En una vivienda de un ambiente que es utilizada como dormitorio, cocina y lugar de estudio, vive Marina Gálvez junto a sus hijos de cuatro y siete años. Ella es madre soltera y trabaja de forma esporádica vendiendo productos en las ferias libres de la ciudad. Para obtener ayuda social, hace dos años solicitó que le aplicaran la ficha de protección social, pero obtuvo un puntaje demasiado alto que la marginó de todo los beneficios disponibles.
Así como ella, son 21.736 personas las que están en proceso de actualización de sus fichas para así conseguir un puntaje adecuado a su realidad social, con tal de obtener o regularizar los aportes que ofrece el Estado.
La Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) está trabajando desde fines de marzo en un operativo que ejecuta un grupo de 12 encuestadores, los cuales recorren diferentes sectores de la ciudad para validar sus antecedentes. Además, los sábados se realizan operativos en las juntas de vecinos para facilitar el acceso a las personas y trabajar en conjunto con los dirigentes sociales.
Durante dos años Marina Gálvez no pudo tener acceso a bonos de invierno, quedó fuera de los programas sociales enfocados a las mujeres jefas de hogar y no pudo postular al subsidio de la vivienda para la clase vulnerable.
'Siempre he querido postular a la casa propia, pero tenía un puntaje que no reflejaba mi realidad. Estuve dos años tratando de arreglar el tema, pero estaban congelados los puntajes y yo seguía tanto o más pobre que antes', dijo Gálvez.
Caso similar es el de Betzabeth Pozas, quien hasta hace dos años vivía con su suegra y por lo mismo obtuvo un puntaje que la marginó de su sueño de la casa propia.
'Apenas supe que estaban actualizando los datos y podíamos optar a beneficios nuevamente, vine a pedir que visitaran mi hogar. Es como volver a soñar con mi casa propia', señaló la mujer.
La problemática se generó porque en el año 2010 el gobierno de Sebastián Piñera trabajó en formular un nuevo instrumento para medir la vulnerabilidad social de las familias, con lo que se llamaría la ficha social. Se aplicaron alrededor de 10 mil encuestas en la ciudad y se congelaron los puntajes de las que tenían datas anteriores.
Con esto se generó un grave problema que se comenzó a solucionar con el anuncio del gobierno que validaba nuevamente la ficha de protección social que existía entre el año 2007 y el 2010.
La comuna de Osorno mantiene 32.721 personas con fichas aplicadas y de esas son 21.736 las que han están siendo actualizadas para regularizar sus beneficios y postulaciones.
Juan Luis Añazco, jefe de la Dideco, explicó que esperan que el proceso culmine en un plazo máximo de ocho meses (diciembre de 2014).
Agregó que los efectos han sido evidentes: 'Las personas han podido recuperar beneficios. Los afectados fueron adultos mayores y mujeres jefas de hogar a quienes el instrumento usado por cuatro años las dejó en desventaja', explicó Añazco.
Agregó que los principales beneficios apuntan a becas, bonos y subsidios.
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