Un duro cuestionamiento por el rol pasivo que habrían tenido la Escuela Rural de Rilán y el Centro de Salud Comunitario del mismo sector castreño, realizaron familiares de la víctima respecto a la atención que tuvo que recibir en su momento un menor de 6 años que fue brutalmente golpeado por sus padres.

El hecho que tiene revuelo nacional terminó en una de sus fases esta semana cuando el Tribunal de Familia les quitó la tuición a los progenitores para destinar al pequeño a un Programa de Residencia Especializado.

La derivación se produjo una vez que el menor fue dado de alta el viernes desde el Hospital Augusto Riffart. Un procedimiento que su tía, Elena Gueico, calificó positivamente, añadiendo que 'está mejor, ya camina y juega, ya está harto recuperado por lo que tuvo, se ve un niño con energía'.

Respecto a la cadena de hechos ocurridos durante los últimos meses la familiar no tuvo reparos en referirse al papel que habrían jugado tanto la escuela como el recinto de salud en este caso.

Dijo que 'el colegio es parte responsable, cómo no iban a ver a un niño decaído, un niño maltratado se nota', sumando que en el Centro de Salud Comunitario tampoco habría cumplido con entregarle la atención necesaria que requería el pequeño.

'Nunca lo visitaron como corresponde, porque si el niño no habría estado en estas condiciones no habrían hecho nada, y cuando estuvo hospitalizado en Castro tampoco informaron, entonces todos son responsables', aclaró la vecina.

En la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor, se argumentó que tanto el colegio como el establecimiento de salud primaria actuaron de acuerdo a los protocolos, precisando que la información fue recepcionada por la Oficina de Protección de los Derechos del Niño y la Adolescencia, OPD.

Carlos Delgado, secretario general de la entidad, señaló que 'la escuela informó a la OPD que es la oficina que ve estos temas en la Corporación y, por lo tanto, informó al Tribunal de Familia a lo menos, me dijeron, en tres oportunidades'.

Sumó que el 'Cescof de Rilán también me dice que informaron a la OPD porque era por todos conocido que este era un caso que estaba en el Tribunal de Familia'. Delgado enfatizó que por protocolos que se relacionan con hechos de esta naturaleza, 'lo que nos corresponde a nosotros es informar a la justicia, si tenemos algún dato adicional o novedad respecto al tema'.

En plena fase indagatoria se encuentra el caso de maltrato infantil del que fue víctima el menor, por parte del Ministerio Público y que asumió la abogada, Karen Rosas.

La profesional indicó que los primeros antecedentes que se han reunido por parte de la Policía de Investigaciones se vinculan con el estado de salud del niño. La abogada dijo que en estos momentos resta conocer la situación proteccional del menor 'para poder abordarlo y tomarle una declaración en dependencias de la fiscalía', admitiendo que por su corta edad existe un grado de complejidad al momento de obtener su testimonio.

La representante de la fiscalía castreña citó que en los últimos días personal de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público visitó al niño mientras permaneció hospitalizado para conocer su condición de salud.

Con relación a los cuestionamientos vertidos hacia la escuela y el consultorio, la fiscal Rosas explicó 'que si un profesional de la salud o un director de un colegio toma conocimiento de un hecho que constituya delito y que afecte a un menor es su obligación hacer la denuncia', añadiendo que 'la omisión de hacer denuncia está sancionado, es un delito'.

Sostuvo que el persecutor al no tener constancia frente a la existencia de denuncia u omisión será 'materia de la investigación lo que aduce la familia, pero la verdad es que a nosotros no nos consta ni lo uno ni lo otro'.

En relación al período de investigación la funcionaria explicó que por ley no existe un plazo definido, sentenciando que debido a la naturaleza de los hechos se velará por contar a la mayor brevedad con todos los antecedentes para adoptar decisiones.

La jurista fue clara en señalar que si los antecedentes que reúna la policía civil tienen la consistencia o mérito, el Ministerio Público de Castro podría optar por el camino de formalización de cargos.

Karen Rosas enfatizó que 'si se llegan a reunir los antecedentes que ameriten considerar que aquí existió un delito y podemos determinar quiénes son los responsables, desde luego que la fiscalía va a pedir su formalización'.

Manifestó la abogada que la apertura de una posible investigación podría recaer entre los potenciales responsables o autores de las agresiones físicas que sufrió el menor de edad.