodos tecnológicos de investigación, permitan sancionar penalmente la criminalidad más oculta, más impune, más difícil de develar y comprobar.